Irapuato.- Ciento cincuenta colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos, académicos y familiares de desaparecidos emitieron un pronunciamiento conjunto para exigir a las autoridades de Guanajuato fortalecer de manera urgente las medidas de protección para buscadoras, transparentar las investigaciones de las agresiones en su contra y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
El posicionamiento se da unos días después del asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, la noche del 24 de junio en el municipio de Pénjamo, hecho que señalaron, evidencia el riesgo permanente que enfrentan quienes buscan a un familiar desaparecido.
En el documento, los colectivos recordaron que Patricia fue asesinada al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo y señalaron que su caso se suma al de otras ocho buscadoras asesinadas en Guanajuato desde 2018, además de que seis permanecen desaparecidas.
Por ello, afirmaron que la entidad se ha convertido en “la más peligrosa para quienes buscan a su familiar”.
Los firmantes denunciaron que existe una falta de información pública sobre los avances de las investigaciones relacionadas con asesinatos, desapariciones y agresiones contra integrantes de colectivos de búsqueda, situación que dijeron, obstaculiza el esclarecimiento de los casos y profundiza la incertidumbre de las familias.
Por ello, solicitaron a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste presentar un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones, detenidos y los resultados en los casos de violencia contra buscadoras.
Asimismo, sostuvieron que, pese al cambio en la titularidad de la Fiscalía General del Estado, persisten prácticas que limitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la rendición de cuentas para las víctimas.
“El vacío de información y justicia ha generado un ambiente de impunidad y zonas de silencio que dificulta la búsqueda, y profundiza la incertidumbre y la exposición a riesgos de quienes sobrevivimos a la violencia”, señala el posicionamiento de los colectivos.
También exigieron detener cualquier forma de criminalización hacia los desaparecidos y sus familias, al considerar que la desaparición debe analizarse desde una perspectiva integral que contemple factores como la violencia, el desplazamiento forzado, el reclutamiento por grupos criminales y posibles actos de corrupción o colusión de autoridades.
Finalmente, hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno para “asumir plenamente su responsabilidad, fortalecer la coordinación institucional y garantizar condiciones seguras para las búsquedas”, al advertir que “las familias no elegimos vivir esta tragedia ni convertirnos en blanco de ataques”.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, desde Irapuato, donde encabezó una rueda de prensa sobre los avances de la Alerta de Género en Guanajuato este viernes, aseguró que la administración estatal mantiene reuniones periódicas con los colectivos y reconoció que aún existen retos importantes.
“Sabemos que hay mucho por hacer, no estamos diciendo que todo está resuelto; al contrario, requerimos esta coordinación”, declaró.
El funcionario informó que alrededor de nueve buscadoras cuentan con medidas de protección; que las búsquedas de campo se realizan con acompañamiento de elementos de Policías Municipales, de la Guardia Nacional o de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado cuando así se solicita.
Dijo que durante 2026 se han efectuado más de 350 búsquedas con apoyo institucional, además de otorgarse 17 apoyos inmediatos a madres buscadoras.
Jiménez Lona reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá el respaldo a los colectivos.
“Con los colectivos tenemos ese compromiso, el apoyo y el respaldo del Gobierno del Estado. Vamos a seguir apoyando y colaborando; requerimos la retroalimentación y la información para poder hacer nuestro trabajo”, afirmó.
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