En una reciente conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la corresponsal de Revista Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa, formuló una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre con el rezago en la judicialización de las personas halladas muertas en fosas clandestinas? La interrogante aludía al caso de Salvatierra, donde se localizaron alrededor de 80 cuerpos, pero apenas uno ha derivado en una carpeta judicial concreta. Era una pregunta directa sobre justicia, no sobre ceremonias.
La presidenta cedió el micrófono a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respondió enumerando reuniones con colectivos de búsqueda, apoyos institucionales y la creación de memoriales para honrar a las víctimas. Todo eso es necesario y digno, un gran trabajo pendiente de atender y resolver, pero no respondió al punto central.
La pregunta era qué se hará para abatir el rezago en la judicialización, que compete a la fiscalía también. La respuesta fue un inventario de acciones administrativas, no una explicación de por qué los casos no llegan ante los jueces.
El problema es más profundo que una conferencia incómoda. En México miles de cuerpos han sido hallados en fosas clandestinas durante los últimos años, pero sólo una pequeña fracción termina en procesos penales por homicidio. El sistema de justicia produce una paradoja inquietante: aparecen muertos, pero no necesariamente delitos judicializados. Los cuerpos existen, las familias buscan, las excavaciones continúan, pero la maquinaria institucional rara vez logra convertir esos hallazgos en sentencias.
La razón es jurídica, forense y también política. Cuando un cuerpo es localizado en estado avanzado de descomposición, fragmentado o reducido a restos óseos, determinar la causa exacta de muerte puede resultar extremadamente difícil, pero no imposible, y menos hoy en día cuando la fiscalía desde los tiempos de Zamarripa presumía de una gran capacitación y de tecnología avanzada, pero por desgracia Sin transparentar la causa de muerte clara, sin identificación plena de la víctima y sin un responsable detenido, las fiscalías enfrentan enormes obstáculos para sostener una acusación formal por homicidio doloso ante un tribunal.
Así ocurre que muchos expedientes permanecen registrados como desaparición de personas o como hallazgo de restos humanos, pero no como homicidios judicializados. En términos estadísticos, el país puede mostrar una reducción en homicidios dolosos mientras aumentan los descubrimientos de fosas y los registros de personas desaparecidas. El resultado es un territorio donde existen muertos sin delito acreditado y víctimas sin justicia procesal.
El caso de Salvatierra ilustra esta contradicción con crudeza. Decenas de cuerpos exhumados en un mismo predio, una tragedia humana que estremeció al país (solo un caso entre docenas y cientos en esta entidad y en México), pero que hasta ahora ha generado apenas una judicialización concreta. Cada uno de esos cuerpos representa una historia interrumpida, una familia rota y una pregunta que sigue abierta: quién mató y por qué lo hizo.
La responsabilidad institucional recae principalmente en las fiscalías, que arrastran rezagos crónicos en investigación criminal, identificación forense y construcción de casos judiciales sólidos. México enfrenta una crisis forense que incluye miles de cuerpos sin identificar y laboratorios saturados. Mientras ese colapso técnico no se resuelva, la justicia seguirá caminando varios pasos detrás de la tragedia.
Por eso la pregunta formulada en la mañanera era más que legítima. No se trataba de descalificar esfuerzos de apoyo a víctimas ni de cuestionar memoriales. Se trataba de exigir algo elemental en un Estado de derecho: que los muertos tengan un delito que investigar y responsables que juzgar. Porque cuando un país acumula cadáveres sin proceso judicial, lo que se instala no es sólo la impunidad, sino una forma silenciosa de normalizar el horror..
jmto231967@gmail.com
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
