El coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso local, Sergio Contreras Guerrero, informó que pedirán ante el Pleno Legislativo auditar la millonaria asignación directa de compra de medicamentos del Seguro Popular que realizó el Gobierno del Estado.
Esto luego de la denuncia pública del Partido Verde de que se comprara y distribuyera insulina china de baja calidad y que la propia Secretaría de Salud del Estado ordenara su retiro desde el pasado 9 de julio.
Y es que a pesar de que la Secretaría de Salud argumente que se sustituyó por otro medicamento y no hubo daño patrimonial ni de salud a los pacientes, y que los precios a los que se compraron están en el parámetro de lo establecido por el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2012 publicados en el Diario Oficial de la Federación, para el Partido Verde el tema tiene muchas dudas por aclarar.
El tema, indicó el diputado local, lo llevará a la Junta de Gobierno para subirlo al Pleno en el arranque del próximo periodo ordinario de sesiones el 25 de septiembre y pedir a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado una auditoría integral a la asignación directa para la compra de medicamento del Seguro Popular.
Hay que recordar que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, luego de dos licitaciones públicas declaradas desiertas, asignó de manera directa un contrato para el suministro y abastecimiento de 675 medicamentos y material de curación para el Seguro Popular. La asignación fue para las empresas: Distribuidora Internacional de Medicamentos e Intercontinental de Medicamentos.
El contrato anual asignado a cada empresa fue por 148 millones de pesos y entró en vigor el 1 de junio.
Algunas dudas, citó, ¿es por qué se adquiere un producto que no era bueno?, y ¿qué pasa con lo que ya se pagó por ese medicamento?, y ahí hay que aclarar responsabilidad de funcionarios y de proveedores.
“Revisar qué ocurrió y si es de mala calidad hay sanciones en el contrato contra las empresas”, anotó.
Además insisten en que si bien está puede ser legal la compra de la insulina Blonglixan fue cara: “Vamos a continuar con el proceso, independientemente de quién estableciera los precios hay una responsabilidad del Estado de adquirir lo mejor al mejor precio, y no lo peor al peor precio”.

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