Después de más de un año de múltiples reuniones de la gobernadora Libia García e integrantes de su gabinete con los alcaldes, alcaldesas y sus equipos, para escuchar peticiones, llegó la hora de definir el reparto del pastel con los proyectos a financiar con la deuda de 4 mil millones que esta semana ya contrató el Estado.
Hasta hoy el Gobierno Estatal no ha precisado qué obras se financiarán en cada municipio con esta deuda, pero se sabe que el plazo para que los ayuntamientos presenten proyectos se está agotando, es hora de que Libia y su equipo arrastren con cuidado el lápiz para la esperada lista (dicho sea de paso mucho más complicada de armar que la de Javier Aguirre y sus 26 elegidos para el Mundial en casa).
Este viernes, por ejemplo, Libia, con buena parte de sus secretarios, tuvo una encerrona con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y su equipo, para revisar proyectos de obra y de desarrollo social. Sin adelantar nada en lo específico.
Todavía no hay un anuncio pero ya un bloque de 11 de los 13 alcaldes morenistas salió esta semana, reunidos en casa del celayense Juan Miguel Ramírez, a urgir un diálogo con Libia antes de su Informe para exigir una distribución equitativa. Dicen tener ya un monto estimado del apoyo a recibir y no están conformes.
La gobernadora respondió de inmediato y los recibirá este lunes 2, previo a rendir su Informe el jueves 5 (en la Velaria de la Feria de León). Lo que ha dicho Libia es que lanzará un portal público para transparentar los proyectos vinculados a la deuda, lo que permitirá además conocer qué municipios sí hicieron la tarea de armar proyectos y no solo presentar ideas.
El bloque de alcaldes lo integran: César Prieto Gallardo de Salamanca; Saúl Trejo Rojas de Tarimoro; Israel Mosqueda Gasca de Valle de Santiago; Daniel Sámano Jiménez de Salvatierra; Salomón Espínola Mendieta de Victoria; Edgar Reséndiz Jacobo de Doctor Mora; Yozajambi Molina Balver de Pénjamo y Job Gallardo Santellano de Abasolo, nombrado coordinador. Los que no fueron invitados son Cinthia Teniente de Villagrán y Manuel Montes de San José de Iturbide.
No se trata de un bloque anti-Libia, por el contrario la mayoría mantiene una muy buena relación con la gobernadora, la intención es hacerse escuchar en sus problemáticas comunes ante todos los niveles de autoridad, y su mismo partido.
Además, es obvio, los une otra cosa: marcar distancia política con el senador Emmanuel Reyes, de ahí la no invitación a su hermana y a otro alcalde identificado en su grupo. La mayoría de los alcaldes del frente tiene una cercanía con el senador Ricardo Sheffield, en la reunión del martes estuvo su suplente, Diego Sandoval.
Y en esta coyuntura también se sumó el salmantino César Prieto, quien trae su propio pleito con la diputada Hades Aguilar, por el control político de esa zona. Se trata pues de un bloque que nace para exigir una mayor rebanada del pastel de la deuda, pero que apunta a cerrar filas en las definiciones de Morena rumbo al 2027.
El autoelogio del Fiscal
El jueves, el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, rindió su primer informe anual de labores, que comprendió de enero a diciembre de 2025, pues él rindió protesta del cargo el 3 de febrero de ese año.
Lo que caracterizó su reporte de las cifras que dio a conocer sobre los resultados de todos los empleados de ese órgano encargado de la persecución de los delincuentes, fue la forma en que lo hizo: destacándolas como logros “históricos”, “sin precedentes”.
En general, el tono que le imprimió a su reporte estadístico de combate contra la delincuencia, fue con afirmaciones de logros que nunca antes, nadie, en ese mismo cargo, haya realizado. Un discurso presuntuoso. Veamos varios ejemplos.
Al referirse a las sentencias, informó que en 2025 se lograron 2,495 sentencias condenatorias, “superando con mucho” afirmó, las 1,789 del año previo.
Reportó que se emitieron 6,113 órdenes judiciales (aunque éstas las emiten los jueces y eso no lo precisó) y 5,031 de ellas se cumplimentaron. Estas sí las cumplimenta la Fiscalía.
El Fiscal del Estado destacó que se recuperaron más de 356 millones de pesos a favor de las víctimas, “hecho inédito en la historia de Guanajuato”, presumió.
Entre los acuerdos reparatorios del daño a favor de las víctimas, mencionó el caso de una empresa privada que tenía un albergue de trabajadores agrícolas en la comunidad El Ramillete, en Dolores Hidalgo.
Vázquez Alatriste agregó que se lograron transformar las condiciones de vida de más de 700 trabajadores agrícolas y sus familias, “mediante un acuerdo reparatorio sin precedentes” que logró transformar las condiciones de vida, salud y trabajo” de dichos trabajadores.
Por cierto, en su momento, esa cifra de trabajadores siempre fue negada por el abogado de la empresa, en declaraciones ante los reporteros, pues afirmó que no tenían más de 200. Y efectivamente, el albergue que los medios de comunicación recorrimos no daba cabida para más de esta cantidad de personas.
Durante el periodo informado, el Fiscal reportó que hubo más de 22 mil detenidos y objetivos criminales capturados, de los cuales, por cierto, no precisó por cuáles delitos principalmente.
Con estas cifras y estas frases, parecía que el mensaje que quería dar Gerardo Vázquez era: “Yo soy mejor Fiscal que Carlos Zamarripa”, su antecesor.
Y para finalizar, volvió a utilizar ese tono presuntuoso de su reporte estadístico.
Propuso que los estados, empezando por Guanajuato, puedan acusar y procesar por el delito de delincuencia organizada, que actualmente es delito del fuero federal y exclusivo de la Fiscalía General de la República.
Por ello, planteó a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo -ahí presente como invitada especial- que presente una iniciativa de reforma legal en este sentido.
“Somos la primera Fiscalía del Estado del país que hemos imputado por delincuencia organizada. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”, presumió.
Aunque no dijo si esa imputación fue exitosa y cuál fue el resultado. Porque pudo haber sido rechazada por el juez y no haber vinculación a proceso o no haber sentencia condenatoria. Eso, convenientemente, no lo informó.
“Estamos preparados para este reto”, presumió todavía más.
Auditorio lleno de empleados
Otro cambio significativo en el primer informe de Gerardo Vázquez fue el cambio de sede.
Ya no lo hizo en el búnker de San José de Cervera, sede de la Fiscalía General del Estado –donde solía realizarlo Carlos Zamarripa-, que solo se abría al público una vez al año para este evento.
Ahí solo se utilizaba un auditorio para no más de 200 personas, que efectivamente era insuficiente porque se quedaban todos los reporteros, fotógrafos y camarógrafos y más gente parados y todos los asistentes estaban apretados.
Pero en esta ocasión, se llevó a cabo en el Auditorio del Estado, que tiene 1,862 butacas en dos pisos.
Sabedor del cambio, antes de iniciar con la lectura de su documento de resultados, el Fiscal explicó ante todos los invitados: “Por primera vez que la Fiscalía salga de sus muros y mire hacia la sociedad, que abra las puertas y mire hacia afuera”.
Como discurso y justificación sonaba positivo y alentador. Pero la realidad no fue así, porque en el interior del Auditorio no se sentó ningún ciudadano común y corriente. Lo llenaron con puros empleados de la Fiscalía de todo el Estado, quienes iban uniformados, hombres y mujeres, con trajes sastre azul marino de dos piezas y camisa blanca.
Ahora sigue el 10 de marzo su comparecencia ante el Congreso del Estado, con un rígido formato que, como en los años anteriores, no hace posible el diálogo real. De cualquier manera será buen momento para que más que aplausos, exijan cuentas.
Tocando Corazones, y el gasto superfluo
Y hablando del gusto de los gobernantes por los magnos eventos, un claro ejemplo fue la presentación del programa Tocando Corazones realizado el 20 de noviembre del 2025 en el Poliforum de León, cuyo costo reportado es al menos 2.5 millones.
El Gobierno del “nuevo comienzo” quiso marcar con esto una nueva etapa tras la extinción del Fidesseg (tras un acuerdo con liderazgos empresariales que llevaron el tema a los tribunales) y el inicio del programa operando directamente por la Secretaría del Nuevo Comienzo que comanda la panista Rosario Corona Amador.
Fue una decisión operativa para garantizar el orden, seguridad y accesibilidad en la entrega de los recursos, justificó la dependencia en respuesta a AM. La realidad es que el recurso puede dispersarse con seguridad y orden sin necesidad de evento. La pregunta es obvia: ¿A quién o a quiénes beneficia este tipo de eventos?
Como todo acto de Gobierno, el propósito era el de mandar un mensaje a los beneficiarios de que los recursos son un apoyo del Estado, aunque, tal y como nació el modelo del Fidesseg en 2019 por iniciativa empresarial, es financiado gracias al 0.3 % del Impuesto Sobre Nómina que pagan los empleadores en Guanajuato.
Comparado a lo que se recauda por este concepto (el 0.3 % equivale este 2026 a unos 970 millones), dirán que 2.5 mdp es poco. Sin embargo, al revisar ¿qué acciones se podrían financiar con ese recurso? El gasto cobra otra dimensión.
Por ejemplo, el programa de Tarjeta Rosa este año dispone de manera inicial de 3,500 millones para beneficiar a 560 mil mujeres de entre 25 a 45 años, con un apoyo anual de 6 mil pesos; con 2.5 millones podrían apoyarse a 416 mujeres.
El programa “Creemos en Ti”, de la Financiera Tú Puedes Guanajuato, entrega 7 mil pesos a fondo perdido a los emprendedores de zonas rurales y vulnerables para iniciar o consolidar sus negocios. Con 2.5 millones alcanzaría para 357 apoyos.
El gasto en este evento de Tocando Corazones es mayor al sueldo neto anual de la gobernadora Libia que es de 2 millones 100 mil pesos (175 mil 016 mensuales). Y el de Rosario Corona que como titular de una Secretaría de Estado nivel Bb tiene un sueldo mensual neto de $121,792, es decir, 1.46 millones anuales.
En fin, como siempre nos dirán que todos los gobiernos de todos los niveles, los otros Poderes y los organismos autónomos, hacen eventos. Pero ¿y para qué?
Alma de México, acusan ‘boicot’
La noche del miércoles se realizó el primer foro digital de Alma de México, un movimiento impulsado por el expresidente Vicente Fox, pensado como “espacio ciudadano que cree en la conversación con sentido, en el encuentro de ideas y en la construcción colectiva desde la diversidad”.
Sin embargo, esta apertura tuvo un costo: el foro sufrió al menos tres irrupciones de material no adecuado, de contenido explícito, por parte de personas no identificadas.
En el foro virtual denominado “Ciudadanía Activa e Instituciones Fuertes: Retos del México Actual”, participaron Federico Reyes Heroles, comentarista político y Claudio X. González, empresario y activista, así como Julio di Bella, experto en medios de comunicación y simpatizantes de Somos México, el partido en formación, como el leonés Alberto Cifuentes.
Durante la conversación se tocaron temas como que la sociedad civil organizada debe enfocarse en que tras las elecciones del 2027, la mayoría de la Cámara de Diputados quede en manos de la oposición (sin nombrar específicamente un partido político), para evitar la sobrerrepresentación actual de Morena.
Reyes Heroles indicó que se están realizando reuniones con las cúpulas partidarias donde se les está planteando que ya no hay posibilidad del “voto útil”, que deberá aplicarse el “bájate y apoya al otro”.
“La decisión pareciera muy evidente, pero es que no son distritos los que tenemos que perseguir, son municipios(…) Ustedes pueden perder un distrito en Oaxaca, pero no pueden perder León”.
Por su parte, Claudio X. González, mencionó “Siete quehaceres ciudadanos rumbo al 2027 y al 2030”, como la organización ciudadana y la creación de espacios para generar contrapesos y alternancia política. Y coincidió en que debe haber prioridades electorales.
Hubo, además, “activistas del oficialismo” (así los llamó el moderador del foro, el exdiputado federal panista Gerardo Priego Tapia), que al menos en tres ocasiones proyectaron en pantalla mensajes con groserías y videos con contenido para adultos, que duraron pocos segundos pero sacaron de balance a panelistas y a asistentes. Durante los turnos para hablar, también se le negó acceso a alguien con un nombre de usuario que sugería una grosería.
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