El contralmirante Fernando Farías Laguna vuela hacia México, custodiado por funcionarios que viajaron a Argentina para traerlo en un avión oficial. Sólo el líder de “La Barredora” y jefe de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, recibió el mismo trato de repatriación VIP desde Paraguay. Los dos exfuncionarios durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son de gran valor para las investigaciones sobre la delincuencia desde el poder.
Saben mucho, o todo, sobre el negocio del huachicol fiscal, la estafa pública y privada más grande de la historia nacional. Hernández Requena no habla desde que lo trajeron; no declara ni filtra nada a su favor. Farías Laguna no dice mucho, salvo su temor a perder la vida, como sucedió con otros miembros de la Marina y de la Fiscalía General de la República.
En manos de las autoridades de la Fiscalía General sería gravísimo que alguien se atreviera a atentar contra su vida o la de los suyos. Su dilema, mientras vuela desde Buenos Aires, será hablar de lo que sabe o callar como momia para evitar una larga condena. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, está en prisión y desde hace tiempo ha solicitado que se abra la denuncia en la que se le señala como líder del entramado nacional del contrabando de combustibles. Algo que nadie cree porque, independientemente de su culpabilidad o inocencia, las audiencias tienen conciencia de que un negocio de cientos de miles de millones de pesos no pudo armarlo un par de marinos de segundo mando sin la cooperación de muchos otros, cientos de ellos, desde los aduanales, los transportistas y los gasolineros que compraban con descuento los combustibles.
El dilema para el gobierno también es si abrir la información o guardarla en un cementerio. El dilema también es para la fiscal Ernestina Godoy, para la presidenta Claudia Sheinbaum y para cientos de morenistas que saben todo lo que sucedió, entre ellos Andy López Beltrán.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos también lo saben. Ellos, como buenos jugadores de póker, no muestran todas sus cartas de una vez. Mientras un funcionario como Christopher Landau amenaza con aumentar el fuego de la hoguera y dar más show a las audiencias, el líder de la DEA, Terry Cole, aplaude al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por su excelente colaboración con su institución.
Quienes tomaron la decisión de hablar para salvar su cuello fueron el general Gerardo Mérida, secretario de Seguridad en Sinaloa, y Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, quien fuera ultimado en una barbería de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Dicen que hay una lista de ofertas de información de muchos funcionarios que quieren hablar en Estados Unidos. Una de ellas fue Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Como se ha dicho hasta el cansancio, las agencias norteamericanas saben todo: conocen la vida y las obras de la mayoría de los políticos.
Ese enorme costal de información es como una enorme piñata que quieren romper con muchos palos: traen uno, TV Azteca, el PAN, el PRI, Carlos Loret de Mola, Azucena Uresti, Ramón Alberto Garza y docenas de periodistas y políticos adversarios de la 4T. También los hay dentro de Morena, esos que no vieron bien la tolerancia de AMLO al crimen organizado, a la corrupción y a la destrucción de las instituciones. También en Morena hay gente que quiere romper la piñata, como un ejercicio de depuración en su partido. Todos tienen un dilema.
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