“Los hospitales no son un objetivo” Médicos Sin Fronteras
Hay palabras que deberían ser sagradas: urgencias, quirófano, ambulancia. Nombran espacios y actos donde la vida debería estar a salvo aun en medio del caos. Sin embargo, en México —y en el mundo— estamos viendo una erosión peligrosa de ese pacto civilizatorio: la neutralidad médica. Sharmila Devi en la revista “The Lancet” lo llamó “la erosión de la neutralidad médica”: cuando personal de salud, pacientes e instalaciones se convierten en objetivos o escenarios de la violencia. No es una anécdota: es una tendencia que debemos frenar.
En semanas recientes esa erosión se volvió visible en múltiples estados. El 30 de agosto de 2025, Culiacán vivió ataques casi simultáneos contra el Hospital General y una clínica privada; hubo muertos, el perímetro fue militarizado y las autoridades se vieron obligadas a trabajar protocolos para ingresos de heridos por hechos violentos. La idea de “zona neutral” se rompió frente a todos. Esa jornada marcó un antes y un después para el personal y las familias que estaban allí.
En Guanajuato, la mañana del 23 de octubre de 2025 un grupo armado irrumpió en el Hospital Comunitario de Jaral del Progreso. Dos guardias resultaron lesionados y el pánico se extendió entre pacientes y personal. Las fuerzas estatales y federales llegaron para resguardar el nosocomio y activar protocolos. Quienes estaban en la sala de espera no olvidarán la sensación de ver entrar la violencia por la misma puerta por donde suele entrar la esperanza.
No es un fenómeno de una sola entidad ni de un solo día. En Cuernavaca, Morelos, el 7 de noviembre de 2024 un hombre armado intentó rematar a un paciente dentro del Hospital Regional No. 1 del IMSS; las detonaciones desataron el caos mientras médicos, enfermeras y familias buscaban refugio. La vida de todos los presentes quedó atravesada por un recuerdo que no debería existir en un hospital.
Al mismo tiempo, la violencia fuera y dentro de las unidades golpea al gremio. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el asesinato del médico residente Louis Edward Holguín (septiembre de 2025) provocó la indignación del Colegio de Pediatría local y de colegas que alzaron la voz pidiendo justicia y garantías para ejercer su vocación sin miedo. La muerte de un médico joven no es una estadística: es una promesa de atención que ya no llegará a sus pacientes.
¿Qué hace un sistema de salud cuando el hospital deja de ser un santuario? México y algunos estados han activado o reforzado el Código Plata, un protocolo de seguridad hospitalaria para incidentes con violencia o personas armadas. En Sinaloa, tras los atentados en hospitales, autoridades informaron que el Código Plata se mantiene activo en unidades clave, con medidas de prevención, reacción inmediata y coordinación con policías. Incluso se han anunciado controles biométricos y videovigilancia vinculados a ese protocolo. Bien aplicado, el Código Plata puede salvar vidas y reducir riesgos, pero no puede —por sí solo— recomponer el pacto de neutralidad.
La neutralidad médica no es un tecnicismo: es un acuerdo social que protege a todos. Si el crimen organizado, las venganzas y la impunidad convierten a los hospitales en trincheras, el costo lo pagan primero los pacientes (que postergan acudir por miedo), luego el personal (que sufre estrés, burnout o decide migrar) y termina pagándolo la comunidad entera (porque se rompen las redes de atención o se cierran servicios clave). Cada irrupción armada en urgencias interrumpe cirugías, retrasa tratamientos oncológicos y quiebra la confianza pública, ese insumo invisible sin el cual ningún sistema de salud funciona.
Debemos prepararnos con un blindaje operativo de urgencias: ingreso controlado, triage de seguridad y rutas diferenciadas para heridos por arma de fuego, con activación inmediata de Código Plata y enlace directo con mandos policiales y de Guardia Nacional. Todo hospital público y privado debe contar con plan, simulacros y responsables visibles.
Hacer pactos locales de neutralidad para acordar reglas mínimas de no agresión en unidades de salud, respaldadas por fiscalías y juzgados con medidas cautelares expeditas cuando la integridad del personal esté en riesgo. Proteger al personal con seguros de vida y de riesgo diferenciados, traslados seguros en horarios críticos, contención psicosocial post-evento y estímulos para cubrir plazas en zonas de alto riesgo.
Debemos reformar códigos para agravar penas cuando la agresión ocurra en instalaciones de salud o contra personal sanitario en acto de servicio; un hospital atacado no es un “delito más”: es un atentado contra la comunidad.
La ciudadanía por último, debe denunciar sin compartir rumores, exigir seguridad sin estigmatizar, acompañar al personal con empatía. Y la política tiene otro ineludible: decir la verdad, cuidar a quienes nos cuidan y sostener, con presupuesto y coordinación, un compromiso que no admite relativismos. ¿Usted qué opina?
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