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Conversatorios sobre adopción

Ni los legisladores ni los funcionarios públicos, tienen contacto con la realidad de la adopción, pues no vivieron procesos adoptivos ni son familias adoptivas, ni formaron parte de asociaciones civiles dedicadas a la protección de la infancia. Son eso: funcionarios públicos.

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Conversatorios sobre adopción

En el mundo occidental, los países con mayor desarrollo, cuentan con sistemas de adopción modernos que priorizan la reinserción de los menores a la vida familiar y social, asegurando la protección de ellos y facilitando los procesos de adopción para los mayores de 12 años. Por ser padre adoptivo, he podido conocer los sistemas de adopción de España y de los países nórdicos y en nuestro continente, los de Colombia y Argentina, que considero son los más avanzados. En México, el de Nuevo León y el de Jalisco han flexibilizado enormemente los procesos para incrementar el número de adopciones por año y con respecto al total de menores que viven en Casas Hogar.

Son numerosas las prácticas que tienen estos sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, basados en leyes que han captado la realidad social, los cambios demográficos y, sobre todo, el drama que viven los menores al cumplir los 18 años y tener que regresar al mundo real, sin las redes de apoyo que el sistema de adopciones impide se formen después de los 12 años. Algunas de las mejores prácticas que he encontrado, son los grupos de autoayuda de familias adoptivas que son fomentadas desde el gobierno (el equivalente al DIF), trámites simplificados para adopciones de mayores de 12 años, apoyo en redes de abogados externos certificados que asesoran el proceso de adopción, la escucha de las necesidades de los menores y el papel protagónico que tienen las asociaciones de familias adoptivas.

La realidad de la que parten los mejores sistemas de adopciones, es la flexibilización de trámites partiendo de la realidad de que los menores en orfandad que tienen más de 10 años, tienen nulas probabilidades de ser adoptados y que las estadísticas reflejan que tres de cada cuatro menores el egresar de las casas hogar, regresan a sus familias de origen, condenados a la vulnerabilidad social de la cual el Estado pretendió salvarles. Allí, regresan al entorno donde las oportunidades de tener una vida digna se reducen, a diferencia de aquellos menores que sí fueron adoptados y donde la probabilidad de tener un desarrollo humano pleno es, por el contrario, de más del 75% de obtenerse, pues tendrán el soporte del seno familiar con todo lo que esto supone: hogar, educación, amor, terapias y redes familiares.

Lo que sucede es que ni los legisladores ni los funcionarios públicos, tienen contacto con la realidad de la adopción, pues no vivieron procesos adoptivos ni son familias adoptivas, ni formaron parte de asociaciones civiles dedicadas a la protección de la infancia. Son eso: funcionarios públicos que, teniendo un trabajo bien remunerado, se han acercado a esta realidad que siempre les será ajena. Desde aquí se piensa que, con más recursos y estructuras organizacionales, se atenderá mejor a la niñez en orfandad y este punto de partida es erróneo. Solo se logrará disminuir el enorme rezago nacional, si se flexibilizan los procesos con leyes que partan de la realidad del menor, pues se siguen acumulando cientos de menores que pasando los 12 años, están condenados a seguir en el cruel sistema de adopciones hasta los 18. En Guanajuato, no hemos pasado de 20 adopciones anuales; si tenemos alrededor de 600 menores en orfanatos y de ellos el 60% rebasa los 10 años, tendrían que realizarse más de 50 adopciones al año para que la mayor parte de los menores fueran adoptados y tuvieran un futuro digno.

El supuesto de la ley general de NNA es que las familias solicitantes de adopción y en general la sociedad, somos sujetos de potencial violencia al menor y se debe hacer todo lo posible para inhibir y controlar los trámites para quienes desean adoptar; son digamos, los culpables y no aptos para adoptar, hasta que se demuestre lo contrario. Los mismos trámites, la capacitación a funcionarios, las políticas institucionales, están diseñadas para que las familias solicitantes sean vistas como entes que no siempre desean lo mejor para el menor y por ello, deberán pasar el tortuoso proceso de obtener un certificado de idoneidad y después, esperar por años a que los comités del gobierno decidan, en una “caja negra”, sin pedir opinión a las familias solicitantes ni a los menores, para que se concrete una adopción. Por todo ello, los miércoles a las 7 de la noche, la asociación “Familias del Corazón Guanajuato” junto con “La adopción, hijos del corazón” y Ciudad del Niños Don Bosco, haremos conversatorios públicos vía zoom para crear esta necesaria cultura de adopción y exigir que se faciliten los trámites de adopción.

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