Las decisiones trascendentes rara vez llegan con rayos y centellas. Suelen presentarse como trámites, ajustes técnicos o sencillas medidas de “orden”, dictadas por un supuesto espíritu de protección. Pero conviene preguntarse si lo que recibimos es realmente cuidado o si se trata de la antesala del dominio.
Hace unos días concluyó el plazo para vincular, bajo amenaza de cancelación, nuestra línea de telefonía móvil a la identidad oficial. A primera vista el argumento parece impecable. Combatir el delito, reducir fraudes y proteger a la población. ¿Quién podría oponerse a la seguridad en una nación que clama por ella a gritos? Sin embargo, la historia política enseña que no todo lo que se justifica en nombre de la seguridad protege la libertad.
El celular ya no es solo un accesorio de comunicación. Es una extensión de nuestra vida íntima. Es agenda, memoria, expresión política, económica y social. Vincularlo obligatoriamente a una identidad única no es un acto administrativo neutro. Es un cambio estructural en la relación entre el ciudadano y el poder.
No es la primera vez que se nos exige entregar la llave de nuestra privacidad a cambio de una paz que nunca llega. En 2009, el fallido RENAUT prometió frenar la delincuencia y terminó con la base de datos en el mercado negro. El resultado fue desastroso. La extorsión no bajó y los delincuentes obtuvieron un catálogo preciso de sus víctimas. Hoy tropezamos con la misma piedra, pero con una diferencia gravísima. Ahora la piedra exige nuestra biometría: huellas dactilares, fotografía.
América Latina ofrece advertencias incómodas. En Perú, el mercado negro de chips robados florece. En Venezuela, el control avanzó lentamente, pero sin pausa, con registros “temporales” para “proteger al pueblo”. Con el tiempo, esas herramientas permitieron vigilar y castigar al inconforme, al “revoltoso”. No falló el instrumento; fue el exceso de poder lo que lo volvió peligroso.
Hannah Arendt advertía que el mayor peligro para la libertad no es la violencia abierta, sino la normalización de prácticas que anulan la responsabilidad individual. Cuando el ciudadano acepta sin cuestionar que todo debe ser monitoreado, la libertad se adelgaza sin hacer ruido. En nombre del bien común se amplían facultades y en nombre de la justicia social se reducen garantías. Cuando los datos se centralizan y los organismos autónomos se debilitan, la democracia deja de ser un sistema de equilibrios y se convierte en un ejercicio de fe.
Alexis de Tocqueville, con una lucidez que atraviesa siglos, escribió que el despotismo moderno no oprime, administra. No destruye, regula. No prohíbe, organiza. En esa administración constante, el ciudadano corre el riesgo de convertirse en un sujeto vigilado antes que en un individuo libre.
Neteando, diré que no toda vigilancia es autoritarismo, pero toda vigilancia sin límites es una tentación autoritaria. El peligro no se manifiesta el primer día. Aparece cuando cambian las circunstancias. Crisis, protestas o sucesiones inciertas. Entonces, lo que nació como registro de seguridad se transforma en instrumento de persecución. Ahí cuidado.
Por eso la pregunta no es técnica, sino ética. ¿Quién resguarda los datos? ¿Con qué controles? ¿Qué garantías quedan para quien piensa distinto? La democracia no se pierde de golpe. Se erosiona. No se trata de miedo, sino de memoria. Y en esta región, el olvido se paga caro.
Cuando el cuidado exige silencio, entrega absoluta y te piden las llaves, tus secretos, es momento de dudar. Y preguntarse si lo que buscan es quedarse con el llavero completo. ¿Exagero? “Vayaustéasaber”.
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