Guanajuato.- Las nuevas reglas fiscales proyectadas para 2027 podrían desincentivar la inversión y llevar a más empresas a la informalidad, ante las posibles restricciones a los pagos en efectivo y las limitaciones a las deducciones y a la amortización de pérdidas fiscales.
En ello coincidieron Michel Sojo Quiroz, presidente de Coparmex Zona Metropolitana León, y los especialistas contables José Arturo Sánchez Castellanos y Franco Padilla Fuerte.
El Paquete Económico 2027 plantea prácticamente dos escenarios fiscales: empresas con ingresos de hasta 50 millones de pesos, con mayores posibilidades de simplificación e incentivos, y aquellas que superen ese monto, que enfrentarían mayores restricciones, señaló Franco Padilla Fuerte, especialista en temas financieros.
Explicó que una de las limitaciones más relevantes se encuentra en las deducciones.
En términos sencillos, una empresa podría realizar gastos reales e indispensables para su operación, pero no deducirlos en su totalidad de manera inmediata, sino reconocer únicamente el 96.67 %.
El especialista puso como ejemplo una compañía con ingresos por 100 millones de pesos y deducciones por 98 millones. Económicamente tendría una utilidad de apenas 2 millones.
Sin embargo, si fiscalmente solo pudiera reconocer de inmediato 96.67 millones de pesos en deducciones, terminaría pagando ISR sobre una utilidad fiscal de 3.33 millones.
“Si bien no suben la tasa del ISR como prometieron en campaña, pero sí pretenden aumentar artificialmente la base fiscal, al final la empresa termina pagando más impuesto y compromete su flujo de efectivo”.
Detalló que otro cambio relevante es la limitación al aprovechamiento de pérdidas fiscales acumuladas.
Actualmente, explicó, cuando una empresa tiene pérdidas fiscales puede utilizarlas contra las utilidades de ejercicios posteriores. La propuesta para las compañías sujetas al nuevo régimen limitaría su aplicación al 50 % de la utilidad fiscal del ejercicio.
“El problema es especialmente relevante para nuevas inversiones, porque una planta o proyecto nuevo normalmente requiere fuertes desembolsos en maquinaria, instalaciones, contratación y gastos de arranque antes de alcanzar su punto de equilibrio”.
Padilla Fuerte señaló que es normal que durante los primeros años de una inversión se generen pérdidas fiscales.
Posteriormente, cuando el proyecto comienza a ser rentable, las restricciones obligarían a pagar ISR antes de recuperar por completo esas pérdidas, según explicó.
Esto reduciría el flujo disponible, aumentaría el capital necesario para financiar el proyecto y podría prolongar el tiempo necesario para recuperar la inversión.
“Para una empresa extranjera que está comparando México contra otros países, este tipo de limitantes, sí influye en dónde decide colocar su siguiente inversión”.
El especialista reconoció que parte de estos cambios busca combatir a las empresas factureras y aquellas que recurren a estrategias fiscales agresivas.
Sin embargo, advirtió que existe el riesgo de castigar fiscalmente a las compañías precisamente cuando comienzan a crecer o a recuperar una inversión.
“Una medida que puede mejorar los ingresos públicos en el corto plazo puede resultar costosa, si termina reduciendo la inversión productiva de largo plazo. México necesita recaudar más, pero no debe hacer fiscalmente más caro crecer y consolidarse”.
Limitan el aprovechamiento de pérdidas
Por su parte, José Arturo Sánchez Castellanos explicó que se trata de dos medidas distintas: la limitación general de las deducciones y la restricción para amortizar pérdidas fiscales.
Sobre las deducciones, señaló que una empresa con ingresos superiores a 50 millones de pesos tendría que reconocer fiscalmente una utilidad mínima, aun cuando sus resultados reales pudieran arrojar pérdidas.
“Es algo totalmente fuera del contexto que vive una empresa, una empresa puede registrar ganancias y pérdidas”.
Sánchez Castellanos explicó que una compañía puede iniciar un proyecto que requiera una fuerte inversión y genere pérdidas mientras madura, para posteriormente recuperar los recursos invertidos.
También mencionó factores externos que pueden afectar los resultados de las empresas, como variaciones en el tipo de cambio o aumentos en los precios del petróleo.
Ante estas circunstancias, sostuvo, las compañías tendrían que reconocer una utilidad mínima que podría no corresponder con su situación real, lo que, a su juicio, desalentaría la inversión.
Respecto a la amortización de pérdidas fiscales, explicó que actualmente las empresas pueden utilizar pérdidas de ejercicios anteriores contra las utilidades posteriores.
Sánchez Castellanos señaló que la propuesta limitaría el aprovechamiento de esas pérdidas, lo que podría obligar a las empresas a pagar ISR aun cuando mantengan saldos pendientes de amortizar de ejercicios anteriores.
El especialista advirtió que esta medida podría afectar especialmente a empresas que atraviesan periodos de inversión o recuperación y desincentivar la formalidad.
También mencionó el caso de compañías apalancadas con créditos en otras divisas o que realizan gastos extraordinarios para desarrollar nuevos proyectos.
Señaló que una empresa genera riqueza por distintos conceptos y no solamente a través de sus utilidades, pues también genera empleos y contribuye mediante otros impuestos, como el IVA.
Preocupación empresarial
Michel Sojo Quiroz, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Zona Metropolitana León, señaló que el sector empresarial comparte la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y combatir la evasión fiscal.
Sin embargo, pidió considerar la realidad de las empresas y expresó preocupación por el efecto que las medidas podrían tener sobre los recursos disponibles para operar e invertir.
Explicó que las deducciones permiten a las empresas reconocer los costos y gastos necesarios para desarrollar su actividad económica, por lo que limitarlas podría incrementar el ISR que deben pagar.
Señaló que mantener sin cambios la tasa del impuesto no significa necesariamente conservar la misma carga fiscal, pues una empresa puede facturar cantidades importantes y, al mismo tiempo, tener una rentabilidad reducida.
El empresario pidió evaluar los efectos por actividad económica y margen de operación, además de proteger el reconocimiento de los gastos legítimos frente a operaciones simuladas.
Respecto a las pérdidas fiscales, señaló que pueden originarse por inversiones, periodos económicos difíciles o cambios en el mercado.
“Cuando limitas el aprovechamiento puede obligar a la empresa a pagar ISR, cuando todavía tiene pérdidas anteriores por aplicar”.
Sojo Quiroz pidió analizar las propuestas desde la realidad de empresas de distintos tamaños y sectores.
“Todas las reformas fiscales, que buscan combatir la evasión y fortalecer las finanzas son bien vistas, pero siempre y cuando tomen en cuenta las coyunturas”.
Sojo Quiroz advirtió que una carga burocrática excesiva puede generar entre los contribuyentes la percepción de que las nuevas disposiciones afectan precisamente a quienes ya cumplen con sus obligaciones.
“No por gusto sino por necesidad, podría incentivar a que las empresas tengan que buscar la informalidad o cerrar. Eso afecta a las finanzas públicas, tú mismo estás haciendo un agujero, a la bolsa de dónde quieres tomar dinero, con costos extraordinario”.
Favorecería formalización
La propuesta para limitar el uso de efectivo puede contribuir a ampliar el uso de medios digitales de pago, aumentar el rastreo de las operaciones y favorecer la formalización, explicó la economista Adriana Martínez Martínez, integrante del Colegio de Economistas de Guanajuato y profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León.
No obstante, precisó que todavía se trata de una iniciativa y que no plantea eliminar de manera general el uso de efectivo.
La propuesta busca facultar a Hacienda para determinar posteriormente sectores estratégicos y actividades específicas en los que los medios digitales podrían convertirse en la única forma de pago.
“Desde mi perspectiva, será cómo se instrumente. No podemos asumir que la digitalización equivale automáticamente a inclusión financiera”.
La especialista señaló que persisten diferencias importantes entre regiones, personas y empresas en el acceso a servicios financieros, conectividad y capacidades digitales.
Como ejemplo, mencionó que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 muestra que en la región Occidente-Bajío el 75.6 % de la población todavía reporta el efectivo como su medio de pago frecuente en compras superiores a 500 pesos.
“Una transición demasiado rápida podría afectar particularmente a micronegocios y a la población que todavía depende del efectivo”.
Martínez Martínez subrayó que, si la iniciativa avanza, será necesario establecer criterios claros para seleccionar los sectores, plazos graduales y condiciones suficientes de infraestructura, así como mecanismos que eviten trasladar costos excesivos a los pequeños establecimientos.
Señaló que la digitalización de los pagos puede ser positiva, pero primero deben generarse las condiciones para que amplíe las posibilidades de participación y no provoque nuevas formas de exclusión.
Al respecto, el contador José Arturo Sánchez Castellanos recordó que medidas similares comenzaron a aplicarse en el sector gasolinero hace varios años.
Explicó que, para efectos del ISR, los pagos superiores a 2 mil pesos deben realizarse mediante cheque o transferencia electrónica para ser deducibles.
Reconoció que, por el momento, no identifica qué tanto podría cambiar la operación de las empresas, considerando que cualquier pago empresarial fácilmente puede superar los 2 mil pesos.
Sánchez Castellanos recordó que, en el caso de la gasolina, se establecieron restricciones al pago en efectivo para efectos de deducibilidad.
“Es algo similar, es tratar de cerrar un poco más los espacios para la evasión fiscal, esto va encaminado a que haya más formalidad, que las operaciones queden registradas en un medio digital, eso ya ocurre”.
Sobre las posibles restricciones al efectivo, Michel Sojo Quiroz señaló que todavía no existe claridad sobre su aplicación y pidió reglas precisas.
Aclaró que utilizar efectivo no significa necesariamente operar en la informalidad o evadir impuestos, por lo que consideró indispensable establecer límites claros y consultar a los sectores involucrados.
“Debemos revisar lo que propone la autoridad, para determinar que los pagos electrónicos puedan convertirse en la única forma de pago”.
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
