Guanajuato, Gto.- Integrantes de colectivos ambientalistas celebraron la vinculación a proceso de los dueños de este desarrollo inmobiliario por delitos contra la biodiversidad. El caso del fraccionamiento La Cucursola escala judicialmente al confirmarse que se construyeron y vendieron lotes sin los permisos federales correspondientes para cambio de uso de suelo forestal.
Francisco Javier Centíes Laborde, líder de Acción Colectiva, señaló que la resolución es histórica para el contexto de Guanajuato, especialmente por los años que ha tomado litigar la denuncia por daño ambiental en la Sierra de Santa Rosa.
FGR continuará investigaciones por impacto forestal
Tras la vinculación, la Fiscalía General de la República (FGR) dispondrá de un plazo de un mes para concluir las investigaciones y emitir un dictamen final sobre la afectación en la zona. Durante este periodo, la defensa de los imputados podrá presentar recursos de apelación.
Rogelio García, del Consejo Ecologista, calificó este paso como uno de los más acertados para la conservación del “pulmón” de los guanajuatenses.
Durante la audiencia, el juez determinó que el predio en Santa Rosa es de vocación forestal. El delito se configuró al remover suelo para pavimentar caminos y trazar lotes sin que la Semarnat otorgara la autorización de impacto ambiental. La única autorización existente era para la tala de dos árboles destinados al acceso principal de La Cucursola.
Da juez un mes a FGR para concluir juicio contra desarrolladores de La Cucursola en Guanajuato
El 7 de enero se publicó que los propietarios del desarrollo inmobiliario fueron vinculados a proceso por presuntos delitos contra la biodiversidad en el caso del fraccionamiento La Cucursola. Se les acusa de construir y vender lotes sin contar con los permisos federales de la Semarnat para el cambio de uso de suelo forestal en una zona de conservación ecológica.
Durante la audiencia, el juez determinó que el predio, ubicado en la comunidad de Santa Rosa, mantiene una naturaleza forestal. El cambio de uso de suelo se habría concretado al remover la capa vegetal para pavimentar caminos, buscando hacer el proyecto más atractivo comercialmente, pero sin la autorización de impacto ambiental correspondiente.
Tras el dictamen, se vinculó a proceso a los administradores de la empresa “Loma de Irapuato S.A. de C.V.”. La Fiscalía General de la República (FGR) dispone de un plazo de un mes para concluir las investigaciones y presentar un dictamen final sobre la afectación en la zona, tiempo en el que la defensa podrá apelar la decisión.
HLL
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