Guanajuato.- Los jueces de Guanajuato del Poder Judicial Federal, cuyos cargos serán renovados en 2027, registraron en su nómina un decremento del salario entre el 20% y 23% a partir de este mes de diciembre, confirmaron dos juzgadores a AM.
“Técnicamente, procedería el juicio de amparo, pero vemos que el Poder Judicial está cooptado totalmente; de hecho, no nos bajaban el salario en virtud de que la reforma judicial había estipulado que nadie podría ganar más que la presidenta o el presidente. Como promovimos el amparo y nos habían otorgado la suspensión, por eso no bajaban los sueldos, hasta ahora”, dijo una persona juzgadora a AM.
Agregó que, hace 15 días, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, emitió acuerdos dirigidos a los jueces de Guanajuato que promovieron estos amparos, para que se desistieran de los mismos.
“Son ocurrencias porque no hay un sustento legal para que actúe de esa manera”, enfatizó la fuente.
Otra persona juzgadora lamentó que ya prácticamente “no procede nada”, porque hay una estrategia de control para silenciarlos. No descartan un probable litigio internacional, no obstante, es necesario agotar los recursos internos.
“El empujar alguna acción legal es ponernos en la mira. No podemos hacer mucho porque estamos atados de manos”, subrayó.
La reducción del salario “es una manera de maltratarnos, a eso se le llama desmoralización profesional, ese ánimo de seguir humillando y socavando”, apuntó la persona juzgadora.
Vulneran Estado de Derecho
Un comunicado de juzgadores federales adscritos a la Jufed establece que esta medida de reducir salarios vulnera de manera abierta principios constitucionales y estándares internacionales, los cuales no son un capricho gremial, sino pilares para la vigencia del Estado de derecho.
Los jueces de Guanajuato citan el artículo 94 de la Constitución, el cual señala que la remuneración que perciban por sus servicios las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, entre otros funcionarios, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Asimismo, citan el artículo 123 de la Carta Magna, que es explícito al prohibir la disminución del salario de cualquier persona trabajadora.
“Esta prohibición no admite distingos ni salvedades. Mucho menos puede flexibilizarse para un sector cuya función es, precisamente, hacer valer la Constitución y garantizar los derechos de todas las personas”, cita el documento.
Puntualizan que la irreductibilidad salarial no es un privilegio: es un resguardo institucional que impide la manipulación política o presupuestal del trabajo jurisdiccional.
Los jueces afirman que la independencia judicial se sostiene en tres elementos: estabilidad en el cargo, garantías contra presiones externas y remuneraciones adecuadas e inamovibles.
“Ninguno de esos elementos es ornamental; todos son componentes esenciales para que quienes juzgan puedan decidir los asuntos conforme a derecho, sin miedo a represalias económicas, administrativas o políticas”, subrayan los jueces.
Concluyen que la independencia judicial es un principio fundamental para la protección de estos derechos, ya que garantiza que las y los jueces puedan tomar decisiones imparciales y sin presiones externas.
Cambios en la Nómina de los Juzgadores
- Cambio en el sueldo base y compensación garantizada.
- Se modifica la previsión social SPS Y MM.
- Se reduce el porcentaje de aportación para el llamado Seguro de Separación individualizado, del 10% al 2%.
- Se elimina la prestación adicional de seguridad social.
- Se eliminan las prestaciones inherentes al cargo.
- Los seguros de Gastos Médicos Mayores están en riesgo de perderse.
Eliminación de prestaciones
La reestructuración del Poder Judicial Federal provocó conflictos en Guanajuato, relacionados con la eliminación de prestaciones y el incumplimiento de indemnizaciones tras despidos.
A partir del 1 de septiembre de 2025, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) eliminó dos prestaciones clave para jueces y magistrados de mandos superiores: el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado (SEGSEI). La medida afectó a nuevos y antiguos funcionarios.
Aunque el OAJ aseguró respetar los derechos del personal operativo, la decisión fue criticada por su injusticia, especialmente porque las pólizas de seguros ya estaban pagadas.
Simultáneamente, unos 30 exjueces y exmagistrados federales de Guanajuato marcharon en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 2025 para exigir el pago de sus indemnizaciones pendientes desde agosto.
El impago se debió a que los fondos de los fideicomisos, destinados a estas compensaciones, fueron concentrados por la Tesorería de la Federación (Tesofe), a pesar de que la ley garantizaba dichos recursos. Los afectados señalaron un problema de voluntad política para cumplir el mandato constitucional.
Adicionalmente, el personal de base del Poder Judicial en Guanajuato realizó un paro de labores el 1 de noviembre de 2025, demandando un aumento salarial prometido y denunciando la falta de insumos básicos en sus oficinas.
AAK
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