Es autocensura periodística derechos de audiencias.- Article 19; preocupa quién decidirá la verdad
EL UNIVERSAL entrevistó a especialistas para conocer las posibilidades de censura con los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre derechos de las audiencias
Censura a medios de comunicación (28/07/2026). Foto: Pixabay.
Ciudad de México.- Tras el anunció de los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre derechos de las audiencias y códigos de ética para radio y televisión, el director regional para México y Centroamérica de Article 19, Leopoldo Maldonado, aseguró que estos, representan riesgos para la libertad de expresión si se mantienen disposiciones “vagas” para que el gobierno imponga sanciones a contenidos periodísticos. El riesgo de caer en la autocensura es latente.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Maldonado explicó que la legislación vigente únicamente contempla sanciones para los concesionarios que incumplan obligaciones administrativas, sin embargo, señaló que el proyecto de lineamientos incorpora criterios que calificó como ambiguos.
“El el tema es que estos lineamientos van más allá y establecen la posibilidad de que se sancione por falta de información objetiva, por falta de información veraz, por mezclar opiniones con información y no señalar que cuál es la opinión y cuál es la información, y una serie de cuestiones muy vagas, muy ambiguas que dan pie para que el gobierno imponga nueva sanción, o sea, imponga sanciones adicionales a las que establece la ley, pero además quien las va a aplicar es el propio gobierno”, dijo.
Maldonado sostuvo que esas disposiciones podrían generar un efecto inhibitorio en los medios de comunicación, ya que la CRT tendría la posibilidad de imponer multas de hasta el 1% de los ingresos anuales acumulables de una empresa concesionaria.
No hace falta que sancionen a alguien. Ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura”, advirtió.
El especialista consideró especialmente preocupante que sea una autoridad federal la encargada de determinar qué información es verdadera o falsa. Asimismo, advirtió que estos criterios podrían afectar la labor periodística y las investigaciones sobre asuntos de interés público.
“La crítica pública, la opinión que viene mezclada con hechos, es algo muy normal en el ecosistema informativo. Todo eso se va a sujetar a revisión por parte del gobierno y el gobierno va a decir así de fácil si tu opinión es fundada o no fundada”, sostuvo.
Pese a lo que podría significar una limitación a la libertad de expresión, Maldonado reconoció que los lineamientos incluyen aspectos positivos, como fortalecer la accesibilidad, el lenguaje de señas y la inclusión en los medios de comunicación, pero consideró que esos beneficios quedan opacados por las disposiciones relacionadas con las posibles sanciones.
El director de Article 19 planteó que la mejor vía para equilibrar los derechos de las audiencias con la libertad de expresión es la autorregulación de los medios mediante códigos de ética y defensorías de las audiencias, sin que autoridades federales asuman funciones para calificar la veracidad de los contenidos periodísticos.
Derechos de audiencias no son nuevos: Raúl Trejo Delarbre
Por otro lado, Raúl Trejo Delarbre, investigador, periodista y elemento de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, expresó ante este medio su desacuerdo en que los lineamientos representen actos de censura.
Trejo negó que el proyecto, en su redacción actual, facultara a las autoridades para sancionar contenidos periodísticos o censurar opiniones, hecho que se ha puesto en discusión por grupos políticos y usuarios en redes sociales.
“Sí la actuación de la autoridad se apega a lo que ya dice la ley, y si los lineamientos como está en ese proyecto reproducen lo que ya dice la ley, no hay posibilidad de que haya censura”, expresó.
Reconoció que existe preocupación entre diversos sectores debido al contexto político y a la confrontación que el gobierno ha mantenido con medios de comunicación y periodistas, sin embargo, insistió en que el documento sometido a consulta no contiene disposiciones que permitan restringir la libertad de prensa.
Trejo hizo hincapié en mencionar que los lineamientos puestos a consulta no crean nuevas obligaciones, sino que reglamentan disposiciones que existen desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, por lo que consideró incorrecto presentar el tema como una regulación nueva.
También, afirmó que las sanciones o multas que se plantean en caso de un incumplimiento a los derechos de los usuarios, solo pueden aplicarse en dos casos de acuerdo con la legislación actual: cuando un medio incumple obligaciones administrativas, como no contar con un defensor de las audiencias o no emitir un código de ética.
Mientras que las sanciones, según él, podrían ser elevadas para los medios que no cumplan con las especificaciones.
“Lo que dicen los lineamientos es que las multas pueden ser por infracciones a las disposiciones previstas en términos del artículo 282, son multas altísimas, pueden ser del 0.01% hasta el 1% de los ingresos de una estación de radio”, explicó.
Prevén castigar a medios para proteger derechos de audiencias
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias prevén multas contra concesionarios de radio y televisión. Foto: Captura de video.
Ciudad de México.- El martes 28 de julio, AM informó vía Agencia Reforma, que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, adelantó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias prevén multas contra concesionarios de radio y televisión, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar si la regulación debe extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales.
La funcionaria explicó que las sanciones serían aplicadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como última instancia, cuando un medio desatienda las recomendaciones de su defensoría y persista la vulneración de derechos.
Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, donde no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia”, afirmó durante la mañanera.
#Mañanera Alcalde explicó que, ante una queja por vulnerar derechos de las audiencias, la Defensoría pide un informe al medio y emite una recomendación. Si no se atiende, puede haber multas y sanciones.
La funcionaria presentó en Palacio Nacional el anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que permanecerá en consulta pública durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto.
Las disposiciones serían obligatorias para concesionarios comerciales, públicos y sociales de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para empresas programadoras.
Sheinbaum informó que la prensa escrita y las plataformas digitales no están incluidas en el proyecto, debido a que las facultades de la Comisión se limitan a la radio y la televisión.
La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, o las plataformas también no están en esta regulación, que son temas que están también a discusión de la sociedad”, expresó.
#Mañanera@Claudiashein dijo que tendrá que revisarse si la prensa escrita y las plataformas digitales deben incorporarse a la regulación del derecho a las audiencias, pues actualmente la Comisión sólo regula radio y televisión.
La Presidenta sostuvo que los lineamientos buscan hacer efectivo el derecho constitucional a recibir información veraz y llamó a concesionarios, organizaciones, académicos y ciudadanos a participar en la consulta.
“Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”, señaló.
Así funcionaría el castigo a los medios
Alcalde explicó que el procedimiento comenzará cuando una persona presente una queja ante la defensoría de audiencias del medio.
La defensoría deberá solicitar un informe al concesionario, determinar si existió una vulneración y, en su caso, emitir una recomendación en un plazo máximo de 20 días.
Si el medio no atiende la recomendación, la persona podrá recurrir ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que intervendrá antes de considerar una multa o sanción.
Los lineamientos obligarán a las estaciones de radio y televisión a contar con un Código de Ética y designar al menos a una persona defensora de las audiencias.
“Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés”, explicó Alcalde.
En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la misma comunidad.
El anteproyecto reconoce el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, distinguir las noticias de las opiniones y diferenciar la publicidad de los contenidos editoriales.
Los medios deberán identificar opiniones y publicidad mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, además de permitir el ejercicio del derecho de réplica frente a información falsa o inexacta.
“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, afirmó la Consejera Jurídica.
El proyecto también contempla servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y representaciones visuales respetuosas e inclusivas.
Alcalde recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, desarrollados en la legislación de 2014 y eliminados mediante una reforma de 2017, posteriormente invalidada por la Suprema Corte en 2022.
La funcionaria aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión recuperó y fortaleció esos derechos, cuya aplicación busca reglamentar ahora la Comisión.
Advierten acoso legal contra periodistas; Guanajuato entre estados con más abusos
Article 19 alerta abuso de poder contra prensa; ven amedrentamiento en León. Foto: Cortesía Artículo 19.
Guanajuato.-AM publicó el martes 28 de julio, que el abuso del poder se consolidó como el segundo mecanismo de hostigamiento contra la prensa en todo el País y el de mayor porcentaje de crecimiento entre los cinco indicadores de censura que evaluó la organización Article 19 durante 2025.
De acuerdo con el informe titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” que publicó en mayo de 2026, estos casos rompieron récords en cuanto al acoso judicial. En promedio, cada seis días se inició un nuevo proceso legal contra periodistas y medios de comunicación en México.
“En estos casos el objetivo no es necesariamente obtener una sentencia condenatoria, sino castigar el ejercicio periodístico mediante el proceso mismo, por el cual se genera desgaste económico, desgaste emocional, estigmatización pública y efectos negativos directos a las dinámicas editoriales”, indica el informe.
En el caso de Guanajuato fueron al menos cinco casos los que documentó la organización, lo que lo ubicó entre las 10 entidades con más abusos del poder. La Ciudad de México encabezó esta lista con 27; le siguieron Veracruz y Puebla con 12 respectivamente.
Guanajuato registró 15 agresiones de cuatro indicadores de censura a la libertad de prensa: entre ellas ambiente hostil, graves violaciones a derechos humanos y ataques y violencia física.
Con un total de 15 agresiones, el estado se colocó al final del Top-10 de entidades federativas en México con dicha problemática, según este recuento de la organización.
Article 19
“Cuando preguntar es peligroso, cuando buscar es peligroso, cuando informar es peligroso, estamos ante el mismo fenómeno de silenciamiento desde los poderes formales y fácticos”, expresó Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 Oficina para México y Centroamérica, durante la presentación del informe hace dos meses.
Suben los casos de abusos
Los casos de abuso del poder público pasaron de 114 en 2024 hasta los 153 casos en 2025, lo que representa un incremento del 7.30%.
Article 19 documentó que el pasado año al menos 69 periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de acoso judicial, distribuidos en 29 procesos electorales, 17 penales, 15 por la vía civil y ocho hostigamientos administrativos.
“El análisis de los actores que promueven este tipo de agresión evidencia un desequilibrio estructural de poder”, alertó la organización.
Señaló que en 51 de estos casos (73.91%), quienes iniciaron los procesos fueron personas funcionarias públicas o candidatos de partidos políticos.
“Es decir, actores con acceso privilegiado a recursos institucionales y con capacidad para instrumentalizar el sistema de justicia”, apunta el informe.
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