Mujer al timón
Quizá en el momento más complejo de la historia reciente para este órgano, este miércoles 7 de enero tomará las riendas para 2026-2028 del Poder Judicial y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado la magistrada Alma Delia Camacho Patlán.
Como es costumbre en este Poder la definición ya llega planchada, es decir negociada, para ser votada, seguramente por unanimidad, por los 20 magistrados y magistradas. Sin gritos ni sombrerazos todos habrán de cerrar filas con Alma Delia.
Y vaya que necesitará del apoyo de todos cuando a la vuelta de la esquina se tiene en puerta la primera elección en la historia de jueces y magistrados por el voto popular en 2027, derivado de la cuestionada reforma judicial impulsada por la 4T.
Héctor Tinajero Muñoz terminó su segundo periodo (no consecutivo) como presidente del Tribunal, y aunque al no haber sido reelecto cabría la interpretación de que podría aspirar a un periodo más, con tiempo pintó su raya para no seguir.
Desde entonces comenzaron a mencionarse nombres como los de Gloria Jasso (cercana a Tinajero), Luis Alberto Valdés y el de Alma Delia Camacho. Todo apuntaba a que sería una mujer y la última levantó la mano firme y a tiempo. Cuenta con una larga y sólida carrera judicial y el aprecio y reconocimiento de sus pares.
Alma Delia es actualmente magistrada de la Sexta Sala Civil. Es leonesa, estudió Derecho en la Universidad del Bajío de 1988 a 1992, con un promedio de 9.8, reporta en su currículum vitae. Estudió la especialidad en Notario Público, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y la maestría en Impartición de Justicia Civil.
Desde mayo de 1991 comenzó su carrera judicial como oficial jurisdiccional en el Juzgado Segundo de lo Civil en León, después como secretaria proyectista, juez menor, juez de partido, juez de oralidad mercantil, magistrada supernumeraria y finalmente magistrada propietaria a partir del 16 de diciembre de 2020 a la fecha.
Fue propuesta para magistrada en la terna enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, o sea por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Es considerada una magistrada estudiosa, disciplinada, a quien le tocó implementar el sistema de Oralidad Mercantil hace ya una década como jueza en la región León.
Otras dos mujeres han estado al frente del Poder Judicial de Guanajuato: María Raquel Barajas Monjarás (2008-2012) y Ma. Rosa Medina Rodríguez (2022-2024).
Y justo en esta nueva etapa a Camacho Patlán le tocará coincidir con la primera gobernadora mujer, Libia García Muñoz Ledo. Y otras más al frente instituciones claves: Raquel Barajas en el Tribunal de Justicia Administrativa; Yari Zapata, en el Tribunal Electoral del Estado; y Brenda Canchola, en el Instituto Electoral (IEEG).
La rifa del tigre
Son muchos los retos que tiene enfrente la próxima presidenta del Poder Judicial pero, sin duda, el más complicado es la elección judicial cuya jornada electoral es en julio de 2027, pero que desde septiembre de este año comienza la organización.
Y aunque el proceso electoral como tal está en la cancha del IEEG, el Poder Judicial debe prepararse antes, durante y después para la implementación de esta reforma. Y para que la renovación total de los jueces y magistrados no los tome por sorpresa.
Actualmente hay 320 jueces y el Poder Judicial de Guanajuato deberá empujar que cuando menos la mitad de sus mejores cartas vayan a la boleta para buscar quedarse. De no ser así, y dejar la puerta abierta, estaremos en un juego de azar.
Al igual que fue en el Poder Judicial de la Federación, a nivel local hay generalizado descontento y enojo con la reforma y muchos le están pesando dos veces si seguir o no. Lo cierto es que ya está en marcha y la tarea de la nueva presidenta del Tribunal será motivar a los suyos a no replegarse, sino a dar un paso adelante.
Además, otro reto del PJ de Guanajuato es garantizar que permanezca la carrera judicial hasta secretario de sala, es decir, hasta donde hoy no obliga a que vayan a una elección. Que en el resto del aparato operativo que soporta la impartición de justicia estén siempre los hombres y mujeres más calificados y capacitados.
Hay que recordar que hay tres Acciones de Inconstitucionalidad pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de algunos artículos aprobados en la reforma judicial de Guanajuato. Ahí también, aunque sea un asunto que debe responder el Poder Legislativo, el Ejecutivo y Judicial deben estar preocupados y ocupados en cabildear en todo lo posible en la Corte.
Entre lo impugnado por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la bancada local de Morena, está: el conservar exámenes de oposición para aspirar a cargos jurisdiccionales; la obligación de que magistrados dejen el cargo al cumplir 75 años; el establecimiento del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia como una segunda instancia para las resoluciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros aspectos.
En general el Congreso local casi no le movió al texto de la reforma judicial a nivel federal, pero lo poco que le metieron mano se los quieren echar abajo. Atentos.
Pero ese tema no es la única preocupación para la nueva Magistrada Presidenta. Otro pendiente es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya fecha límite en el País es en abril del 2027 pero que el Poder Judicial de Guanajuato se ha planteado poner en marcha durante el presente año. Esto implica infraestructura, personal y una intensa capacitación en el sistema oral.
También es de todos sabido que hay una saturación de asuntos en particular en materia penal y familiar. Así como la consolidación del sistema de justicia laboral.
Urgencia de notarios
Este 2026 el Gobierno de Guanajuato pretende pisar el acelerador en la entrega de fiats notariales para atender un déficit que es de por lo menos 140 notarios públicos. El propósito de la administración es cubrir ese rezago en lo que resta del sexenio.
Actualmente hay 240 notarios públicos en funciones en todo el estado, con un promedio de edad de 73 años. Fue al final de la administración estatal de Diego Sinhue que comenzaron con los procesos abiertos de convocatoria y exámenes, los cuales se han mantenido y continuarán los seis años del gobierno de Libia García.
Además la actividad económica de Guanajuato hace indispensable la fe pública, en zonas como los Apaseos (en donde está asentada la armadora japonesa de autos Toyota y proveedores) los registros notariales se han triplicado en un corto lapso.
La novedad de un proceso en el que hay que pasar un primer filtro para ser considerado aspirante y después otro para obtener el fiat, la calificación mínima es de 8, ha hecho que el camino sea más lento de lo esperado. Muchos son los registrados pero al final la entrega de fiat se cuentan con los dedos de la mano.
Es tentador el bajar la calificación para que más logren el punto de pase para alcanzar el fiat y así regularizar lo antes posible el rezago, pero en la administración del “nuevo comienzo” ese tema no está a discusión. El mínimo puntaje es de 8. Lo que sí se ha hecho es ir acotando el temario para que los aspirantes se enfoquen.
Estados como Zacatecas recientemente modificaron su legislación para regresar a las designaciones de fiats, en donde el Ejecutivo las entrega a su contentillo.
Aquí en Guanajuato, sostuvo el secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, en una entrevista para AM: “No se va a regalar ningún fiat”.
Actualmente está abierta una convocatoria para acreditarse como aspirantes a notarios, el examen será el día 27 de febrero. En la de fin de año solo pasaron 17. Los seleccionados en ambas podrán participar en el próximo examen para otorgar fiats.
Otro aspecto polémico ha sido el retiro de fiats en la anterior administración estatal. El asunto es que, aunque el Gobierno de Guanajuato impuso las sanciones e incluso fueron ratificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los afectados interpusieron amparos que han terminado por darles la razón. Varios de estos dimos cuenta en 2025 que han recuperado su fiat para ejercer su función.
Para dar mayor claridad a este tema de sanciones, y a muchos otros de la función notarial, Jiménez Lona adelantó que ya casi está lista una iniciativa de nueva Ley del Notariado que el Ejecutivo presentará para el análisis de nuestros legisladores.
Reforma electoral, ya viene
La reducción de ‘pluris’ y la elección de consejeros del INE, son dos de los puntos clave de la próxima reforma electoral, que probablemente comenzará a discutirse la próxima semana en el Congreso de la Unión.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó los puntos clave que integrarán la próxima iniciativa de reforma electoral, la cual se prevé sea enviada formalmente por la Comisión Presidencial la próxima semana.
Entre los ejes rectores que perfila la reforma electoral, se encuentra la Integración del Consejo General del INE mediante elección de consejeros por voto popular o insaculación obligatoria, es decir, por sorteo.
Así también, la reducción o no de legisladores plurinominales, si siguen 300 de mayoría o no, la posibilidad que un partido pueda constituirse cada tres años, el sistema de fiscalización de partidos y la reducción al financiamiento de campañas.
Como integrante de la comisión que hará el análisis de la iniciativa, estará el diputado panista por Guanajuato, el leonés Fernando Torres Graciano, quien tendrá mucha tarea en este arranque de año.
Otro tema relevante sería la desaparición del fuero, es decir, la inmunidad constitucional que impide que un servidor público por elección popular pueda ser sometido a proceso judicial para responder por delitos que hubiese cometido durante el desempeño de su encargo.
Un amplio número de ciudadanos pudiera pensar que los diputados plurinominales se han convertido en un botín de las dirigencias partidistas y de las camarillas que las controlan, lo que tiene que ver también con la decadencia de la política y la caída libre de la democracia mexicana. Pero no es así de simple, borrar de un plumazo este modelo de representación solo daría más poder al poder.
El resultado del análisis, las mesas de trabajo y arrastrar el lápiz traerá consigo una integración diferente del Poder Legislativo federal, así como cambios de fondo en el INE y el sistema de partidos políticos. Un tema de primer orden de importancia.
Y nueva Ley de Transparencia
En el Congreso Local, al cierre del último periodo ordinario de sesiones, el diputado Jorge Espadas Galván, coordinador del grupo parlamentario del PAN, presentó una iniciativa de reforma para crear una nueva Ley de Transparencia en el estado, y establecer los mecanismos para que la ciudadanía tenga acceso a la información pública. Esto tras la desaparición de los órganos autónomos en la materia.
Espadas aclaró que esta propuesta es un punto de partida para regular la reforma federal aprobada recientemente. Pero no queda mucho tiempo para aprobar.
La iniciativa no define la figura definitiva del organismo garante, dejando dicha facultad al Ejecutivo Estatal, en este caso a la gobernadora Libia García. Aunque todo queda en la cancha de la Secretaría de la Honestidad que comanda la irapuatense Arcelia González.
En el aspecto operativo, el legislador explicó que se mantendrá el esquema actual, aunque se revisarán los tiempos de respuesta de la información pública, dependiendo del volumen de información solicitada.
En el Congreso de la Unión, Morena y aliados determinaron desaparecer los organismos autónomos federal y locales para garantizar el acceso a la información.
Y lo que le resta a Guanajuato, una vez aprobada la reforma, es establecer si el nuevo organismo garante de la información pública sea descentralizado o desconcentrado, es decir, no sería un organismo autónomo por el candado impuesto a nivel federal. Lo que sí se puede hacer, con algo de imaginación y voluntad política, es establecer criterios para garantizar la mayor independencia y rigor técnico posible. El derecho humano a la información está en juego. Atentos.
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