Guanajuato.- La diputada María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la figura de la legítima defensa para mujeres que enfrentan situaciones de violencia extrema. La propuesta plantea que no se aplique la figura de “exceso en la legítima defensa” cuando se proteja un bien propio o ajeno en casos de violencia física, sexual o feminicida.
La violencia de género y criminalización
En su exposición, la legisladora resaltó que el sistema de justicia actual a menudo ignora el contexto de violencia de género. Esto provoca que las mujeres que actúan para salvar sus vidas terminen procesadas injustamente. Mencionó casos emblemáticos como los de Alina Narciso, Yakiri Rubio, Itzel, Lucía y Roxana Ruiz. Ellas pasaron de ser víctimas a victimarias debido a estereotipos sexistas y a la falta de perspectiva de género, subrayando la necesidad de una verdadera legítima defensa para mujeres.
La diputada enfatizó que quienes viven violencia sistemática no deben ser criminalizadas por repeler agresiones que ponen en riesgo su integridad. La propuesta busca que se presuma la legítima defensa para mujeres. Salvo prueba en contrario, cuando se cause daño a un agresor a través de la violencia física en razón de género, sexual o feminicida.
Eliminación del exceso y protección integral
Con esta reforma, se pretende que no se aplique el término de exceso en estos escenarios, reconociendo que emociones como el miedo o el terror pueden alterar la respuesta de la víctima ante un peligro real. La iniciativa de Morena sobre la legítima defensa para mujeres también contempla:
- Obligaciones para que las autoridades judiciales juzguen con una visión integral.
- Consideración del historial de violencia y amenazas previas.
- Análisis de las relaciones de poder entre víctima y victimario.
- Otorgamiento de tratamiento psicológico y medidas de protección para la mujer que se defendió.
Estadísticas de mujeres sentenciadas
A pesar de que son escasas las cifras, se tienen registros de que hasta el 2023 había en el país 17 mujeres sentenciadas por homicidio doloso, 27 por lesiones y 20 por violencia familiar. La diputada García subrayó que estas personas no deberían procesarse, ya que cumplen con criterios de la legítima defensa para mujeres, al reaccionar a un contexto de violencia extrema.
Finalmente, señaló que, a pesar de que varias mujeres utilizaban en su argumentación el término de defensa propia, sufrían de invalidaciones por estereotipos sexistas. Con esta reforma, se busca garantizar que en Guanajuato ninguna mujer sea encarcelada por sobrevivir a su agresor. Asegurando un marco normativo de legítima defensa para mujeres efectivo.
AM
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