Guanajuato.- Los propietarios del desarrollo inmobiliario fueron vinculados a proceso por presuntos delitos contra la biodiversidad en el caso del fraccionamiento La Cucursola. Se les acusa de construir y vender lotes sin contar con los permisos federales de la Semarnat para el cambio de uso de suelo forestal en una zona de conservación ecológica.
Durante la audiencia, el juez determinó que el predio, ubicado en la comunidad de Santa Rosa, mantiene una naturaleza forestal. El cambio de uso de suelo se habría concretado al remover la capa vegetal para pavimentar caminos, buscando hacer el proyecto más atractivo comercialmente, pero sin la autorización de impacto ambiental correspondiente.
Irregularidades ambientales en el caso del fraccionamiento La Cucursola
La única autorización federal otorgada para el proyecto era exclusivamente para la tala de dos árboles destinados al acceso principal. No obstante, el juez precisó que, aunque el predio no está formalmente en una Área Natural Protegida (ANP) debido a retrasos administrativos en la actualización de zonas protegidas por parte de la Semarnat, sí se trata de un ecosistema boscoso que goza de protección legal.
Tras el dictamen, se vinculó a proceso a los administradores de la empresa “Loma de Irapuato S.A. de C.V.”. La Fiscalía General de la República (FGR) dispone de un plazo de un mes para concluir las investigaciones y presentar un dictamen final sobre la afectación en la zona, tiempo en el que la defensa podrá apelar la decisión.
En el caso del fraccionamiento La Cucursola, investigaciones de la FGR revelaron que durante un cateo realizado el pasado 30 de julio, se detectó el desmonte y la tala en un área de 6 mil 871 metros cuadrados, además de la instalación de infraestructura eléctrica, hidráulica y pavimentación de concreto.
Medidas cautelares y denuncias penales
Como parte de las medidas cautelares, los vinculados tienen prohibido acercarse a jueces, fiscales o testigos. Asimismo, se mantiene vigente la suspensión total de la venta de lotes, publicidad, obra civil o tala. El inmueble permanece asegurado por la FGR, pese a denuncias de la defensa sobre el robo de cableado y herramientas tras la violación de sellos de seguridad.
El proceso legal que envuelve el caso del fraccionamiento La Cucursola se originó tras una denuncia penal de la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C., presentada en febrero de 2023. La acusación señala violaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
“La denuncia penal está relacionada con la construcción del fraccionamiento La Cucursola en terrenos forestales sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental expedida por SEMARNAT ni el Estudio Técnico Justificativo”, señalaron las asociaciones Acción Colectiva y Movimiento Colibríes.
Además de la empresa constructora, existe una denuncia contra el exalcalde Alejandro Navarro Saldaña y el exdirector de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate, por su probable responsabilidad al expedir permisos municipales que contravienen la legislación ambiental federal.
Imputan a dueños del fraccionamiento La Cucursola por ecocidio y venta ilegal de lotes
El pasado 3 de enero se publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los propietarios del fraccionamiento La Cucursola por delitos contra la biodiversidad. El cargo principal es construir y vender lotes sin el permiso de la Semarnat para el cambio de uso de suelo forestal, ya que el terreno se encuentra en un área de conservación ecológica.
En la audiencia del 2 de enero, la FGR informó que durante el cateo a La Cucursola, llevado a cabo el 30 de julio, los agentes encontraron la construcción de caminos de terracería, tala desmedida de árboles, una escultura, oficinas, bardas y otras obras que se realizaron en un área de 6 mil 871 metros cuadrados, sin el permiso federal.
Aunque la obra contó con permisos del Gobierno Municipal y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la zona tiene uso de suelo forestal. Esta clasificación es la razón por la que el órgano federal es el único competente para autorizar el cambio. Los dueños solo habrían obtenido permiso para la tala de dos árboles, pero nunca para la tala masiva, la construcción de 49 lotes y su venta, de los cuales al menos siete de los ya vendidos superarían los $4 millones 247 mil pesos.
HLL
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