La lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a decomisar drogas, asegurar armas o capturar a sus principales jefes. Los cárteles son verdaderos consorcios criminales que dependen de complejas redes financieras para sostener su poder, lavar dinero, adquirir armamento, corromper autoridades y expandir sus operaciones dentro y fuera de México. Ahí radica la trascendencia del golpe coordinado entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La reciente operación es considerada la mayor ofensiva financiera emprendida contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron sancionadas 55 personas y empresas presuntamente vinculadas con la organización criminal, entre ellas operadores financieros, familiares, prestanombres y compañías utilizadas para ocultar recursos ilícitos. Las medidas incluyen el congelamiento de bienes, bloqueo de cuentas y la prohibición de realizar operaciones dentro del sistema financiero de ambos países.
Entre los señalados aparecen Juan Carlos Valencia González, conocido como “El R3”, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, así como Gerardo Botello Rodríguez, “El Cachas”, además de una red empresarial integrada por gasolineras, compañías de logística, tequileras, empresas de seguridad, comercializadoras y otros negocios que, según las investigaciones, servían para mezclar recursos legales con ganancias provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Las autoridades no han revelado el monto total de los recursos congelados, pero especialistas coinciden en que se trata de activos cuyo valor puede alcanzar cientos de millones de dólares, considerando que el CJNG mantiene operaciones transnacionales de tráfico de drogas, combustibles, lavado de dinero y diversas actividades ilícitas que generan enormes flujos económicos cada año.
La relevancia de estas acciones no radica únicamente en inmovilizar cuentas bancarias. También impiden acceder al sistema financiero internacional, realizar transferencias, obtener créditos, invertir recursos o utilizar empresas fachada para continuar ocultando ganancias ilícitas. En otras palabras, se busca cerrar los caminos por donde circula el dinero que mantiene viva la maquinaria criminal.
Este tipo de estrategias debe fortalecerse y repetirse cuantas veces sea necesario. Las organizaciones criminales evolucionan constantemente y utilizan despachos, empresas aparentemente legales, operadores financieros y prestanombres para mover recursos entre distintos países. Si únicamente se detiene a los sicarios o a los jefes visibles, siempre habrá capital suficiente para reconstruir la estructura delictiva.
Por ello resulta indispensable ampliar la cooperación internacional. El intercambio de inteligencia financiera entre México, Estados Unidos y otros países debe convertirse en una política permanente para identificar nuevas redes de lavado de dinero, empresas fantasma y operaciones sospechosas.
Cada cuenta bloqueada representa un golpe directo a la capacidad operativa de estas organizaciones.
En este combate tampoco debe haber excepciones ni privilegios. Poco importa si durante las investigaciones aparecen empresarios de renombre, funcionarios públicos o dirigentes políticos de cualquier partido, tanto en México como en Estados Unidos.
La aplicación de la ley pierde legitimidad cuando distingue entre ciudadanos de primera y de segunda frente a la delincuencia organizada.
La estrategia integral contra el crimen exige actuar en todos los frentes al mismo tiempo: decomisar drogas y armas, detener a los capos y sus operadores, desmantelar laboratorios, asegurar bienes, confiscar propiedades y, sobre todo, cortar el flujo del dinero. Porque mientras exista financiamiento habrá capacidad para comprar voluntades, reclutar sicarios y desafiar al Estado. Debilitar las finanzas del crimen organizado es, quizá, la forma más inteligente y duradera de comenzar a derrotarlo.
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