Derecho de réplica

Recibí un oficio firmado por la Arq. Norma Araceli Díaz Quintanar, en el que me solicita el derecho de réplica por los comentarios vertidos en mi columna semanal publicada en este diario el viernes 21 de noviembre de 2025.

Con gusto procedo a reproducir el párrafo que hace alusión a lo que se me reclama, y que la Arq Díaz Quintanar solicita sea publicado. En el cual menciono que “una persona al formar parte de un comité de obra municipal tiene acceso a información privilegiada que debe guardar con mucha discreción pues puede representar una ventaja indebida”.

Empieza la reproducción del texto: “No existe información privilegiada. Como Consejera Ciudadana del SIAP y como Vocal del Comité de Obra, no elaboro bases ni presupuestos. Las acusaciones publicadas por el periódico A.M. mediante la nota periodística publicada en su portal web el 13 de noviembre de 2025, intitulada: “Regidores señalan licitación de juegos en ZooLeón; oposición acusa conflicto de intereses, firmada por el reportero Jesús Patiño; y, a través de la columna de opinión titulada “Proveedores (contratistas) o consejeros, parte II, firmada por el C. José Arturo Sánchez Castellanos, publicada en la edición impresa y digital del viernes 21 de noviembre de 2025, en la página A. 6) Irapuato, carecen de sustento y rigor periodístico, y dañan injustamente mi reputación profesional y la de mi representada”. Termina la reproducción del texto.

En términos generales, cuando un ciudadano o ciudadana decide participar en un organismo, entidad, consejo o comité que administra recursos públicos, el debate no está en la legalidad de las decisiones en las que participan las y los consejeros ciudadanos, pues está claro que en este caso como en casi todos, los reglamentos y las leyes se cumplen, por lo que desde el punto de vista legal no existe nada ilícito. El debate más bien se centra en si los ciudadanos y ciudadanas debemos limitarnos solamente a cumplir la ley, o debemos hacer más para evitar cualquier suspicacia sobre nuestro quehacer, y sobre todo, si debemos de tomar medidas adicionales a las legales, para evitar caer en posibles conflictos de interés.

Esta preocupación la comparte el Ayuntamiento de León, que desde el 6 de junio de 2023, aprobó por unanimidad una reforma reglamentaria para incorporar la figura de la Manifestación de Actividades; cuyo origen fue el de “buscar más transparencia y certeza a los ciudadanos que participan en los órganos de gobierno de diversas entidades públicas, dando a conocer con claridad las actividades económicas, profesionales o de servicios que hayan celebrado con la administración pública municipal, buscando proteger su patrimonio para no incurrir en algún conflicto de intereses”.

Todo esto hace congruencia con el Código de Conducta para Consejeros Ciudadanos, emitido por el Consejo Coordinador Empresarial de León y presentado ante el entonces alcalde de nuestra ciudad, en agosto de 2018; señalando en dos de los puntos de su decálogo que: “Los consejeros no podrán, directa o indirectamente ni a través de una empresa, vender o prestar servicios para el organismo o entidad en la que participen” y que, “Los consejeros ciudadanos no podrán aceptar trabajo, proyectos, o celebrar cualquier tipo de contrato profesional con el organismo que participen o hayan participado en los últimos tres años”.

Existen organismos o ciudadanos que tal vez no compartan estos ideales; pero los lectores, la ciudadanía y el Consejo Rector Municipal, deberán definir si, con el objeto de tener una mejor sociedad, estos principios éticos deben de prevalecer, o simplemente no deben de tomarse en cuenta.

P.D. Me han hecho llegar algunas Manifestación de Actividades de algunos consejeros ciudadanos, pero las mismas carecen de sellos ni fecha y hora de recepción, algo que por sentido común no tiene ninguna validez legal, pues esos documentos pudieron haberse hecho en cualquier momento.

RAA