Nadie la ha pedido o exigido. Ni los ciudadanos, ni la opinión pública, ni los comentaristas críticos -y ni siquiera los aliados orgánicos-, ni la oposición, ni los partidos satélite, vaya, ni siquiera los cuadros más relevantes del partido oficial. La situación del país parecería requerir otras prioridades. Vivimos día con día amenazados por Trump y sus cambios de humor: un día alaba a la Presidenta para al siguiente insistir -por desgracia, no sin cierta razón- que buena parte de México está en manos del crimen organizado. Pronto se iniciará la renegociación del tratado de libre comercio que nos liga a Estados Unidos y aquí, otra vez, estaremos sometidos a toda suerte de presiones.
Hace apenas unos días, con el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oceguera, El Mencho -sin que contemos aún con detalles suficientes de lo ocurrido-, se demostró justo la incapacidad del Estado para enfrentar a los delincuentes en muchas zonas. Esta versión 2.0 de la guerra contra el narco -que, como si fuera el newspeak de Orwell, la presidenta Sheinbaum denomina paz- de seguro acentuará la violencia en las semanas o meses subsecuentes, alterando por completo el discurso del gobierno en torno a la disminución de los homicidios. Y, entretanto, la extorsión se expande como hidra, convertida en una nueva normalidad: la corresponsabilidad entre el narco y las autoridades para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Y es justo en este alarmante contexto en el que la Presidenta se empeña en presentar su proyecto de reforma electoral. Difícil no sentirse desconcertado ante su insistencia, incluso cuando sus propios aliados -esos parásitos llamados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista- se oponen frontalmente a ella. ¿Qué razón la anima? ¿Qué busca realmente con ella? ¿Por qué usar buena parte de su capital político en una aventura que ella misma reconoce que podría fracasar estrepitosamente?
Justo cuando Sheinbaum posee un control absoluto sobre los tres poderes, cuando ha borrado los órganos autónomos, cuando la oposición continúa descabezada y cuando controla una abrumadora mayoría de gobiernos estatales, se arriesga a presentar esta iniciativa. ¿Qué oculta? Imposible creer que es resultado de su compromiso con el pueblo, que jamás la ha pedido. Sus motivos públicos -eliminar gastos superfluos, volver la contienda aún más democrática, suprimir los privilegios excesivos de los partidos y sus cúpulas- se encuentran en abierta contradicción con la actuación de Morena: un movimiento que sigue tan capturado por sus élites como el viejo PRI y que, desde su posición hegemónica, dispone de todos los recursos del Estado.
Según la Presidenta, su principal misión es reducir el abrumador presupuesto invertido en las elecciones. Es cierto que México tiene uno de los sistemas más costosos del mundo, pero ello se debe a los controles que ha debido generar para resistir toda suerte de presiones. Su modelo ha permitido unos niveles de confianza que hace años jamás habríamos imaginado. Eliminar buena parte de sus mecanismos, así como por un lado centralizar, y por el otro debilitar, la labor del INE, solo tendrá como consecuencia una mayor incertidumbre, acentuada con la desaparición del PREP.
La disminución de recursos a los partidos, aunque sin duda necesaria, parecería solo aplicarse a los que no tienen gobiernos locales a su disposición. La apuesta por deslindar a los diputados plurinominales de sus dirigentes, obligándolos a hacer campaña, solo aumentará esos gastos que se buscan evitar, con mayores posibilidades de que recursos del crimen organizado financien las campañas. Y, en fin, la eliminación de plurinominales en el Senado seguirá garantizando la mayoría calificada de Morena y sus aliados.
La cuestión es que tanto el PT como el PVEM ya han manifestado su oposición a la reforma: sus dirigentes no están dispuestos a renunciar a su riqueza ni a ceder el control sobre sus cuadros. Sin ellos, la reforma es imposible. A menos que ese sea, justo, el plan de Sheinbaum: echarles la culpa de su fracaso y así disminuir su dependencia de ellos. En tal caso, la maquiavélica reforma parecería solo un ejercicio de consolidación del poder de Morena. Paradójicamente, su único beneficio podría ser este: erosionar al fin a dos pandillas que no han hecho más que aprovecharse del sistema para medrar.