Siempre me he preguntado sobre la causa que origina que en Guanajuato no se haya establecido una fuerte competencia entre cuatro o cinco empresas del ramo de la construcción para realizar obras de infraestructura de gran calado.
¿En cincuenta años no han sido capaces la Universidad de Guanajuato, la Ibero o la De La Salle de titular a un grupo de arquitectos e ingenieros que compitan con la empresa tradicional que es dueña del mercado? O hay gato encerrado.
El tener un mercado cuasi monopólico operando en nuestro estado está exacerbando la “economía de compadres”, lo que ha redundado en la mala fama del capitalismo, sin precisar que esta es una nefasta etapa que antecede al capitalismo funcional. Lo estamos viviendo en nuestro entorno y cruje por doquier.
El hecho de que una sola empresa, aunque cuidadosa de su desarrollo interno y de la calidad de los productos que manufactura, sea la dueña de los contratos gubernamentales desde hace años, nos muestra un serio fenómeno de corrupción política. En el medio de la construcción he conocido empresarios que afirman que está tan podrido el entorno gubernamental, que prefieren no trabajar para el gobierno. Así de plano.
Pero hay otros, con éxito relativo, que afirman ser el gozne que permite el avance del país, no obstante la inmundicia de los laberintos de la administración pública. Se asumen como santones que se sacrifican mediante la tolerancia a los negocios sucios que condicionan cada contratación. —Así es esto —musitan, para luego enorgullecerse de entregar obras de calidad.
Piensan que los ciudadanos debemos agradecer que haya profesionistas comprometidos, dispuestos a inmolarse por nosotros en el templo de los moches.
Ahora, cuento una vez más el asunto que conmueve a Guanajuato Capital. Inmersos en la labor cotidiana de la construcción y tolerando malas prácticas, la principal empresa del estado se rindió cuando el ejecutivo en turno le propuso un suculento manjar de ganancias extraordinarias. Los altos rendimientos resultaban tan apetitosos que soliviantaron la ambición sobre la prudencia. Se prometieron utilidades a manos llenas.
Sin darse cuenta, avanzaron por terrenos extremadamente peligrosos. Todo les había salido muy bien durante muchos sexenios, pero estaban tensando la cuerda innecesariamente al involucrarse en un negocio que mostraba sesgos de peligrosa irracionalidad. Los actuales políticos no reconocen límites. Un exgobernador, cuyos obscuros y torvos segundones le planearon un negocio temerario, plagado de despropósitos. Obnubilados por la avaricia, funcionario y empresario cruzaron la raya de la sensatez y se lanzaron, juntos, al vacío.
El negocio no era otro que la adjudicación precipitada de un par de concesiones carreteras que podrían rendir utilidades a mansalva, bajo la condición de que pasaran desapercibidas. Pero todo se vino abajo cuando se detectó el daño que sufrió la hacienda pública al entregar la carretera de cuota a la constructora voraz, con el fin de que utilizara esos ingresos para construir una nueva vía de peaje que quedaría también en sus manos por 30 años para su explotación. Una ganga a cargo del pago de peaje de los cuevanenses. El despojo resultó tan evidente que acabó en escándalo.
Así, la gran empresa terminó traicionándose a sí misma, quebrando sus publicitados valores de honestidad que le reditúan, según ellos, una reputación impecable. Enceguecidos por la avaricia, no advierten la acelerada pérdida de valor de su firma. Arrojan por la borda 60 años de labor profesional exitosa.
Automáticamente pasan a mezclarse con la escoria de la industria, como lo son las innombrables OHL, OHLA y Grupo Higa, las consentidas del exgobernador Enrique Peña Nieto, de triste memoria en el Estado de México.
Y miren ustedes si el destino no es socarrón: En marzo de 1965, Arcadio Serra, constructor de caminos, viajaba por la serpenteante carretera hacia Guanajuato a cobrar facturas al gobierno, cuando tuvo un accidente y volcó. Al ver el automóvil volteado, el Ing. Santiago Villanueva, que pasaba por ahí, paró su auto y bajó a ayudar y asistir al accidentado, al cual condujo a la capital. De ese hecho nació una gran amistad y confianza mutua, que utilizaron para crear una empresa dedicada a la construcción de infraestructura.
Muchos años después, inmersos en el conflicto de las concesiones tramposas, la gobernadora Libia García no reacciona ni nos protege. Prefiere encubrir a Diego Sinhué y pretende obligar a los capitalinos a seguir pagando peaje a la constructora consentida.
Mientras, los que no puedan usar la autopista por el alto costo del pago, pueden llegar a la capital por un camino estrecho, viejo y sinuoso; el mismo en donde Don Arcadio se accidentó.
Manejen con cuidado.
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