Un político fue electo al Congreso de Brasil mientras era investigado por homicidio, acusado de haber mandado asesinar a un adversario con una sierra eléctrica.
Otro es buscado por la Interpol tras ser encontrado culpable de desviar más de 10 millones de dólares de un proyecto carretero a cuentas bancarias en el extranjero.
Y la Corte más alta de Brasil, el Tribunal Supremo Federal, encontró culpable a otro miembro del Congreso por hacer que varias electoras pobres, quienes no podían darse el lujo de tener más hijos, fueran esterilizadas quirúrgicamente a cambio de sus votos.
En toda la nación, miles de manifestantes dan rienda suelta a su indignación contra una amplia variedad de políticos y problemas, como los altos impuestos y los deplorables servicios públicos. Sin embargo, una ira especial ha sido reservada para el Congreso y su inclinación por albergar a docenas de legisladores generosamente pagados que han sido acusados -y a veces hasta condenados- de crímenes como lavado de dinero, soborno, narcotráfico, secuestro y homicidio.
Más allá de los cargos criminales, los electores han expresado desprecio por los beneficios disfrutados por los miembros del Congreso, entre ellos sueldos de más de 175 mil dólares anuales; generosos estipendios que suman casi otro tanto para rubros como vivienda, gasolina e investigación electoral; y presupuestos que les permiten contratar hasta a 25 asistentes cada uno.
“El Congreso es, sin duda, la institución más odiada en Brasil”, apuntó el politólogo Maurício Santoro. “Una buena parte de este odio está relacionada con el hecho de que el Congreso tiene una tradición de evitar que sus propios miembros condenados por crímenes vayan a la cárcel”.
Casi 200 legisladores, o una tercera parte del Congreso de Brasil, enfrentan cargos en juicios supervisados por el Tribunal Supremo Federal, de acuerdo con documentos recabados por Congresso em Foco, un organismo de vigilancia. Los cargos incluyen la malversación de fondos públicos, emplear mano de obra esclava en una hacienda ganadera y ordenar el secuestro de tres sacerdotes católicos como parte de una disputa por tierras en el Amazonas.
Varios estudiosos del sistema judicial de Brasil dicen que los legisladores a menudo evitan la cárcel en parte debido al estatus judicial especial que disfrutan aproximadamente 700 figuras políticas de alto nivel en el país, entre ellas los 594 miembros del Congreso y miembros de alto nivel del Gabinete.
Ese estatus permite que estas personas sean juzgadas únicamente en el Tribunal Supremo Federal, lo que produce años de demoras en una institución abrumada por otros asuntos apremiantes. Hasta el 2001, los políticos ni siquiera podían ser juzgados sin la autorización del Congreso, una función del respeto rendido en el sistema legal a los funcionarios electos.
Al tiempo que los años de frustraciones con la corrupción se desbordan a las calles de Brasil, los manifestantes han chocado con las fuerzas de seguridad frente al Congreso.
Hoy el Congreso se apresura a armar una respuesta. A finales de junio, los legisladores aprobaron un proyecto de ley para utilizar las regalías petroleras para la educación y el cuidado de la salud.
El Senado, la Cámara Alta del Congreso, aprobó castigos más severos a la corrupción, y la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, rechazó un intento por refrenar a los investigadores de la corrupción.
Los senadores son electos a periodos de ocho años, mientras que los miembros de la Cámara de Diputados prestan servicio durante cuatro. Asimismo, un poderoso comité del Congreso aprobó una medida para levantar el halo de misterio cuando los legisladores votan respecto a despojar a colegas miembros del Congreso de sus escaños.
El 26 de junio, el Tribunal Supremo Federal ordenó el arresto inmediato de Natan Donadon, un miembro del Congreso encontrado culpable en el 2010 de malversación de fondos -un raro intento por tratar de encarcelar a un miembro del Congreso en funciones. Después de dos días prófugo, Donadon fue aprehendido.
Aún así, aumenta el encono
“Estos lobos, esa basura ahí, roban a la gente, se dan un banquete con la carne del pueblo al robar el dinero público destinado a hacer cosas para nosotros”, expresó Caio Fabio de Oliveira, de 45 años, un burócrata en el Ministerio de Salud, quien se encontraba entre los manifestantes hace poco en la capital, Brasilia. “Es vergonzoso para el pueblo brasileño; yo trabajo para el Gobierno, y me siento avergonzado todos los días”.
El Congreso tiene un largo historial de comportamiento corrupto entre sus miembros que ha contribuido a dichos sentimientos de ira. En 1963, el Senador Arnon de Mello disparó y dio muerte a un colega legislador en el Senado, sólo para escapar del encarcelamiento, ya que el homicidio fue considerado un accidente debido a que estaba apuntando a otro senador.
El hijo de ese senador empistolado, Fernando Collor de Mello, fue electo Presidente de Brasil en 1989 y destituido en medio de una ola de cargos de corrupción, en 1992.
Sin embargo, en una resurrección política que consternó a los activistas, fue electo al Senado en el 2006 y conserva su escaño. Continúa enredado en un caso en el Tribunal Supremo Federal en el que está acusado de beneficiarse de un programa de contratos publicitarios durante su Presidencia.
Aun cuando los legisladores son condenados y sentenciados por crímenes, puede ser difícil que pierdan sus escaños.
José Genoino Guimarães Neto, ex presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, fue sentenciado a casi siete años en prisión en el 2012, por su participación en un gran complot de compra de votos.
Sin embargo, evitó la expulsión de la Cámara Baja después que los líderes del partido se resistieron a la orden del tribunal superior para que fueran despojados de sus escaños.
Luego está Hildebrando Pascoal, llamado el “congresista de la sierra eléctrica”. Cuando contendió para el puesto, era del dominio público que estaba siendo investigado por operar un escuadrón de la muerte en un remoto rincón del Amazonas, al emplear tácticas como arrojar víctimas a tambos de ácido o desmembrarlas con sierras eléctricas. Sin embargo, aún así ganó por un amplio margen y prestó servicio en el Congreso antes de ser despojado de su escaño, condenado y enviado a prisión.
Varios candidatos de fuera del establishment han hecho grandes incursiones en el Congreso. En la actualidad, entre los legisladores destacados están Romario de Souza Faria, ex estrella del balompié quien hoy condena los costosos preparativos de Brasil para la Copa Mundial del 2014 -un grito de guerra para los manifestantes alrededor de la nación- y Jean Wyllys de Matos Santos, un miembro abiertamente gay de la Cámara Baja que ha surgido como una importante voz en las problemáticas de derechos humanos.
“El Congreso se cree dueño del país”, comentó Laila Oliveira, de 30 años, maestra de preparatoria quien vive cerca de Brasilia. “Y no lo es”.
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