En la reciente reforma a la Ley General de Salud, se reafirma a la donación “altruista” como principio rector del sistema de sangre en México. Esto no constituye una transformación estructural, al contrario, consolida un marco normativo que privilegia a la narrativa moral por encima de un diseño operativo de política pública y reproduce las condiciones que durante décadas han limitado la capacidad del sistema para ser garante de un abasto suficiente, seguro, oportuno y equitativo de la sangre y sus componentes.
El “altruismo” por definición, es una motivación individual. No es gestionable, medible, ni exigible por el Estado, pues depende de variables culturales y sociales heterogéneas. Al convertirlo en el eje rector del sistema de sangre, se traslada de manera implícita la responsabilidad del abasto desde las instituciones hacia la ciudadanía, lo cual es incompatible con los principios elementales de la salud pública. Ningún sistema crítico puede ni debe sostenerse de forma confiable sobre la “diligencia de procurar el bien ajeno, aún a costa del propio” de la población, siendo la experiencia acumulada en México una demostración clara y reiterada.
Durante décadas, el sistema de sangre mexicano ha operado bajo este paradigma con los mismos resultados consistentes y previsibles: captación insuficiente, dependencia de la donación por reposición, inequidades regionales persistentes y recurrencia episódica de desabasto. Estos resultados no pueden seguir siendo atribuibles a fallas “circunstanciales” de implementación, ni a déficits de “cultura” de la población y son evidencia histórica de que el altruismo, como mecanismo rector exclusivo, ha sido insuficiente. La reforma elude el reconocimiento de esta realidad.
Esta narrativa ética ahora en rango legal, hace más profundo el problema: el texto establece un modelo de donación moralmente “correcto” y lo transforma a referencia jurídica. En ese tenor, la ética ya no es un concepto de deliberación sino una prescripción y todo esquema que no encaje en esa definición queda implícitamente deslegitimado aún sin prohibición explícita. El borde entre lo técnicamente evaluable y lo moralmente aceptable se diluye y con ello la posibilidad de un debate basado en la mejor evidencia disponible se debilita.
Esta “moralización” convertida en ley, tiene consecuencias: las alternativas dejan de ser opciones legítimas de políticas públicas y pasan a ser potencialmente interpretadas como antagónicas a la legalidad o al “espíritu” de la legislación. Innovar es ahora jurídicamente incómodo e incluso la revisión con afán crítico se vuelve riesgosa. Con este marco legal el sistema se fija en una sola visión ideológica y reduce de manera sustantiva su capacidad de ajuste, aprendizaje y adaptación, incluso frente a esa evidencia histórica adversa.
La reforma expresa principios como el valor humano, responsabilidad social, necesidad permanente, seguridad, calidad, confianza y el “mayor bien para la población”, pero estos permanecerán en el plano declarativo pues de fondo no hay forma de traducir esa moralización a instrumentos operativos, obligaciones sistémicas, indicadores verificables, ni a consecuencias por incumplimiento. Ahora, los efectos sobre la gestión del sistema de sangre son previsibles: los directivos y otras autoridades optarán (afirmo con la responsabilidad de rigor) por esa inercia normativa incluso cuando el desempeño del sistema sea claramente insuficiente. Se privilegiará a la seguridad jurídica por encima de la efectividad sanitaria y se desalentarán intentos de explorar mecanismos alternativos que no se alineen con la narrativa, aun siendo técnicamente sólidos y demostrables con evidencia dura.
Por lo anterior, será complicado establecer un modelo explícito y claro de abastecimiento o el reconocer la heterogeneidad regional, además de dificultar la asignación de responsabilidad clara del Estado y se vuelve a dejar fuera a la sangre como un componente estratégico de la seguridad sanitaria. Ante este vacío, la simulación seguirá normalizada y las prácticas informales que sostienen el sistema de manera precaria, ahora se resguardarán por ese discurso que las invisibiliza en lugar de corregirlas.
De fondo se mantiene una confusión de planos que deberían mantenerse diferenciados: el de la ética personal que pertenece a ese ámbito de la decisión individual y el de la gobernanza e institucionalidad que pertenecen al de responsabilidad pública. Cuando se fusionan, la política pública se moraliza y la moral se vuelve institucional, lo que conlleva a un sistema que exige virtud al ciudadano, pero no un adecuado desempeño al estado, el cual invoca a la “solidaridad” mientras diluye su responsabilidad estructural de garantizar el acceso efectivo a un recurso esencial.
Esta reforma no transformará al sistema de sangre mexicano: lo inmovilizará. Está reafirmando una narrativa que ya demostró sus límites y consolidando a una inercia añeja como política, comprometiendo la capacidad de adaptación futura. Apela a garantizar valores, pero no el abasto. Presenta un discurso loable, pero no da certeza de que haya sangre suficiente. Ahora, cuando el desabasto, la falta de oportunidad, seguridad y equidad persistan (porque lo harán), no se podrán interpretar como una falla del modelo, sino como una insuficiencia del compromiso social. Esto último, la inversión de la responsabilidad, es la consecuencia más profunda y costosa de esta reforma.
En lo personal y con el apoyo de otros profesionales y expertos en el tema, seguiremos insistiendo en la necesidad de reconvenir el camino. Ojalá exista apertura para ser escuchados. Ojalá…
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