Hace unos días, un juez imputó a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno, en una vasta trama de corrupción. La acusación ha sacudido por completo a la democracia española: si el Partido Socialista recuperó el poder gracias a una moción de censura en 2018, fue precisamente para enmendar la inaudita corrupción que se había destapado durante el gobierno de su predecesor, Mariano Rajoy, del Partido Popular. “O corrupción o yo”, llegó a sostener en ese momento.
En los últimos meses, sin embargo, el propio PSOE se ha visto sacudido por lo mismo que denunciaba: en noviembre de 2024, el exministro de Transportes del propio Sánchez, José Luis Ábalos, fue imputado por cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos son los mismos por los que también ha sido imputado Rodríguez Zapatero, quien desde que dejó su puesto se había convertido en una especie de referente moral para los progresistas y en un asesor cercano del propio Sánchez.
Como era inevitable en esta época de polarización y cinismo exacerbados, tanto quienes se identifican con la izquierda como aquellos que lo hacen con la derecha se apresuraron a expresar su desazón o su rabia y a hacer un rápido uso político de la noticia: sin siquiera haber leído el auto del juez, los primeros de inmediato acusaron a sus rivales de lawfare, poniendo en duda la transparencia del proceso, mientras que los segundos, sin respetar ni por un momento la presunción de inocencia, dieron a Rodríguez Zapatero por culpable y exigieron la dimisión del propio Sánchez.
Conforme se ha conocido el contenido de la acusación, sin embargo, los indicios sobre las conductas al menos sospechosas del expresidente del Gobierno se han vuelto tan evidentes como inquietantes. En estos años, Zapatero -como suelen llamarlo en España- se había convertido en un mediador de buena fe entre Maduro y un sector de la oposición venezolana, si bien tanto Estados Unidos como otros opositores lo tacharon de aliado del régimen. Y ha sido justo en medio de ese ambiguo papel donde al parecer surgieron sus vínculos con los empresarios venezolanos ligados con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En esta complicada maniobra, en la que, según el juez, Zapatero intervino a favor de la aerolínea a cambio de distintos pagos a ella o sus hijas, aparece también la sombra de Delcy Rodríguez, la actual presidenta en funciones de Venezuela nombrada por Trump.
Para buena parte de la izquierda española, la sola imputación de Zapatero -así como los detalles de sus maniobras de lobbying- han supuesto una profunda decepción que, sumada al caso Ábalos, puede terminar por sepultar las posibilidades de que España siga siendo, a partir de 2027, uno de los pocos grandes países europeos gobernados por la izquierda.
Por supuesto, las resonancias del caso no se nos pueden escapar a los mexicanos, que en este momento vivimos un caso en muchos sentidos paralelo: la acusación contra Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve exfuncionarios suyos, por parte de una fiscalía estadounidense, lleva a conclusiones semejantes: la decepción frente a quienes llegaron al poder enarbolando una nueva limpieza y transparencia solo para revelarse, al cabo, tan corruptos como sus predecesores.
Resulta intolerable querer argumentar que los otros -sus rivales de derecha- han sido aún más corruptos: si una fuerza política convierte la lucha contra esta lacra en su mayor bandera, y eso la lleva al poder, está obligada a asumir una mayor responsabilidad frente a ella. Ya sea en el caso español, donde algunos insisten en asumir una motivación política en el juez, o en el mexicano, donde la presión de Trump sin duda debe resistirse, lo que conviene es un brutal ejercicio de autocrítica, en vez de una burda defensa basada en la rota moralidad de los enemigos. Si aún aspiran a resultar creíbles, tanto Pedro Sánchez como Claudia Sheinbaum deben dejar las defensas a ultranza de sus aliados y tomar medidas extremas contra quienes han traicionado sus principios.
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