En política, la lealtad suele durar lo que dura la conveniencia. Cuando el poder aprieta, los amigos se convierten en responsables, los colaboradores en sospechosos y los adversarios en criminales antes de que un juez haya dictado sentencia. El caso de Chihuahua exhibe esa vieja costumbre: repartir culpas con velocidad de campaña y dejar que los tribunales intenten alcanzarlas.
La lealtad es fidelidad, respeto y compromiso con una persona, una causa o unos principios; exige honradez y coherencia, incluso en la adversidad. Pero no significa obediencia ciega ni complicidad: ser leal también implica decir verdades incómodas y, sobre todo, no traicionar los propios principios para salvar a quien ayer compartía nuestra mesa.
Maru Campos parecía perfilarse como una figura presidenciable; hoy, por su manejo público de la crisis con su exfiscal César Jáuregui y su desencuentro con Claudia Sheinbaum, corre el riesgo de convertirse en una figura denostable. En el tribunal de la opinión pública, su imagen de aliada política se ha deteriorado.
Para algunos, la gobernadora encarna ya la deslealtad más acabada del cuento: esa que no reconoce compromisos cuando empieza a repartir responsabilidades. Y, como diría la jiribilla popular, no traiciona ni a su gato porque no tiene.
El origen de la crisis está en el operativo de abril en El Pinal, Chihuahua, contra laboratorios clandestinos, tras el cual se conoció la participación de agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA. Dos de ellos murieron, junto con dos funcionarios mexicanos, en un accidente vehicular. La falta de autorización federal y de información oportuna abrió una crisis de soberanía y responsabilidades. Jáuregui renunció y fue detenido en octubre; enfrenta procedimientos estatales y una acusación federal por presunta traición a la patria. Nada de ello equivale, por sí mismo, a una sentencia condenatoria.
La gobernadora sostiene que desconocía los detalles de la participación extranjera y ha señalado responsabilidades dentro de la Fiscalía. Jáuregui quedó en el centro de las investigaciones. ¿Dónde termina la responsabilidad administrativa y comienza la penal? ¿Quién conocía qué, quién autorizó qué y quién tenía la obligación de informar? Esas preguntas deben responderse con documentos, testimonios y pruebas, no con el conveniente recurso de señalar al subordinado cuando la responsabilidad amenaza con subir por la cadena de mando.
La controversia escaló cuando Campos relató a Carlos Loret de Mola su encuentro con Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez. La gobernadora describió una reunión tensa, con reproches y voces elevadas; la presidenta confirmó el desencuentro, pero negó que existiera un pacto para responsabilizar exclusivamente a Jáuregui. La relación entre ambas quedó exhibida en público.
¿Deslealtad política? Cada ciudadano puede formarse una opinión. ¿Responsabilidad penal de la gobernadora? Eso exige una investigación sustentada y, en su caso, una resolución judicial.
Como persona, antes que como jurista, me indigna la facilidad con que la política convierte la sospecha en condena social. Hoy se señala a Jáuregui como traidor; otros han sido llamados criminales sin que exista una sentencia firme que los declare culpables.
La presunción de inocencia no se suspende porque el acusado nos caiga mal.
Ahí está una de nuestras mayores contradicciones: proclamamos la presunción de inocencia mientras toleramos que la prisión preventiva oficiosa prive de la libertad a personas sin condena, por el solo encuadramiento de su caso en determinados supuestos legales.
Ernesto Ruffo no puede ser culpable porque 100 políticos “dijieron”, o inocente porque otros tantos lo defiendan, sino porque así lo demuestre una fiscalía y lo determine un tribunal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro vs. México, cuestionó estas prácticas por vulnerar derechos fundamentales. La justicia no debe ser una pena anticipada ni un instrumento de escarmiento político.
¿Procedería un juicio por traición a la lealtad contra Maru Campos? No existe tal delito. Sí cabe el juicio ético y político de una ciudadanía que observa cómo se rompen alianzas, se trasladan responsabilidades y se administran las verdades según la conveniencia.
La política, en su sentido noble, debería ser servicio a la comunidad; en su versión más degradada, se vuelve el arte de salvarse a costa de los propios allegados.
La lealtad no obliga a encubrir errores ni a proteger amistades. Obliga a no mentir, a no abandonar principios y a asumir la propia responsabilidad. Si alguien traicionó la ley, que lo demuestre la justicia.
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