El presidente electo estaba embriagado de poder; había llegado el momento de cobrar viejas cuentas a quienes creía que habían sido los artífices de su derrota en 2006. Comenzaba a gobernar antes de asumir el cargo. El último presidente del PRI alistaba su retiro y lo que quería era el olvido.

Con todo el odio acumulado durante doce años, el presidente electo decidió “dar una lección” a sus adversarios, identificados como todos aquellos que podían destacar por el mayor proyecto de infraestructura de Latinoamérica: el NAIM, o Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Acusó corrupción en el proyecto, inventó fallas inexistentes en su construcción e ingeniería. Mintió.

Había que destruir el pasado, lo bueno y lo útil, porque no era de él; no le pertenecía a su movimiento triunfante. Azorados, vimos el estilo de gobierno de la izquierda que llegaba al país. En pocos meses la inversión cayó, la confianza se derrumbó y 2019 fue un año perdido. A poco de tomar posesión, el presidente comenzó a traicionar sus propias palabras de inauguración. Desde conservar estancias infantiles hasta respetar la autonomía de otros poderes. Infatuado, comenzó “grandes proyectos” como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

Llegó la pandemia y quedó paralizado: primero, negando la realidad de lo que venía, y luego permitiendo que un solo hombre encabezara la defensa de la población. Falló. Murieron por Covid-19 unos 800 mil mexicanos que no tuvieron acceso a servicios médicos a tiempo.

Tampoco hubo, como en otros países, apoyo a las empresas. El PIB cayó un 8 % en el 2020 y nunca recuperamos el promedio de ingreso por habitante que teníamos en 2018. Frente a las necesidades de financiamiento de los proyectos del presidente, se solicitaron 9 billones en préstamos durante el sexenio. Pero no era sólo la necesidad de los 500 mil millones del tren o de los 400 mil millones de la refinería en Tabasco. También fue un billón para que Pemex no dejara de funcionar y muchos billones más en la estrategia electoral de las pensiones universales.

El país resistió, pero la hipoteca que impuso la 4T al Estado se considera un gran freno al crecimiento y al futuro económico del país. Los motores de la inversión pública y privada en infraestructura rentable se redujeron. Sin saberlo, el presidente sembraba la semilla de lo que puede ser el fin de su movimiento convertido en gobierno. Solo un cambio radical de rumbo económico puede evitar un colapso futuro.

Hay que resolver la crisis de Pemex. Necesitamos incentivos universales para elevar la productividad nacional.Sin energía no hay futuro y solo tendremos suficiente si se libera su producción. Necesitamos una verdadera reforma fiscal también.

Sobre todo, es necesario que el sectarismo de la 4T dé paso a la unidad nacional. Ningún gobierno de izquierda racional divide y estigmatiza; ninguno rompe a la sociedad en dos, y quienes lo hacen, tarde o temprano, pierden el poder. Salvo las dictaduras.

Durante el gobierno del presidente, el país no ganó en seguridad ni en salud y educación; tampoco en infraestructura eléctrica ni en producción de petróleo. Nuestra soberanía es una mentira si seguimos dependiendo de Estados Unidos para iluminar nuestras casas, oficinas y fábricas, o si nuestros vehículos dependen de la importación de gasolina y diésel.

“Es la economía, estúpido”, dijo Bill Clinton en los noventa cuando le ganó a George Bush. Justo eso: no es la oposición el gran adversario de la izquierda mexicana; es la economía.