El Estado debe asegurar que la ley se cumpla más que el temor
A Juan Francisco Torres Landa.
Las zonas cooptadas son libertad arrebatada.
Justicia que no llega es una promesa rota.
Inseguridad permanente es vida en servidumbre.
En Guanajuato, demasiadas personas no viven en libertad, viven administrando el miedo.
Doña María evita salir tarde de su casa;
Luis cerró su negocio porque le cobran piso;
Ana se sube al camión con la sensación de que puede ser asaltada;
Felipe teme por su familia cada vez que viaja por carretera.
Guanajuato es nuestra casa común, pero cada día se siente más chica cuando quien viola la ley sigue libre y quien la cumple se siente solo, porque las calles, los horarios y los caminos —que antes eran de todos— se van convirtiendo en zonas peligrosas donde impera el miedo y no la ley.
Cuando la inseguridad es constante y queda impune, la libertad es una promesa rota.
Faro de Política Ciudadana es una organización ciudadana independiente que nace en Guanajuato con 3 propósitos: Potenciar la vida política activa de la ciudadanía; ampliar la deliberación pública informada en el estado; promover una política ciudadana —un civismo guanajuatense fortalecido— como modelo de vida civil.
En Faro afirmamos 3 principios: Sin orden y paz, no hay progreso. Sin libertad y justicia, el orden es opresión. El Estado existe, ante todo, para preservar la justicia. Por eso sostenemos:
- La ley por encima de la fuerza.
- El derecho por encima del miedo.
- La justicia como política de Estado, no como propaganda.
Nuestra premisa: fortalecer las instituciones
Nuestro punto de partida es estructural: sin instituciones fuertes, la justicia no existe, es solo un decorado costoso. Por eso proponemos 4 líneas de acción:
- Fortalecer el andamiaje de justicia y de seguridad pública del Estado: Poder Judicial, Fiscalía estatal, Secretaría de Seguridad y policías municipales deben contar con personal suficiente, con procesos claros y controles efectivos.
- Hacer del combate a la impunidad —la relación entre delitos cometidos y condenas logradas— una política primordial de Estado, a través de fijar metas y rendir cuentas.
- Dignificar a quienes aplican la ley, dándoles elevados salarios ligados a rigurosa exigencia, capacitación bajo estándares internacionales y vigilancia a la corrupción interna.
- Convertir la denuncia ciudadana en costumbre popular, volviéndola una práctica protegida y accesible, a través de más agencias de la Fiscalía, ventanillas simples, el uso de tecnologías, el acompañamiento a víctimas, y coordinación con policías municipales dentro del marco legal.
No pedimos milagros ni imposibles. Pedimos instituciones que funcionen.
Frente a la crisis de inseguridad en el Estado, planteamos un plan mínimo razonable de 8 puntos para discutir públicamente:
- Para el Poder Judicial del Estado:
- Presentar una ruta para incrementar el número de personas juzgadoras hasta acercarlo a estándares razonables internacionales y nacionales, con base en cargas de trabajo reales. Como referencia, mientras que Costa Rica tiene 26 jueces por cada 100 mil habitantes y el estándar de la OCDE es 65, Gto. cuenta con solo 4.9. Nuestro punto de partida es que Gto. incremente 6 veces el número de jueces para llegar a 30 por cada 100 mil habitantes.
- A la Fiscalía del Estado:
- Publicar un Índice Estatal de Impunidad, con metodología clara, metas anuales y supervisión ciudadana del cumplimiento.
- Triplicar el número de fiscalías: Gto. cuenta con 7.5 fiscalías por cada 100 mil habitantes, 3 veces menos que el estado del país que más tiene: Chihuahua.
- Facultar a las polícías municipales para recibir denuncias.
- A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
- Creemos que Gto. debe contar con el sistema de policía estatal más exigente, respetado y mejor remunerado del país. Debe ser presentada una ruta para lograrlo, una que abarque rigurosa exigencia, adiestramiento de nivel mundial y elevados salarios. Cumplido dicho elevado desempeño, el sueldo de dichos servidores de la ley debería de ser incrementado a $50 mil pesos mensuales.
- Publicar un índice trimestral entre denuncias presentadas y ejecución de sentencias.
- A las Presidencias Municipales
- Elevar el salario de policías municipales a un nivel digno estatalmente acordado, con supervisión ciudadana del cumplimiento. Dichos servidores de la ley deberían reunir rigurosa exigencia, alto adiestramiento y elevados salarios. Cumplido lo anterior, su sueldo debería fluctuar de $30-40 mil pesos mensuales.
- Crear Oficialías de Calidad de la Denuncia para evitar que las denuncias sean tumbadas, acompañar al ciudadano, y aumentar la tasa de casos que llegan a sentencia.
Hasta aquí hemos descrito la Misión “Que en Gto. la ley pese más que el miedo”. Estos puntos no son un pliego cerrado, sino un mínimo razonable para empezar a discutir en serio si queremos un Estado que domine la técnica de la aplicación de la justicia, o si lo que queremos es seguir administrando la impotencia.
- Que las zonas cooptadas vuelvan a ser espacios de libertad.
- Que la justicia deje de ser promesa rota.
- Que pasemos de inseguridad constante a certeza de sanción.
Ese es el compromiso de Faro de Política Ciudadana.
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