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Guanajuato capital.- La publicación del decreto que reforma el artículo 127 constitucional, cuya entrada en vigor ocurrió el 11 de abril de 2026, encendió la inconformidad de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes este miércoles se manifestaron afuera de las oficinas de la paraestatal en Guanajuato capital.

La modificación al artículo, impulsada por el gobierno federal, plantea la eliminación de las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios y funcionarios públicos. Además, establece que ninguna pensión o jubilación podrá superar el 50 % del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal.

A través de un pronunciamiento público y de manifestaciones en distintos puntos del país, como en las oficinas divisionales de la CFE en Guanajuato capital, extrabajadores de la dependencia expresaron su rechazo a la medida, al considerar que vulnera derechos adquiridos.

Estiman más de 50 mil afectados

De acuerdo con el Movimiento Nacional de Jubilados de Confianza de la CFE, la afectación no es menor. Estiman que alrededor de 5 mil jubilados de la CFE a nivel nacional y más de 50 mil al sumar otras dependencias, como Pemex, Banobras, Nafin y Luz y Fuerza, podrían verse perjudicados.

La principal es la violación al artículo 14 de la Constitución. La no retroactividad en perjuicio de cualquier ciudadano. Y esto está sucediendo”, señalaron.

Gerardo González, uno de los jubilados representantes del movimiento, explicó que a la protesta de jubilados acudieron extrabajadores de varios estados de la región.

“Es importante mencionarte que aquí no nada más hay gente de Guanajuato, aquí hay gente de Aguascalientes, aquí hay gente de de de Querétaro, aquí hay gente de Zacatecas, aquí hay gente de todas de todas las diferentes áreas que están cerca y que que depende de aquí de la División Bajío”, mencionó.

  • Protestas jubilados CFE Guanajuato

Los inconformes sostienen que sus pensiones son resultado de décadas de trabajo bajo reglas previamente establecidas, por lo que cambiar las condiciones de manera retroactiva representa una ruptura legal.

No estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo el respeto a los derechos adquiridos y el principio de no retroactividad de la ley”, afirmaron.

“Crea incertidumbre jurídica”

Durante la movilización, los jubilados buscaron entregar un escrito dirigido a la Dirección General de la CFE, División Bajío, para exigir claridad sobre el impacto real de la reforma. Advirtieron que el decreto publicado no cierra el proceso, sino que abre una etapa clave en su implementación.

La situación crea incertidumbre jurídica en el país, ya que se están modificando acuerdos contractuales firmados al momento de la jubilación, los cuales se basaron en años de servicio”.

Además, alertaron que este escenario trasciende lo laboral y podría afectar la confianza en el país. “Cuando un Estado modifica condiciones previamente reconocidas, envía una señal de que las reglas pueden cambiar incluso después de haber sido cumplidas”, señalaron, al advertir posibles efectos incluso en la inversión extranjera.

El movimiento reiteró que continuará manifestándose de manera pacífica y confió en que prevalezca el Estado de derecho, al considerar que lo que hoy ocurre podría sentar un precedente para otros sectores en México.

Desechan amparos por tope a pensiones

Tres jueces federales desecharon ayer, por notoria improcedencia, los primeros amparos contra la reforma Constitucional para reducir las pensiones de jubilados de paraestatales y la banca de desarrollo.

Los jueces Primero, Cuarto y Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa se negaron admitir tres demandas, porque desde noviembre de 2024, la propia Constitución prohíbe expresamente impugnaciones a sus reformas por medio de amparos.

Lo anterior, incluso cuando la reforma sea evidentemente contraria a reglas de la propia Constitución, en este caso, la aplicación retroactiva de un nuevo tope a las jubilaciones, que elimina los derechos adquiridos de unos 3 mil 400 jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Banobras y Nafin que ocuparon puestos directivos de confianza, y se beneficiaron de los generosos contratos colectivos de esas entidades.

El tope impide a cualquier jubilado ganar más del 50 por ciento de los poco más de 2 millones de pesos netos anuales que percibe la Presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, el máximo quedará en alrededor de 83 mil pesos mensuales.

Los inconformes pueden impugnar los desechamientos mediante recurso de queja ante los tribunales colegiados, pero no tienen posibilidad de revertir lo resuelto por los jueces.

Como parte de la ofensiva en medios para justificar la reforma a pensiones, la Secretaría Anticorrupción publicó listas con los nombres e ingresos de miles de jubilados, incluidos muchos que ganan menos que la Presidenta o menos que el nuevo tope.

Durante la discusión para aprobar la reforma, senadores de Morena justificaron que no se aplicará retroactivamente, porque los jubilados no tienen que devolver lo que ya han cobrado.

Cabe mencionar que la reforma no afectó los ingresos de militares y Ministros de la Suprema Corte de Justicia en retiro, que técnicamente no cobran pensiones por jubilación, sino “haberes”.

“Seguimos gobernando, pese a quien le pese”

En el marco de la entrada en vigor de la reforma constitucional que elimina las llamadas “pensiones doradas” a exfuncionarios de alto nivel, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó el 11 de abril que seguirá gobernando al pueblo de México “pese a quien le pese”.

“Imagínense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Pues ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la presidenta de la República, y eso ya está en la Constitución”, subrayó.

Sheinbaum insistió en que esta medida responde al principio de austeridad republicana y a la premisa de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, lo que —dijo— permitirá liberar recursos para programas sociales.

AVG

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