La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la Procuraduría de Justicia Militar encontró indicios de la probable participación de personal militar en la desaparición de siete personas en el municipio de Calera el 7 de julio.
“Con motivo de los avances en la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia Militar, sobre delitos del orden castrense, en relación con los hechos relativos a la desaparición de siete personas el 7 de julio, en el municipio de Calera, identificó indicios de una probable participación de personal militar.
“Por lo que procederá a remitir el desglose de su indagatoria a la Procuraduría General de la República, con la cual se mantiene una estrecha coordinación”, señaló en un comunicado.
La Sedena agregó que continuará con la investigación, para determinar respecto a la infracción de la disciplina militar y en su caso, proceder a la consignación correspondiente ante los tribunales militares.
También se garantiza la cooperación de la Sedena con las autoridades civiles que investigan el caso, tanto la PGR como la Procuraduría estatal.
“La Secretaría de la Defensa Nacional cooperará con las instancias correspondientes, a fin de que se esclarezcan los hechos y reitera su compromiso con la sociedad mexicana, enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes.
“Siendo la primera interesada en que cuando existan indicios de que alguno de sus elementos no se conduzca conforme a derecho, sus actos se investiguen y en su caso se sancionen con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión”, señaló.
En el comunicado no se indica la cantidad ni rango de los elementos que pudieran estar involucrados en los hechos.
No obstante, versiones no confirmadas de manera oficial señalaron que ayer fue detenido Martín Pérez Reséndiz, coronel del 97 Batallón de Infantería, con sede en Fresnillo, junto con otros tres militares, por su presunta participación en la desaparición de los siete civiles.
Interviene CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprochó los hechos violentos ocurridos en Zacatecas y Michoacán y demandó investigaciones imparciales.
En un comunicado, el organismo informó que ha abierto expedientes de queja por los casos ocurridos en los municipios de Calera y Aquila.
Indicó que envió a ambas entidades un grupo de visitadores adjuntos y peritos.
Instruyen informar de abusos
La Sedena deberá informar sobre los casos de tortura, abuso de poder y lesiones cometidas en agravio de civiles desde 1960 hasta el presente año, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Los datos deberán contener el número de averiguaciones iniciadas por la Procuraduría de Justicia Militar, las sentencias que ha emitido el Tribunal Militar, así como el número de ofendidos y/o víctimas de cada hecho, especificando el sexo de cada uno.
De acuerdo con el recurso de revisión RDA-3204/15, la Sedena aseguró en su primera respuesta que no cuenta con esa información en virtud de que la ley establece que cuando estén involucrados civiles corresponderá a las autoridades de este orden sancionar los delitos que se hayan cometido.
El solicitante de la información se inconformó ante el INAI donde, tras analizar el caso, el comisionado ponente, Rosendoevgueni Monterrey, determinó que la Sedena no llevó a cabo un procedimiento de búsqueda exhaustivo, como lo establece la Ley de Transparencia.
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