La angustia electoral se implantó, como cada tres años, en Guanajuato. Ya todo bascula bajo la lógica del voto. Solo eso interesa. Todo lo demás: seguridad pública, justicia, educación, salud, ciencia, infraestructura, son cuestiones marginales, de escaso valor en estos tiempos aciagos en los que el voto reina sobre cualquier otro interés.
Los politicastros mexicanos, guanajuatenses incluidos, se han acostumbrado a enfrentar esta zona de turbulencias mediante el uso de dinero. Casi todos los gobiernos y sus partidos hacen equipo para saquear los dineros públicos a través de contratos y extorsiones por permisos y licencias, para tener forma de comprar los sufragios necesarios para ganar la elección. Así lo han hecho.
Sin voto libre, la democracia caduca. La impecable lógica para que un sistema republicano funcione y el pueblo elija buenos gobernantes y representantes populares se desfonda cuando se permite la compraventa de votos. El voto se captura y las personas pierden su condición de ciudadanos, para transformarse en esclavos electorales. Solo sirven a los gobernantes para emitir sufragios por ellos.
Al vender el voto, vendieron el gobierno o entregaron la representación a intereses ajenos. Todo se pierde y las propias votaciones pierden sentido. De esa manera deja de ser funcional la instalación de casillas, la votación, el conteo y la generación de resultados. Todo se degrada cuando la libertad personal no se usa para remover políticos deshonestos e ineficaces y votar por las mejores postulaciones.
Pero a nadie pareció importarle esto desde los tronos de las partidocracias. Se dedicaron a encumbrar incondicionales y al alegre reparto de los presupuestos públicos. Mientras tanto, una nueva opción ultrapopulista ofreció a la ciudadanía comprarle su voto mediante la entrega indiscriminada y universal de dinero, disfrazado todo de programas asistenciales.
La historia económica enseña que la conformación de economatos -en el sentido que lo expresaba el filósofo Antonio Escohotado en su ensayo Los Enemigos del Comercio– consiste en la construcción de un modelo de distribución de beneficios centralizado, tutelado y racionado por el poder político, utilizando nuevos mecanismos bancarios, como tarjetas electrónicas, para dispersar dinero entre la ciudadanía. La ocurrencia va a acabar mal. No es función de un gobierno la manutención de sus ciudadanos… no habrá presupuesto que alcance. En muy poco tiempo lo veremos.
Sabiendo esto, Morena buscó otros métodos de financiamiento de sus campañas y los encontró en las alianzas con poderosos grupos criminales, dueños de cash, muy oportuno para la compra de votos. El intercambio planteado era obvio: votos por posiciones en el gobierno para los nuevos socios, especialmente en las áreas de seguridad, obras públicas y contrataciones. Desde allí se podía lavar el dinero ilegal y apoderarse de todo el gobierno. En tanto, todos los actores ganaban.
Incluso otras formaciones políticas, viendo las ventajas del modelo, lo adoptaron también. Guanajuato no fue la excepción. En su momento se denunció que, en las elecciones de 2024, habían salido electos cuando menos ocho candidatos con vínculos criminales. Nada se ha sabido hasta la fecha.
El sistema se veía fuerte y consolidado. A Morena le hizo ganar 23 entidades federativas y el negocio iba viento en popa. Sinaloa, el estado más adelantado del modelo, se cogobierna con los herederos del Chapo. Los negocios del gobernador Rocha y sus hijos, con otros políticos y empresarios adeptos al oficialismo, prevén ganancias incalculables. El plan estaba funcionando.
Pero la combinación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional con la Orden Ejecutiva 13224 en EEUU, permite catalogar como “Terroristas Globales Especialmente Designados” a diversos cárteles mexicanos. Un relámpago cayó sobre el amado proyecto electoral de los politicastros mexicanos.
A partir de allí las investigaciones del gobierno de Estados Unidos incorporaron la operación electoral en Sinaloa dentro de las acusaciones sobre “protección política y facilitación a favor de organizaciones criminales”. La coacción y compra de voto entran en escena.
Sobre Guanajuato y su modelo de ganar elecciones imitando a los morenos -Tarjeta Rosa- y el temerario experimento llevado a cabo desde la Jefatura de Gabinete del pasado gobierno para capturar el voto ciudadano, mediante compra masiva y clientelización para el clan Navarro-Smith y el Partido Acción Nacional en Guanajuato Capital, el futuro pinta negro. Las trampas electorales son alérgicas al control y susceptibles de mostrar trazos de contubernio con el crimen organizado. Si esto sucede, no hace falta ser morenista: cualquier grupo político puede inscribirse automáticamente en los perfiles delincuenciales modelados en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Visas ciao.
Para rematar, resultará importante el posicionamiento del INE y del IEEG, para que adviertan desde ahora los riesgos que se corren si insisten políticos y partidos en alterar la libertad de voto, comprándoselo a malos e indignos ciudadanos. Yo que usted, no comercializaría mi voto… también pueden acabar perseguidos como terroristas.