En medicina y otras disciplinas se intenta aplicar una lección que debería trascender a otros ámbitos: las buenas intenciones, nunca son sustituto de la evidencia.
Ningún médico serio aceptaría prescribir algo solo porque alguien le asegura que “es para el bien del paciente”, al contrario, preguntaría por los ensayos clínicos, los metaanálisis, las magnitudes del beneficio, riesgos, conflictos de interés y calidad de la evidencia. Es decir, la carga de la prueba se pide de manifiesto, especialmente si hay riesgos implícitos u opciones terapéuticas limitadas. Pero, ocurre algo curioso: en otros temas solemos abandonar ese rigor.
En asuntos de política pública y gobierno, aceptamos con sorprendente facilidad que se restrinjan nuestras libertades bajo argumentos nobles: “proteger a las audiencias”, combatir la desinformación o fake news, regular la inteligencia artificial, preservar la seguridad, cuidar la salud pública o garantizar el bienestar colectivo. En efecto, son objetivos legítimos, pero lo inquietante es que pocas veces exigimos el mismo estándar de evidencia que exigiríamos para aprobar un nuevo fármaco.
¿Dónde están los estudios que demuestran que una regulación específica produce mejores ciudadanos? ¿Cuáles son los ensayos que prueban que restringir determinada forma de expresión genera sociedades mejor informadas? ¿Qué indicadores definirán el éxito de implementación de estas políticas? ¿Qué criterios obligarán a derogar una medida como esta, si es que fracasa? Y, desafortunadamente, la mayoría de las veces la respuesta suele ser incómoda: esas preguntas rara vez ocupan el centro del debate. En cambio, aparecen esos conceptos como “protección”, “responsabilidad”, “bien común”, que se vuelven nebulosos y cuya interpretación depende de quien ocupa el poder. Justo ahí esta el problema: en la ciencia la evidencia aspira a sobrevivir el cambio de gobierno, pero en política, las interpretaciones pueden cambiar con cada administración.
Hay un patrón que merece atención: recientemente se mencionó que los médicos conservaban su autonomía, pero se les está dejando un marco de prescripción preautorizado. Ahora, a las audiencias se les reconoce (según esto) su derecho a informarse, pero con marcos regulatorios definidos por el gobierno. Se dice que al ciudadano se le otorga libertad para utilizar nuevas tecnologías, pero eso sí, que lo haga dentro de los límites previamente establecidos por la autoridad. En estos casos, la libertad permanece, pero materialmente el espacio para ejercerla se hace cada vez más estrecho y no porque exista una orden explícita, sino porque ya se redefinió de antemano cuales son esas opiniones o decisiones consideradas aceptables.
Los gobiernos no son tontos y rara vez hacen demostraciones vulgares de poder, al contrario, casi siempre adoptan un discurso tranquilizador. No hablan de control, hablan de protección. No hablan de restricciones, hablan de definición de derechos. No hablan de vigilancia, dicen que es seguridad. Son ese viejo lobo con piel de oveja, donde las formas cambian antes que las intenciones sean manifiestas.
En efecto, una sociedad compleja necesita reglas y es menester tener mecanismos de protección a pacientes, de sanción al fraude y de garantía de transparencia, pero, es obligación también estar al tanto y distinguir cuando una regulación fortalece la autonomía de las personas o cuando comienza a sustituirla. La pregunta más importante no es cuánto debería regular el estado, sino cuánto debería de demostrar antes de poder hacerlo, porque, citando como ejemplo a la medicina, aprendimos que quien propone un tratamiento debe probar que sus beneficios superan los riesgos, entonces ¿porqué carajo aceptaríamos un estándar menor cuando lo que está en riesgo es la libertad?
El mundo moderno está lleno de ironía, estimado lector, pues mientras exigimos evidencia para modificar una molécula del cuerpo humano, aceptamos sin chistar el modificar nuestras libertades con base en promesas, presiones o temores cuya eficacia nunca se demuestra con el mismo rigor de prueba.
Cuidado. Corren tiempos de peligro. Recuerde: el progreso de una sociedad no se mide por la cantidad de normas que puede producir, sino por la calidad de la evidencia con la que se atreve a justificar cada una de ellas y, hablando de los “derechos de las audiencias”, la evidencia mostrada por el gobierno, es no menos que pobre.
* Dr. Juan Manuel Cisneros Carrasco, Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre.
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