Salamanca, Guanajuato.- Salamanca concentra tres de los 13 conflictos socioambientales activos que el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, registra en Guanajuato.
De acuerdo con la base de datos de la plataforma, la entidad acumula 13 conflictos activos, cifra que la coloca entre los 10 estados del País con más disputas relacionadas con extractivismo, urbanización intensiva y contaminación. El OCSA documenta de manera continua más de 700 incidentes en México.
Según las cifras de la plataforma, los casos de Guanajuato representan 1.8% del registro nacional. Los 13 focos identificados en la entidad están relacionados con estrés hídrico, pozos contaminados, industria pesada, pasivos químicos por residuos peligrosos, proyectos mineros en el norte del estado y especulación inmobiliaria.
Tres expedientes históricos
Las fichas técnicas georreferenciadas del OCSA señalan que tres de esos expedientes se concentran en Salamanca y figuran entre los de mayor antigüedad y complejidad dentro de su registro.
De acuerdo con la plataforma, los conflictos se agrupan en tres problemáticas relacionadas con la actividad industrial y la presión sobre los recursos locales. Una corresponde a los terrenos de ex-Proquifa y Tekchem, cuyo expediente permanece abierto por las exigencias ciudadanas y los trabajos pendientes de remediación.
Otra problemática está vinculada con la presión que, según la información del OCSA, ejercen la manufactura y el sector automotriz sobre los acuíferos subterráneos. La plataforma refiere una doble afectación por la sobreexplotación de agua para fines industriales y las descargas residuales sin tratamiento adecuado al río Lerma, con afectaciones al agua para consumo humano y agrícola.
El tercer frente está relacionado con la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA), de Petróleos Mexicanos (Pemex), y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según el registro del observatorio, ambas instalaciones representan fuentes permanentes de conflicto por las emisiones atmosféricas, particularmente de dióxido de azufre (SO2), y sus efectos acumulados en comunidades de la periferia.
Precontingencias por SO2
A inicios de 2026, Salamanca registró precontingencias ambientales consecutivas por altas concentraciones de SO2. Las mediciones de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente derivaron en la activación de protocolos de vigilancia sanitaria y en llamados a la CFE y Pemex para reducir el uso de combustóleo.
Colectivos locales de defensa ambiental han señalado que la concentración de contaminantes mantiene a la población en una situación de vulnerabilidad y ha motivado movilizaciones y denuncias para exigir aire limpio.
Piden cumplir legislación
La activista ambiental Maura Vázquez sostuvo que la falta de mantenimiento en la industria pesada, el incumplimiento de la legislación ambiental y la permanencia de pasivos químicos mantienen a Salamanca con una elevada carga contaminante.
En entrevista, señaló que la solución de fondo requiere el cumplimiento estricto del marco legal vigente. Aclaró que el reclamo hacia las empresas paraestatales no busca detener sus actividades productivas, sino exigir que respeten la normatividad ambiental.
“No estoy en contra de Pemex, al contrario (…), creo en la soberanía energética, pero lo que sí yo siempre he exigido es que se cumplan las normas ambientales, que urge una reconfiguración para la refinería”, declaró.
Vázquez afirmó que Pemex y la CFE rinden pocas cuentas ante la población local bajo el argumento de pertenecer al ámbito federal. Señaló que esta situación se hace evidente durante paros no programados y fallas operativas en las plantas.
“Tenemos una industria que no rinde cuentas. Seguido se descontrola alguna de las plantas (…), hay un descontrol y se suelta todo lo que viene siendo el dióxido de azufre, que eso también va en contra de nuestra salud. Y Pemex no dice nada, y nadie le exige nada”, aseveró.
A las emisiones se suma la permanencia de pasivos industriales como Tekchem. Vázquez señaló que la remediación anunciada por la autoridad federal ha sido cuestionada por colectivos locales ante la falta de certezas técnicas sobre el saneamiento del suelo. La activista agregó que la acumulación de contaminantes en aire, suelo y agua genera afectaciones graves que, aseguró, han sido advertidas históricamente por especialistas en toxicología.
“Es un cóctel en el que vives en Salamanca y no solamente te impacta en cuanto al cáncer, también en cuestiones neurológicas. Salamanca sigue siendo un caso de impunidad ambiental”, sostuvo.
Contraste con León y Celaya
Los conflictos que el OCSA registra en Salamanca tienen características distintas a otros focos identificados por la Universidad Iberoamericana en municipios del corredor industrial, como León y Celaya.
De acuerdo con la plataforma, en León las disputas están relacionadas principalmente con el crecimiento urbano y el estrés hídrico derivado de la demanda de agua de la mancha urbana.
En Celaya, el registro identifica tensiones asociadas con la sobreexplotación de acuíferos, la presencia de metales pesados en pozos profundos y la contaminación de la cuenca del río Laja por descargas de los sectores agroindustrial y de servicios. Vázquez consideró que mejorar las condiciones ambientales de Salamanca requiere mayor participación de la sociedad para exigir el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución.
“Haría falta que en primer lugar ya despertara el pueblo salmantino y que exigiera que el Artículo 4.º Constitucional se hiciera realidad. En primer lugar el pueblo, porque el pueblo es el que manda, y en segundo lugar la voluntad de las tres órdenes: federal, estatal y municipal”, puntualizó.
HLL
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