A Andrés Valentín le tembló un poco la voz ayer, pero habló con firmeza ante las cámaras.
“Nosotros, los jóvenes, vamos a inyectar energía en este País”, dijo el hondureño de 17 años, que vive ilegalmente en Estados Unidos. “Tenemos derecho a ir a la universidad y que el Estado nos ayude a pagarla. Tenemos derecho a que eso se incluya en una reforma migratoria”.
Migrantes hispanos de todo Estados Unidos y activistas de Derechos Humanos iniciaron una protesta ante el Congreso, que se dispone a debatir la reforma migratoria de la que pende el destino legal de más de 11 millones de indocumentados.
Tras casi un década de intentos fallidos, republicanos y demócratas parecen estar a punto de lograr una solución bipartidista que daría un vuelco sin precedentes al sistema de migración en EU.
Con pancartas en las que se leían mensajes como: “No más familias separadas”, los manifestantes buscan influir en el debate migratorio, que actualmente es negociado por un puñado de legisladores de ambos partidos en las dos Cámaras del Congreso.
Benjamin Jealous, presidente de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) pronunciará el discurso principal durante la jornada.
Además están previstas actividades similares simultáneas en al menos 18 estados de la nación, según un programa difundido por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones coordinadoras de la jornada.
El proyecto legislativo contendría una propuesta de legalización para los indocumentados, una completa refundación del sistema de migración, que privilegiaría los intereses económicos del País, con cuotas de trabajadores por sectores, y finalmente, una serie de objetivos en cuanto a la seguridad fronteriza de cumplimiento obligatorio.
Los ocho senadores que han liderado las negociaciones desde febrero podrían presentar su proyecto entre este jueves y la semana que viene.
Aunque las negociaciones siguen abiertas en el grupo de ocho senadores, una posibilidad de acuerdo, filtrada por medios de prensa, podría consistir en un plazo de 10 años para legalizar a los indocumentados, y luego tres años más de espera para lograr la ciudadanía.
De los 11.5 millones de ilegales en el País, dos tercios aproximadamente son de origen hispano, ya de por sí la primera minoría estadounidense, con un peso electoral clave.
Marín Morbán, un dominicano de 65 años que ya es ciudadano estadounidense, asentía con la cabeza.
“Estamos aquí apoyando la lucha para que se apruebe rápido el proyecto de inmigración para indocumentados, para que tengan un estatus legal”, agregó.
Ambos inmigrantes -uno con todas las ventajas migratorias y el otro sin ninguna- participaron en una concentración de activistas y funcionarios del alto Manhattan para exigir la aprobación de una reforma migratoria en Washington, que regularice la situación de muchos de los 11 millones de inmigrantes sin papeles del País.
Hispanos en situación irregular se unieron a inmigrantes ya convertidos en ciudadanos estadounidenses en al menos cuatro puntos distintos de la ciudad de Nueva York para presionar al Congreso estadounidense a que apruebe la reforma e incluya en ella la naturalización de inmigrantes sin papeles.
Las concentraciones hicieron eco de la multitudinaria manifestación que se llevó a cabo en la capital del País ayer. Ocho legisladores del Senado federal están preparando el plan de reforma.
El sueño de la reforma
Lizbeth Mateo no siempre revelaba su nombre y apellido a cualquiera. Después de cruzar caminando la frontera que separa Estados Unidos y México, su país natal, su madre le recomendó que nunca dijera la verdad sobre por qué no hablaba bien inglés: “Di que naciste en Estados Unidos pero tus padres te llevaron a México poco después”.
La historia de Mateo es la de cerca de dos millones de jóvenes indocumentados que viven y estudian en ciudades estadounidenses. Saben que sus opciones se cierran como un embudo al graduarse de la universidad, ya que no pueden trabajar en el País al carecer de permiso.
Muchos llegaron tan jóvenes que olvidaron su idioma materno. Otros no recuerdan la ciudad en la que nacieron, al otro lado de la frontera. Su país es Estados Unidos, aunque no lo diga su pasaporte.
Mateo viajó con sus padres y su hermano desde Oaxaca cuando tenía 14 años. Describe aquella noche en el desierto, las carreras y el frío como algo “aterrador”.
El plan de la familia era que se adelantara su padre y enviara dinero a México durante unos años para que ella pudiera ir a la universidad, pero decidieron no separarse. “Pensamos que podríamos volver fácilmente a México. Pero empezaron a pasar los años y nos dimos cuenta de que no íbamos a regresar”.
Jóvenes como ella son conocidos como ‘Dreamers’ a propósito de la fallida ley Dream Act que les hubiera concedido un permiso temporal de residencia. Con campañas como “Sin papeles, sin miedo” han viajado hasta las oficinas de los políticos, revelando ante ellos su identidad y el hecho que viven en el País ilegalmente porque carecen de permiso o porque se quedaron después de que caducaran sus visados.
Este gesto, impensable en unos años en los que EU se enredó en una retórica antiinmigrante radicalizada gracias a leyes como la de Arizona, ha sido asociado con el impulso de todos los ciudadanos a favor de la reforma migratoria.
Símbolos del sueño americano por excelencia, el coraje de los ‘dreamers’ también quedó grabado en la mente de millones de votantes hispanos que el pasado noviembre votaron por los que todavía no pueden hacerlo. El voto a Obama también era un voto por la reforma.
Desde los 19 años, Mateo colabora con diferentes organizaciones en defensa de los inmigrantes. Ha participado en campañas para la entrega de permisos de conducir a ‘sin papeles’, el acceso a la educación de los indocumentados y, como miles de ‘dreamers’ que cambiaron el rostro a la lucha por la reforma, también ha visitado oficinas de legisladores para explicarles personalmente su caso y abogar por un nuevo sistema.
“Si me iba pasar algo por ser indocumentada, quería saber que había hecho todo lo posible por cambiar mi situación”.
“Empecé a formar grupos con otros jóvenes como yo, desde California, donde nos sentíamos realmente aislados del resto del País. Lo que no sabíamos era que en Texas, en Illinois, en Carolina del Norte…, estaba pasando lo mismo”.
Hay interés por programa de obreros
A pesar de lo desesperados que están los estadounidenses desempleados por encontrar trabajo, aún hay algunos puestos disponibles a los que muchos nunca se postularían porque son considerados demasiado sucios, muy exigentes o simplemente desagradables.
Pero los empleadores que pasan apuros para hallar a alguien que los quiera hacer -lavar trastes, limpiar hoteles, cuidar ancianos- pronto podrían obtener ayuda ahora que los grupos empresariales y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre un plan que permitiría el ingreso de miles de trabajadores extranjeros de baja capacitación a la fuerza laboral.
El acuerdo, que aún requiere la aprobación final de los legisladores, es uno de los últimos obstáculos importantes para completar este año una reestructuración de las leyes que regulan la inmigración, una de las principales prioridades del presidente Barack Obama. Se espera que forme parte de una medida más amplia que regularizaría el estatus de 11 millones de inmigrantes no autorizados a estar en Estados Unidos que llegaron al País sin tener permiso para ello o se quedaron una vez que sus visas de turista expiraron.
El nuevo programa, llamado visa “W’’, es crucial para compañías como Medicalodges Inc., una empresa de Kansas que desea trabajadores extranjeros para que le ayuden a operar su cadena de asilos de ancianos e instalaciones donde se proporcionan servicios para el hogar a adultos mayores y a personas con discapacidades.
“Hemos ofrecido bonos a las personas que firmen contratos, hemos colocado mesas de promoción en tiendas de comestibles, enviado correo directo, difundido las vacantes en internet, incluso en lavanderías públicas, y aún es insuficiente para llenar los puestos”, dijo Fred Benjamin, director de operaciones para la compañía con presencia en Kansas, Misuri y Oklahoma.
“Es difícil hacerse cargo de personas que padecen Alzheimer y demencia senil, las cuales pueden golpear a alguien o gritarle a la gente, tener incontinencia, dificultades para meterse o salir de la cama, o requerir ayuda para alimentarse”, señaló. “Pero creemos que hay muchas personas de otros países que aceptarían estos empleos de muy buena gana”.
