De 2004 a la fecha, en tiempos del mandatario Pablo Salazar, el Gobierno de Chiapas mantiene lazos de colaboración con la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) y la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA) con la intención de aumentar la seguridad en la frontera sur.
Desde entonces, ese auxilio se ha traducido en una base de datos con 96 mil registros de huellas dactilares de posibles criminales originarios de El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras y México, en una iniciativa denominada Explotación de Huellas Dactilares de Centroamérica, a la cual tienen acceso autoridades de Estados Unidos.
Además, durante la gestión del Gobernador Juan Sabines, 44 agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal fueron capacitados en aquel País.
El gobernador Manuel Velasco ha decidido mantener la colaboración con ambas agencias.
De los trabajos de colaboración con el FBI surgió en 2008 la idea de crear en Chiapas un Buró Ministerial de Investigación -ahora conocido como Policía Acreditable- la cual registra un avance del 60% en su conformación con una inversión de 100 millones de pesos.
En tecnología, el Gobierno estatal adquirió el año pasado por 14 millones, un Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) que brinda en cuestión de 15 minutos información sobre el historial de un casquillo y armas de fuego, así como su posible relación en hechos delictuosos que permiten mejores tareas de investigación y resolución de crímenes.
A partir de que en 2004 se desató el fenómeno de pandillas, como La Mara Salvatrucha, la intención del FBI y la DEA fue generar, en colaboración con Chiapas, programas de combate a esos grupos, además de rastrear armas y generar bancos de huellas dactilares.
La vulnerabilidad y riesgo que representa la frontera sur del México para los Estados Unidos ha generado interés en las agencias norteamericanas para capacitar y profesionalizar a las autoridades de Chiapas y Centroamérica.