La reforma electoral en México ha vuelto a colocar en el centro del debate público uno de los pilares más sensibles de nuestra vida democrática: la autonomía de las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones. No se trata de una discusión menor ni coyuntural.
La autonomía del Instituto Nacional Electoral no fue una concesión graciosa del poder, sino el resultado de décadas de lucha frente a la llamada “dictadura de partido”, en la que participaron ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y fuerzas políticas de derecha, de izquierda y del propio PRI.
Esa autonomía constitucional del INE es una salvaguarda que costó sangre, persecuciones y, en no pocos casos, vidas humanas. Gracias a ella se logró desmontar un sistema electoral controlado desde el poder y se abrió paso a la alternancia, a la competencia real y a la confianza ciudadana en el voto. Por ello, cualquier reforma debe partir de una premisa irrenunciable: fortalecer, no debilitar, al árbitro electoral. Lo mismo debe aplicarse a los tribunales electorales, cuya independencia es indispensable para garantizar justicia y equidad en el juego político.
El tema del presupuesto del INE merece un análisis serio y responsable. Ahorrar recursos públicos es legítimo y necesario, pero el ahorro no puede convertirse en sinónimo de asfixia institucional. Reducir estructuras, capacidades técnicas o presencia territorial puede poner en riesgo la función esencial del organismo que garantiza elecciones libres y confiables. Una democracia cuesta, pero cuesta mucho más perderla. Debilitar al INE sería abrir la puerta a la desconfianza, a la polarización y al retroceso autoritario.
En este contexto, es relevante rescatar lo dicho por Claudia Sheinbaum respecto a que la autonomía del INE debe preservarse. Esa afirmación marca un punto de coincidencia fundamental que debería traducirse en acuerdos de Estado y no en cálculos de coyuntura. En cuanto a los diputados plurinominales, eliminarlos no parece una solución adecuada.
México cuenta con 500 diputados federales: 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Sin estos últimos, millones de votos quedarían sin reflejo en el Congreso.
La propuesta de que los plurinominales sean personas que hayan hecho campaña y tengan contacto directo con la ciudadanía resulta razonable y puede mejorar la legitimidad del sistema. Al mismo tiempo, es evidente el juego político de Morena y sus aliados para alcanzar mayorías legislativas. Sin embargo, una reforma democrática no puede ignorar a las fuerzas de oposición como el PRI y el PAN, que representan a sectores importantes de la sociedad y forman parte del equilibrio republicano.
Lo que sigue en este tema es esperar una propuesta de reforma terminada, analizarla con seriedad y debatirla sin descalificaciones. México debe preservar su democracia, su República y la separación de poderes. No podemos permitir retrocesos en conquistas históricas que nos colocaron como un referente internacional.
El reto es perfeccionar nuestro modelo electoral, no desmontarlo, y asegurar que siga siendo un ejemplo de pluralidad, legalidad y convivencia democrática..
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