La presidenta Claudia Sheinbaum planteó al gobierno de Hidalgo explorar, junto con el Gobierno Federal, nuevas alternativas para el terreno donde se proyectaba el Parque de Economía Circular en Tula, luego de que el predio quedó en propiedad total de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras absorber el pago completo de los terrenos, informó el gobernador Julio Menchaca.
El gobernador explicó que, derivado de la consulta popular realizada en la región y de los diálogos sostenidos el 5 de enero en Tula, la presidenta propuso analizar otras posibilidades para el uso del espacio. Detalló que existía un adeudo del gobierno estatal relacionado con esos terrenos, el cual Pemex cubría mediante pagos mensuales cercanos a 20 millones de pesos.
Menchaca precisó que el monto total ascendió a 264 millones de pesos, cantidad que fue liquidada en su totalidad por Pemex, lo que permitió que el predio pasara completamente a ser propiedad de la empresa productiva del Estado. Esta operación, dijo, contribuyó de manera directa a disminuir de forma sensible la deuda pública de Hidalgo.
Recordó que al inicio de la actual administración la deuda estatal era de aproximadamente 4 mil 900 a casi 5 mil millones de pesos, mientras que actualmente se ubica por debajo de los 2 mil 900 millones, lo que representa una reducción de 35 por ciento, resultado del pago de intereses y del saneamiento financiero.
Con ocho por ciento de participación, la consulta realizada en Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan sobre la edificación del Parque de Economía Circular en la región, proyecto enfocado al reciclaje de desechos en una de las zonas más contaminadas del país, arrojó un no mayoritario por parte de la población.
El gobernador subrayó que el manejo responsable de la deuda y la liquidez ha derivado en mejores calificaciones crediticias para el estado, al reflejar solvencia económica y estabilidad financiera, factores que también son considerados por empresas para invertir y establecerse en Hidalgo.
Finalmente, señaló que el gobierno estatal mantendrá el diálogo con la Federación para definir, de manera conjunta, el destino del terreno en Tula, atendiendo criterios sociales, económicos y ambientales.
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