Salamanca.- Entre el 2025 y julio del 2026, el Gobierno Municipal de Salamanca erogó millones de pesos para el mantenimiento y reparación del sistema de videovigilancia del C4. Sin embargo, la administración reservó por 5 años la información que comprueba si los equipos realmente funcionan, cuántos están inoperativos o cuál es la fuerza humana asignada al monitoreo.
Pese a que en la solicitud de acceso a la información con folio 223019760000826 se precisó que no se requerían mapas, coordenadas ni la ubicación táctica de los dispositivos, la jefatura del 911 y la dirección general de Seguridad Pública municipal alegaron que revelar cifras globales pone en ventaja a la delincuencia, dejando en la opacidad el impacto real del recurso ejercido.
La respuesta oficial entregada a través de la Unidad de Transparencia expone contradicciones e inconsistencias en los reportes financieros presentados por las distintas dependencias municipales.
Por un lado, mediante los oficios DGS/DJ/0683/2026 y S-911/1405/2026, el director jurídico de Seguridad, Marcos Martínez Guerrero, y el jefe del 911, Ángel de Jesús Vega Segoviano, reportaron un gasto de un millón 603 mil 535 pesos con 43 centavos en 2025 y 577 mil 777 pesos con 44 centavos entre enero y julio del 2026, adjudicando la totalidad de los servicios a la empresa Tecnologías y Sistemas Integrales IP Security & Communication Systems, S.A. de C.V.
Sin embargo, el informe de la dirección general de Recursos Materiales (oficio DGRM/355/2026), firmado por José de Jesús Domínguez Barrientos, así como los reportes de Tesorería y Egresos municipal, revelan que en 2025 los pagos se dividieron con una persona física. Se asignaron un millón 285 mil 738 pesos con 93 centavos a Felícitas Guerra Uribe y únicamente 453 mil 995 pesos a Security & Communication Systems, S.A. de C.V.
Para el ejercicio 2026, Recursos Materiales detalló un contrato de un millón 299 mil 999 pesos con 24 centavos con la citada empresa, mientras que Tesorería y Egresos reportaron ejecuciones de pago entre los 404 mil y 563 mil pesos al corte de julio.
A la par del desglose financiero, la corporación policiaca aplicó un candado informativo. Con fecha del 14 de agosto del 2026, la dirección general de Seguridad Pública y la jefatura del 911 emitieron de forma paralela los acuerdos de reserva 19/2026 y 20/2026, fundamentados en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Transparencia del Estado.
Con ello, clasificaron como reservada por 5 años la cifra global y porcentaje de cámaras operativas e inoperativas, la cantidad de arcos carreteros y lectores de placas en función, y el número de operadores asignados al monitoreo por turno.
En su prueba de daños, las autoridades justificaron que hacer pública esta capacidad facilitaría la planeación de delitos de alto impacto y pondría a la delincuencia un paso adelante de las fuerzas de seguridad.
Opacidad genera desconfianza: Observatorio
Esta opacidad frena la fiscalización y genera desconfianza sobre los resultados del gasto público, advirtió César Gómez García, director del Observatorio Ciudadano “Unidos por Salamanca”.
“Si no hay transparencia, si no hay manejos de recursos, pues se interpreta mucho esos sospechosismos… Nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, pues tenemos el derecho a saber hacia dónde se está gastando el dinero. Y si no se gasta bien, pues va a generar un tema de desconfianza”, aseveró Gómez García.
El representante del organismo sostuvo que la negativa a transparentar la efectividad del equipo impide corroborar si los contratistas están cumpliendo y afecta la percepción ciudadana sobre la seguridad. Por ello, hizo un llamado a la población para ejercer presión social y exigir cuentas claras.
“Ojalá que las cosas cambien, que nosotros como ciudadanos realmente tengamos esa fuerza de poder exigir las cosas. Que se transparente todo lo que se está gastando, porque después empiezan los falsos pronunciamientos y no hay fundamentos”, sentenció.
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