Guanajuato.- En la iniciativa del PAN para crear la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, se aumentan 10 días para que los sujetos obligados entreguen la información solicitada por los ciudadanos, lo que implica un retroceso en transparencia y acceso a la información en Guanajuato.
La reforma propone pasar de máximo 8 días hábiles como establece la ley vigente y que fue aprobada en Guanajuato desde el 2016, a un máximo de 18 días hábiles.
Así lo evidenció Alejandro Rocha Pedraza, exconsejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), en entrevista con AM.
Actualmente, el plazo con la ley vigente es de cinco días hábiles, más tres en caso de ampliación de plazo, en total son ocho días.
A través de las solicitudes de información los ciudadanos tienen el derecho de conocer la información pública de todo ente que ejerce recursos públicos, una herramienta que abona a la rendición de cuentas y previene actos de corrupción.
Guanajuato junto con Jalisco son hasta el momento las dos entidades federativas que ocupan el primer lugar nacional en tiempo de respuesta a una solicitud de transparencia y acceso a la información, en ambos casos la respuesta debe entregarse al ciudadano en un plazo máximo de 8 días.
El cambio que se propone en la Ley implicaría un retroceso y colocaría a Guanajuato con la mayoría de los estados del país, en el montón de quienes tienen un tiempo de respuesta que va desde los 20 hasta los 30 días hábiles.
En las leyes vigentes en todos los estados del país siempre se establece un primer tiempo de respuesta en días hábiles y una prórroga, pero esta última no excede en número de días al primer plazo, con el cambio que proponen los panistas Guanajuato quedaría al revés pues el período ordinario sería de ocho días hábiles y la prórroga de 10 días más.
Quienes decidan serán juez y parte
La iniciativa de Morena para crear la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, contrasta con la del PAN, pues el plazo de entrega de la información se mantiene como está actualmente: cinco días hábiles y para el caso de ampliación de plazo, tres días hábiles, para un total de ocho.
De acuerdo a la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de agosto, el Legislativo cuenta con 180 días, en teoría hasta el 15 de febrero, para aprobar las nuevas leyes secundarias en materia de transparencia.
En diciembre las bancadas del PAN y de Morena presentaron iniciativas que deberán dictaminarse en el siguiente periodo ordinario que inicia el 15 de febrero.
En la del PAN la propuesta de artículo 136 dice así: “La respuesta deberá ser notificada a la persona interesada, en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de ocho días”.
El artículo 137 aclara que cuando se hable de días, son hábiles.
Excepcionalmente, el plazo referido, podrá ampliarse hasta 10 días más, siempre y cuando se justifiquen de manera fundada y motivada, ante el Comité de Transparencia, y éste emita la resolución respectiva, la cual deberá notificarse a la persona solicitante antes de su vencimiento”.
Es decir, si se pide ampliación de plazo, se tardará la respuesta más de tres semanas, cuando actualmente el máximo es de semana y media.
Alejandro Rocha Pedraza, exconsejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), destacó que Guanajuato era el único estado que tenía como plazo cinco días de respuesta.
Mencionó que en la Ley General también se aumentaron los plazos de respuesta. Antes eran 15 días hábiles, es decir, tres semanas. Ahora son 20 días hábiles como máximo, los cuales se pueden ampliar 10 días. Es decir, un total de 30 días, que serán un mes.
“Yo desde que era comisionado advertí el riesgo de que (la ley estatal) fuera un copia y pega, además de que es mala la ley federal porque acota muchas facultades del Estado. Así que habría que hacer una ley que no sea tan mala. Sí es cierto que están limitados, pero algo se podría hacer”, afirmó.
Posturas
Entrevistado sobre la propuesta de aumentar los plazos de respuesta a las solicitudes de información, el diputado local Juan Carlos Romero Hicks dijo que son dos las razones:
La primera, que la iniciativa es una homologación con la ley nacional. Y la segunda, que en ocasiones, por la naturaleza de los casos solicitados, no se alcanza a responder en los cinco días de plazo existentes actualmente en la ley de Guanajuato.
Dijo que el plazo propuesto de los 18 días es el sugerido en reuniones de contralores como una buena práctica local.
Por su parte, también se pidió la postura de la Secretaría de la Honestidad, que será la dependencia que absorberá las funciones del IACIP en cuanto a la resolución de inconformidades con las respuestas otorgadas por el Gobierno del Estado.
La dependencia proporcionó una ficha informativa en la que se expuso que esa dependencia se encuentra en el estudio de la iniciativa, y en el caso particular de los plazos de respuesta, analizando el contexto federal y el resto de las entidades federativas.
En su momento, cuando seamos invitados a las mesas de trabajo correspondientes, emitiremos los comentarios y observaciones que consideremos pertinentes”, concluyó.
Órganos garantes, titulares sin plazos
En otro punto, Alejandro Rocha señaló que una de las deficiencias en la Ley General y en la iniciativa del PAN es que no se fija el tiempo durante el cual van a funcionar los integrantes de los órganos garantes. De tal manera que podrán despedirlos en cualquier momento.
Los órganos garantes son las oficinas que sustituirán al IACIP, que resolverán todas las inconformidades que presenten los ciudadanos cuando no les entreguen la información solicitada o se las entreguen parcialmente o de una forma que no se pueda analizar.
Y ya no será uno solo en el estado, sino que habrá uno por cada Poder o cada organismo autónomo. Es decir, serán juez y parte, señaló Rocha Pedraza.
Es una obligación que ya no se puede mover, porque viene en la Ley General, que ya no va a ser uno solo, sino que cada Poder tendrá sus órganos garantes. Van a desdoblar al IACIP.”
Consideró que la mejor forma de nombrar a los titulares de los órganos garantes será a propuesta ciudadana y nombrados por el Congreso del Estado. “Se requieren titulares independientes nombrados por el Congreso”.
Mencionó que ni en la Ley General ni en la iniciativa del PAN viene un periodo de duración. Y eso puede definirlo el Congreso del Estado.
Los estados que responden más rápido a una solicitud de acceso a la información (tiempo máximo en días hábiles)
- Guanajuato/Jalisco-8 días
- Coahuila-14 días
- Chihuahua/Oaxaca/Sinaloa-15 días
- Ciudad De México-16 días
Copian y pegan para nueva ley
Los diputados locales del PAN “no se la quebraron” para elaborar su iniciativa para crear una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Se limitaron a “copiar y pegar” la ley federal.
La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso el 17 de diciembre de 2025, es una copia casi identifica de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el decreto del 20 de diciembre de 2024, de acuerdo con la revisión realizada por AM de parte de ambos documentos.
El Congreso del Estado tendrá que aprobar una nueva Ley de Transparencia, por mandato de la Ley General en la materia y de la Constitución Federal, que ordena la desaparición de los órganos estatales de transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP) entre ellos.
En la redacción de su propuesta, que tendrá que discutirse y, en su caso, aprobarse en las próximas semanas, los diputados panistas copiaron tal cual la ley federal, sin cambiar la redacción, en muchos, la gran mayoría, de los 186 artículos que contiene.
Ejemplo de esto son los artículos 10, 12, 17 y 39 del Capítulo de los principios de transparencia y acceso a la información pública, que son idénticos.
Instancias de seguridad, a rendir cuentas
De lo poco que hay diferente en la iniciativa del PAN respecto a la Ley General, está que no se incluyó la disposición de que todas las autoridades de seguridad pública, inteligencia e investigación, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere este artículo. Las funciones correspondientes serán responsabilidad exclusiva de la persona titular de la entidad o unidad administrativa.
Es decir, que en el Estado estas autoridades estarán bajo el mismo régimen de transparencia que los demás entes públicos.
Novedades: consejeros trabajarán gratis
En ambas leyes se crean nuevas autoridades. Como lo establece la Ley General, que creó el Sistema Nacional y el Consejo Nacional, que serán las autoridades rectoras, la iniciativa panista propone crear el Subsistema Estatal de Transparencia y el Consejo Estatal, para Guanajuato.
Este funcionará a través de un comité, integrado por un representante de cada uno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno de los cinco organismos autónomos estatales, además de los 46 Ayuntamientos como miembros y que el Estado se dividirá en cuatro regiones para agrupar a todos los municipios.
Igual que lo hará el Consejo Nacional, el Consejo Estatal sesionará por lo menos cada seis meses.
Los integrantes del Comité de cada Subsistema de Transparencia contarán con voz y voto, y ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación por su participación.
En materia de obligaciones de autoridades garantes, la Ley General solo tiene tres fracciones, pero la iniciativa del PAN tiene 19, entre los que destaca: resolver los recursos de revisión interpuestos por particulares. Esta tarea la hacía el IACIP, que está por desaparecer.
Posturas de las bancadas
Entrevistados sobre este “copia y pega” que hizo el PAN de la Ley General, el diputado morenista Ernesto Millán Soberanes comentó que tendría que revisar la iniciativa antes de emitir un juicio. “Seguro ellos trataron de hacer una homologación, pero las leyes federal y la de Guanajuato corresponden a realidades muy diferentes y habría que hacer una adaptación a lo local”, opinó.
El diputado Sergio Contreras, coordinador de la fracción del PVEM, sobre el mismo tema consideró: “Creo que no se están metiendo (los panistas) en más problemas, porque el PAN siempre no quiere agregarle nada cuando son temas federales. Yo creo que no quieren agregarle para evitar amparos, como sucedió con la reforma al Poder Judicial”.
Y es que en la reforma constitucional al Poder Judicial aprobada por el Congreso del Estado el año pasado, se añadieron varios aspectos que no tenía la reforma federal, y tanto la bancada de Morena, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), la impugnaron ante la Suprema Corte.
Rodrigo González, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, recordó que su partido se abstuvo de participar en la discusión de esta reforma en la Cámara de Diputados porque no están de acuerdo en el fondo.
“Se pulverizó, se acabó con 30 años de esfuerzo. Es regresar a los escritos en contralorías, ir por la documentación en físico. Es decir, todo lo facilitador que existía, lo que se logró empujar en 30 años, se acabó. Es más, no se puede, hay un candado a nivel constitucional.
¿Qué te queda hacer? adaptarlo lo más adecuado a la realidad, es que la autoridad concentradora en el Poder Ejecutivo tenga un sistema más abierto, autónomo. O sea, por más capacidades que le des a la unidad concentradora, no va a ser lo mismo. El daño y el retroceso ya está hecho”, lamentó.
El IACIP, sin opinión
AM solicitó una entrevista con Juan Sámano, presidente del IACIP, para conocer su opinión sobre la iniciativa del PAN y PRD. Pero no se otorgó, solo se envió una ficha informativa que señala que se analizan las propuestas
Iniciativa de Morena
Los diputados locales de Morena también presentaron otra iniciativa para crear la nueva Ley de Transparencia estatal, el 4 de diciembre de 2025.
Incorpora un Consejo Consultivo de las Autoridades Garantes, con funciones consultivas no vinculantes. Estaría integrado por cinco personas expertas (honoríficas), con paridad de género y perfiles vinculados a transparencia, acceso a la información, datos personales y archivos. Sus integrantes provendrían de la sociedad civil o academia, por convocatoria pública.
Sus opiniones no serían vinculantes, pero pueden orientar políticas, lineamientos y evaluaciones.
AAK
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