Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que una vez concluido el Mundial de Futbol, su Gobierno abrirá un debate nacional sobre la regulación de las redes sociales y la inteligencia artificial, con el propósito de elaborar una propuesta que proteja a niñas, niños y adolescentes sin incurrir en censura.
La mandataria informó que, luego de la final del 19 de julio, la conferencia mañanera servirá como foro para discutir el impacto de las plataformas digitales, el uso de teléfonos celulares en las escuelas, la concentración del poder de las grandes empresas tecnológicas y el desarrollo de la inteligencia artificial.
“Después del 19 de julio, porque muchos mexicanos y mexicanas, con toda la razón del mundo, están pendientes del Mundial de Futbol, vamos a iniciar aquí también en la mañanera y vamos a traer expertos para que se hable de la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a las plataformas y las redes sociales”, anunció.
“Entonces, solo que pase el Mundial ya lo estamos preparando, contactando a varias personas para entrar aquí en la mañanera y también fuera de la mañanera a esta discusión, que es muy importante, para que México entre a este proceso de regulación, de una u otra manera, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, sin caer en la censura”.
Sheinbaum explicó que el debate incluirá el análisis de las regulaciones vigentes en otros países, el funcionamiento de la inteligencia artificial, así como los beneficios y riesgos de esa tecnología, además de la concentración del control de las plataformas digitales.
También adelantó que el Gobierno presentará encuestas sobre la opinión de madres y padres de familia respecto al uso de redes sociales y teléfonos celulares por parte de menores de edad.
Como parte de ese proceso, dijo, se planteará establecer restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas a nivel nacional.
La presidenta sostuvo que uno de los objetivos será impedir que menores de edad tengan acceso sencillo a contenidos que afectan su desarrollo, incluidos materiales relacionados con violencia, abusos y explotación sexual.
“Hay cosas que no deberían de estar por la salud de todas y de todos. Hay hasta abusos sexuales en las redes sociales. ¿Cómo es posible? Entonces no debería de ser”, afirmó.
Sheinbaum rechazó que la discusión tenga como propósito limitar la libertad de expresión y sostuvo que el objetivo es proteger el derecho a la información y la salud de la población.
“Para todos los comentócratas y todos los adversarios que nos están escuchando y ya seguro están publicando en sus redes sociales, no tiene nada que ver con la censura. Es un asunto que tiene que ver con el derecho a la información, pero también con el cuidado de la salud de todas y de todos y del acceso a información que no debería estar tan accesible”, agregó.
Irrumpen en Congreso de San Luis Potosí; protestan contra ley que castiga uso de IA
El 23 de junio, periodistas, activistas, transportistas y colectivos ciudadanos irrumpieron en el Congreso de San Luis Potosí en protesta contra las reformas que sancionan el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) al acusar que atenta contra la libertad de expresión.
Los manifestantes exigieron la abrogación de las reformas al Código Penal, una legislación conocida popularmente como la “Ley Serrano”.
Los inconformes argumentan que la normativa penal resulta ambigua al no distinguir entre la sátira, los memes y la desinformación deliberada.
De acuerdo con representantes del gremio periodístico a nivel local, como Leticia Vaca, la reforma es utilizada como un mecanismo de censura y criminalización hacia la crítica dirigida al Gobernador Ricardo Gallardo, del PVEM, lo que representa un precedente peligroso para la libertad de expresión.
Aprobada a finales de 2025, la llamada “Ley Serrano” es una reforma al Código Penal de San Luis Potosí que tipifica como delito el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
Esta normativa establece penas de 1 a 6 años de prisión bajo dos causales principales: el uso no autorizado de identidad, que castiga la manipulación de la voz o imagen de una persona sin su consentimiento previo, y la difusión dolosa de desinformación, que sanciona la generación o distribución de contenido falso diseñado para causar alarma social, especialmente cuando afecta a instituciones públicas o figuras de autoridad.
Pese a presentarse como una medida de protección digital, la ley ha detonado protestas masivas debido a su ambigüedad jurídica, pues organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos denuncian que es utilizada por el Gobierno estatal como una herramienta de censura para criminalizar la crítica política y perseguir a comunicadores.