La reciente captura del canadiense Ryan Wedding y César Sepúlveda Arellano alias “El Botox”, representa un hecho relevante en el combate a la delincuencia organizada y, sobre todo, un mensaje político en un momento particularmente delicado de la relación entre México y Estados Unidos.
No se trata únicamente de golpes mediáticos, sino de señales claras de que el Estado mexicano actúa frente a una presión internacional creciente que ha puesto sobre la mesa, incluso, la posibilidad de intervenciones unilaterales en territorio nacional.
En este contexto de tensiones diplomáticas, la importancia de estas capturas radica menos en el nombre del criminal y más en el método. La cooperación bilateral, basada en inteligencia compartida, intercambio de información clasificada y acciones coordinadas, demuestra que es posible enfrentar a los cárteles sin violentar la soberanía nacional.
México no necesita tutelajes ni incursiones extranjeras; necesita colaboración entre Estados que se respetan y reconocen sus marcos legales.
“El Botox” fue identificado como uno de los principales responsables de extorsiones a productores limoneros en Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato del líder agrícola Bernardo Bravo. Su captura, y la eventual extradición a Estados Unidos, se suma a una lista de criminales entregados a la justicia norteamericana como parte de acuerdos formales. Esto confirma que la ruta institucional sigue abierta y funcionando, pese al ruido político y los discursos estridentes.
Ryan Wedding, es nada más y nada menos que uno de los criminales del top ten estadounidense, de los capos más buscados porque más daño ha causado a ambas naciones.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que con estas detenciones el problema está resuelto. En Michoacán y en el resto del país siguen operando figuras clave del crimen organizado. El caso más emblemático es el de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya capacidad operativa y de expansión sigue siendo un desafío mayúsculo para las autoridades federales. Su captura continúa siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
A ello se suma la permanencia en la clandestinidad de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que aún no han sido detenidos, por quienes el gobierno estadounidense ofrece recompensas millonarias. Estos líderes no son solo símbolos del narcotráfico, sino engranes activos de redes criminales que trascienden fronteras, lavan dinero, trafican armas y corrompen instituciones locales.
México ha extraditado en los últimos años a grupos importantes de capos criminales, algunos considerados intocables durante décadas. Estas acciones no deben verse como concesiones a Washington, sino como decisiones soberanas de un Estado que reconoce la naturaleza transnacional del crimen organizado. Es previsible que nuevos paquetes de extradiciones sigan ocurriendo, siempre que se mantenga el marco legal y el respeto mutuo entre ambas naciones.
Más allá de la polémica sobre quién captura a quién, o de qué país se atribuye el mérito, lo verdaderamente visible y relevante es la consolidación de una estrategia conjunta basada en inteligencia y coordinación. Cuando México actúa con firmeza y Estados Unidos coopera sin imposiciones, el combate al crimen avanza. Todo lo demás es propaganda. La seguridad no admite espectáculos, pero sí resultados.
De igual forma, se trabaja en no sólo cortar las cabezas del monstruo, sino en desarticular el cuerpo, que es un flagelo que aún puede ser combatido y derrotado..
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