León.- Tras un ejercicio de análisis interno y con el objetivo de garantizar el respeto y la no discriminación, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) presentó el protocolo para la atención de las personas de la diversidad sexual y de género. 

Este ejercicio busca establecer los lineamientos, criterios y mecanismos institucionales para que los servidores públicos garanticen la atención adecuada, respetuosa, accesible y libre de discriminación hacia las personas de las diversidades sexuales y de género que acuden a la Procuraduría. 

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de los derechos humanos del estado de Guanajuato señaló que este instrumento es un primer avance importante en la garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ pero no la meta, pues esperan que eventualmente no sea necesario establecer lineamientos y que el respeto a las poblaciones diversas sea un actuar común en la sociedad. 

“Este documento pretende ser una herramienta que oriente la actuación de quienes integramos este organismo para brindar una atención con perspectiva de derecho humanos, porque muchas veces son las acciones más sencillas las que generan las mayores diferencias. Preguntar a una persona como desea ser nombrada, respetar sus pronombres o evitar expresiones que las invisibilizan puede transformar completamente la experiencia de quienes acuden por apoyo”, señaló la procuradora.

Activistas, directivos y titulares de unidades de atención a las personas de las diversidades sexuales y de género conocieron que el verdadero reto y evidencia de éxito de este protocolo será en la aplicación real y puesta en práctica de los ejes rectores y guías que señala deben ser aplicados para garantizar la no discriminación. 

“Se ven grandes desafíos y retos, como pasar del papel a la práctica. Creo que ese siempre va a ser el desafío con todos estos documentos y más en diversidad sexual, que si bien hemos tenido muchos avances en esta materia aún ciertas barreras que se tienen que trabajar, que se tienen que seguir señalando”, declaró Evera Vica Chávez titular de la Unidad de Diversidad Sexual y de Género de Irapuato. 

“Más allá de que haya un documento enorme que me diga cuál debe de ser mi actuación para servir, si la Procuraduría no cuenta con personas que realmente sientan empatía y amor por su trabajo, este gran logro, este gran documento va a ser hueco y vacío”, apuntó Silverio Ramírez Urbina, director de Colectivo Seres. 

El Protocolo

Cecilia Catalina Vega Valerio, titular de la unidad de estudios en diversidad sexual y de género de la Prodheg explicó que tras un análisis institucional se evaluó cuáles eran las áreas de oportunidad debían atender para trazar una hoja de ruta que respondiera a cómo el respeto a la diversidad sexual y de género se traduce en acciones concretas para que los servidores públicos pudieran aplicarlo. 

“Buscamos que combinara el sustento jurídico, normativo y conceptual junto a las guías para actuar y cómo implementarlos para que no solamente fuera un instrumento que sirva aqui en la procuraduría sino también que otras instituciones pudieran retomarlo y decir: yo tengo interés de garantizar una atención digna, respuesta y libre de prejuicios”, recalcó.

Bajo esta premisa es que el protocolo ofrece un glosario de conceptos básicos para que los servidores públicos comprendan las distintas dimenciones de la diversidad sexual y de género humana además de señalar qué estructuras permiten la perpetuación de la discriminación y deben ser evitadas. 

Se establecen también siete principios rectores para garantizar la diligencia del servicio público, los cuales son: dignidad, igualdad y no discriminación, interseccionalidad, perspectiva de género, autonomía y reconocimiento a la identidad, confidencialidad y privacidad, además de participación y enfoque centrado a la persona. 

Así mismo, el instrumento estandariza el actuar de los servidores ante una persona de la población LGBTIQ+, el cual debe responder a la prevención, es decir, identificar riesgos que puedan dar lugar a tratos discriminatorios; actuación inmediata evitando conductas que reproduzcan estigmas, como cuestionar la identidad de género u orientación sexual de la persona; y atención profesional, respetuosa y libre de prejuicios. 

Además, establece que los protocolos deben contar con investigación con perspectiva de diversidades sexuales y de género; documentación y registro adecuado de acuerdo a las variables de orientación sexual, identidad de género o características sexuales, siempre que las personas lo consientan; y reparación integral con enfoque interseccional al considerar los impactos diferenciados de la violencia y discriminación.