León, Guanajuato.- En mayo de este año se dio a conocer una recomendación de Derechos Humanos dirigida a la Policía de León por la detención arbitraria de un hombre que afirmó que, al observar que agentes arrestaban a su hijo, preguntó el motivo, recibió insultos y, aunque se replegó, los oficiales lo siguieron, ingresaron al domicilio sin una orden y también lo detuvieron.
El quejoso alcanzó a marcar a la línea de emergencias 911 para reportar los hechos, pero presuntamente elementos policiales lo amenazaron; la operadora colgó y a él se lo llevaron acusado de alterar el orden público.
Por estos hechos, cuatro policías municipales deberían ser investigados, capacitados y tener una copia de la recomendación 0254/2023 agregada a su expediente. Los cuatro agentes continúan en funciones.
De 2025 a la fecha, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPPC) de León ha recibido al menos 19 recomendaciones de derechos humanos, en su mayoría por detenciones arbitrarias contra ciudadanos que denunciaron golpizas, amenazas y malos tratos, incluidos casos relacionados con personas menores de edad.
Esto, de acuerdo con un recuento realizado por AM con datos publicados por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), donde se indica que de las 19 recomendaciones, 16 fueron dirigidas a la Policía Municipal y tres a la Policía Vial, acreditándose conductas relacionadas con la vulneración de derechos como la integridad personal, la integridad física y la seguridad jurídica.
Solo uno de los 19 casos se refiere a una situación distinta: el ingreso no autorizado a un domicilio por parte de agentes municipales. Se trata del expediente 2384/2024, hecho público en noviembre de 2025, en el que se acreditó que seis agentes omitieron salvaguardar el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio del quejoso, quien no fue detenido, a diferencia de lo ocurrido en el expediente 0254/2023.
Cuatro policías y un presunto escandaloso
Este año, la Secretaría de Seguridad de León ha recibido cuatro recomendaciones, entre ellas la 1217/2024, en la que se acreditó la violación de derechos de feministas, también por detención arbitraria.
En la recomendación más reciente, correspondiente al expediente 0254/2023 y publicada en la página de la Procuraduría de los Derechos Humanos a mediados de mayo, se indica que el quejoso —de cuya identidad, al igual que la de los agentes involucrados, la Prodheg omite información— señaló a policías municipales de León y a elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) por ingresar al domicilio por la fuerza.
“Escalaron al techo e ingresaron a la casa por el patio, por lo que marcó a la línea de emergencias 911 para reportar los hechos”.
Afirma también que “mientras -el quejoso- hablaba con la operadora del 911, un FSPE le apuntó con ‘metralletas’ y le preguntó con quién hablaba, quitándole el teléfono; posteriormente FSPE lo sacaron del domicilio para entregarlo a PM (Policía Municipal)”.
Sin embargo, la participación de agentes de las FSPE no fue acreditada por personal de Derechos Humanos. Sí se confirmó la intervención de cuatro elementos municipales: tres policías preventivos y una agente vial.
El relato indica que la agente identificada como PM-03 señaló al quejoso por obstaculizar la detención de otra persona —su hijo, acusado de intentar ingresar a un domicilio que no era suyo—, por lo que también fue detenido, aunque en un lugar distinto al interior del domicilio.
No obstante, existe una grabación de la llamada al 911 en la que se escucha al quejoso advertir a la operadora:
“Unos policías se andan brincando a mi casa (…)”.
“¿Le indicaron algún motivo? ¿Tiene alguna orden o algo?”, responde la telefonista.
“No, se están brincando a la brava, incluso ya me encerré”.
Más adelante se escuchan dos voces masculinas:
“¿Por qué te brincas?”, “¿con quién hablas?”.
Poco después, la operadora responde:
“¿Bueno? ¿Bueno? (…) ¿Bueno? Debo cortar comunicación, agradezco su comprensión”.
La grabación termina.
Esto llevó a la Prodheg a establecer que PM-03, PM-04, PM-05 y PM-06 omitieron salvaguardar los derechos humanos del quejoso a la seguridad y libertad personal en su vertiente de detención arbitraria.
Asimismo, de la transcripción de la llamada se desprenden elementos de prueba que permiten presumir como verdad razonable lo expuesto por el quejoso respecto a que fue detenido dentro del domicilio en el que se encontraba, incumpliéndose disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.
La Procuraduría de los Derechos Humanos exhortó a la SSPPC a iniciar una investigación para deslindar responsabilidades, agregar la resolución a los expedientes personales de los cuatro agentes y brindarles capacitación en materia de derechos humanos, con énfasis en seguridad y libertad personal, entre otras medidas de reparación.
AM solicitó vía Transparencia información complementaria para conocer si los oficiales fueron sancionados o dados de baja.
La SSPPC respondió que los cuatro continúan activos y que el cumplimiento de la recomendación se encuentra en trámite, aunque ya se tienen programadas capacitaciones en materia de derechos humanos para los elementos policiales.
HLL
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