Celaya.- Casi dos meses después de la publicación de una investigación periodística que reveló que la directora de Personal del Gobierno Municipal de Celaya, María Alma Rosas López, presentó presuntamente un documento falso que la acredita como Licenciada en Informática Administrativa, la funcionaria mostró una cédula profesional electrónica y señaló ser víctima de violencia política en razón de género.
“Desde mayo se me acusó por presentar copia de mi título, mismo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas me entregó en tiempo y forma. Hoy debo informar que acudí a la rectoría en Ciudad Victoria y se dieron a la tarea de revisar los archivos y los libros, y la rectoría aceptó que, en efecto, obra en libros mi título y estaba rezagado todo el trámite, y por mi embarazo no lo habían subido a plataforma”, afirmó.
La directora de Personal leyó un documento y mostró su cédula profesional registrada bajo el número 15884568, la cual fue expedida el viernes 11 de septiembre de 2026.
A través del Registro Nacional de Profesionistas, también se encuentra la Constancia de Situación Profesional, la cual fue expedida este martes 15 de septiembre, que señala que María Alma Rosas López se tituló el 9 de mayo de 2001.
El 19 de julio, el portal Reporte Bajío publicó un reportaje donde se señala que la directora de Personal del Gobierno Municipal de Celaya, María Alma Rosas López, habría presentado documentación con la que se ostenta como Licenciada en Informática Administrativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), pese a que, de acuerdo con información proporcionada por esa institución, no obtuvo dicho título profesional.
Según la publicación, la información fue corroborada mediante una consulta realizada a la Unidad de Transparencia de la UAT, la cual respondió que Rosas López cursó estudios en esa universidad, pero no concluyó el proceso de titulación ni cuenta con cédula profesional.
La respuesta de la institución es que María Alma Rosas López presentó su última materia el 17 de noviembre de 2000, pero no se tituló ni obtuvo su cédula profesional.
“La información proporcionada ha sido obtenida de los registros académicos disponibles en cada dirección y se entrega en cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información”, señala el documento firmado por el director de Servicios Escolares de la UAT, Augusto Federico González Graciano.
“El que acusa tiene la obligación de probar. A mí se me violentó de manera grosera afectando mi honorabilidad, utilizando calificativos ofensivos y despectivos; me difamaron y calumniaron de forma absurda, me violentaron en mi dignidad y como mujer levanto la voz para dignificar a todas las mujeres que con mucho sacrificio y esfuerzo terminamos una carrera, y los trámites engorrosos y esfuerzos fastidiosos nos obligan a pasar a un segundo término por ser tan lentos”, señaló este martes la funcionaria.
La directora de Personal reprochó que la UAT “no atendió los principios de exhaustividad y racionalidad establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
“Me titulé desde el año 2001 y el argumento de la universidad fue que estaba rezagado, pero en realidad no se realizó la búsqueda exhaustiva en sus archivos y nunca lo subieron a la plataforma digital”, mencionó.
La funcionaria afirmó que esta situación tuvo un trasfondo político.
“Quiero decir que el trasfondo obedece a un carácter político-electoral que se evidencia por parte de algunos adversarios, y ante este golpeteo político aprovecho la oportunidad que no solamente fue hacia mi persona, sino a toda la administración pública municipal”, mencionó.
La titular de Personal de la administración pública no quiso responder preguntas de los medios de comunicación.
“No voy a dar más explicaciones, solo agrego que esta violencia de la que fui objeto se configuró como violencia política en razón de género y el daño moral afectó mi salud y mi integridad; no daré más información y haré lo propio, y reitero que el que acusa está obligado a probar. Defiendo mi derecho a la réplica y me reservo el mismo derecho de no contestar ninguna pregunta”, agregó.
Podría proceder legalmente
El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, aseguró que María Alma Rosas López podría proceder legalmente contra quien resulte responsable e incluso el Gobierno Municipal la podría apoyar.
“Por lo menos la maestra tiene la posibilidad de demandar y, si ella demanda, nosotros la acompañaremos”, indicó.
Juan Miguel Ramírez volvió a declarar que cuando la funcionaria terminó la carrera aún no había computadoras.
“La voy a balconear, pero es de la tercera edad y hace muchos años estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en ese entonces no había computadoras y cuando se pide información de ella pues no se encuentra, pero ya hizo todos los trámites de la universidad para que sus documentos suban. Nunca hemos engañado a nadie y nunca vamos a engañar a nadie, y esta es una prueba”, señaló el alcalde.
Sin embargo, Rosas López aclaró que sí existían computadoras, pero la universidad no lo subió a tiempo, aunque le agradeció al alcalde el apoyo y la solidaridad.
Denunció el PAN
El 23 de julio de 2026, AM publicó que el Comité Directivo Municipal del PAN presentó una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la presunta falsificación del título universitario y la usurpación de profesión de la directora de Personal del Gobierno Municipal de Celaya, María Alma Rosas López.
El dirigente municipal del PAN, Sergio Ruiz López, informó que la denuncia fue recibida por la Fiscalía General del Estado, la cual inició la carpeta de investigación 85463.
“En el PAN no nos quedamos sentados ni de brazos cruzados y por eso interpusimos una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la falsificación de documentos o el uso de documentos falsos, la usurpación de profesión, que es un delito penado, y del ejercicio ilícito del servicio público”, señaló.
Sergio Ruiz López explicó que el PAN esperó unos días para conocer la decisión del alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez respecto a la permanencia de la funcionaria; sin embargo, al no ser separada del cargo ni iniciarse una investigación por parte de la Contraloría Municipal, decidieron proceder legalmente.
“Estamos en shock con lo que sucedió porque representa y acredita lo que hemos venido diciendo. No encontrábamos la razón por la cual había demasiada incompetencia en el Municipio y si esta es una de las razones, falsificar documentos oficiales y mostrar documentos falsos para poder ser contratado, y la persona que precisamente tiene que auditar que estos documentos sean fidedignos para que las personas entren a la administración pública municipal, es una total incongruencia del Gobierno Municipal de Morena”, afirmó.
El dirigente panista aseguró que los delitos denunciados podrían alcanzar penas de entre uno y cinco años de prisión.
RAA
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