Esta semana se dieron a conocer nuevas noticias sobre el escándalo de empresas proveedoras del Municipio y que podrían ayudar a descubrir el modo de operación para lograr beneficios indebidos a ciertos servidores públicos u otras personas.
Sin embargo, al margen del ruido mediático que se ha generado, hay algunas piezas en todo este rompecabezas que nos dan luz de cómo era el funcionamiento de estas empresas y el patrón que seguían.
Una pieza interesante se puede encontrar en una nota que salió publicada en este diario el pasado 14 de junio, en la que se da cuenta de la detención de un exadministrador nacional del SAT, a quien se le acusaba de enriquecimiento ilícito y de pertenecer a “una red de empresas fantasma”.
Como ya se había consignado en esta columna publicada el 1 de mayo, un patrón que seguían las empresas que han sido señaladas como proveedoras del Municipio es que se constituían en León, pero posteriormente se les cambiaba su domicilio fiscal a la Ciudad de México, lo cual permitía concluir que esta red de empresas podría haber sido controlada por alguien ubicado en la CDMX y con influencias en el SAT.
Otra pieza importante se descubrió esta semana, cuando se pudo concluir que varios de los accionistas de estas empresas sí acudieron físicamente a firmar la escritura constitutiva, aun cuando ellos lo niegan y manifiestan desconocer totalmente que eran socios de empresa alguna.
Por ejemplo, la Sra. Amalia Vázquez Sánchez, que aparece como accionista constituyente de la empresa Centro Publicitario y de Marketing TLGR, manifestó a este diario: “no soy accionista, ni nunca había escuchado el nombre de esa empresa”, y cuando se le preguntó si alguna vez había acudido a firmar a la oficina del fedatario público que constituyó la empresa, dijo: “Jamás he acudido a ese lugar… yo no firmé ningún documento”.
El sistema digital de control de acceso del edificio donde tiene su oficina el corredor público que constituyó la empresa TLGR, y que es una plataforma independiente y ajena al fedatario, confirma mediante fotografías de la credencial de elector y memoria de registro que la señora Amalia Vázquez acudió a la oficina del corredor público el día 12 de febrero de 2019 a las 10:29 horas.
Otro caso es el de la señora Rosa Fabiola Martínez Gómez, quien aparece como accionista de otra empresa involucrada llamada García y Vaknin y Asociados, y quien igualmente manifestó a este diario: “Yo no he ido a ningún lado a hacer una empresa” y aseguró que “tampoco acudió a la correduría pública donde se crearon las empresas”. El mismo sistema digital muestra que la señora Fabiola acudió a la oficina de la correduría pública el día 19 de noviembre de 2020 a las 14:53 horas. Se puede presumir que ambas mintieron.
Con estas evidencias, queda descartado el hecho de que las personas que aparecen como accionistas no sabían que sus nombres aparecían en la empresa, y más bien todo apunta a que dentro de la red de empresas hay un eslabón que falta ser identificado: quién coordinaba todo para “conseguir” personas que vivieran en colonias populares, y estuvieran dispuestos a acudir a firmar documentos ante un fedatario público, ¿a cambio de qué?
Para que todo este entramado funcionara, una pieza importante es la que podría desempeñar alguien al interior del Municipio que pudiera influir en otorgar contratos por asignación directa a estos proveedores, alguien con el suficiente poder para no ser cuestionado; creo que ya todos sabemos de cuál exfuncionario estamos hablando. No hay pruebas, pero tampoco hay dudas.
