Miguel Ángel es un leonés que contaba con 26 detenciones por diversas faltas administrativas y fue hasta su captura 27 que las autoridades lo vincularon a proceso penal, acusado de robo calificado.
El 26 de septiembre Miguel Ángel, en compañía de Luis Alberto, robaron un Presta Fácil en la colonia 10 de mayo, policías que se percataron los detuvieron para ponerlos a disposición del Ministerio Público.
Por las pruebas aportadas el Juez de control determinó vincular a proceso penal a los delincuentes, quienes permanecen en prisión preventiva justificada durante los dos meses establecidos para el cierre de la investigación.
Por los hechos anteriores los inculpados pueden incurrir en reincidencia, que significa haber cometido un segundo delito en un tiempo no mayor a 10 años luego de haber ejecutado el primer crimen, o caer en habitualidad, que supone ejecutar un tercer hecho o más, en un tiempo no mayor a 15 años.
Ambas disposiciones fueron reformadas en el artículo 100-a del Código Penal para el Estado de Guanajuato el 27 de mayo del 2016, y tienen como finalidad endurecer las sentencias al sumar una sanción extra por delinquir en repetidas ocasiones.
En el caso de los detenidos por robo calificado en la tienda de empeño Presta Fácil, el domingo se cumple el plazo de su prisión preventiva, por lo que será la semana próxima que las autoridades determinen si los delincuentes son reincidentes o incurrieron en habitualidad.
La reforma
En los Juzgados de Oralidad Penal del Estado de Guanajuato, del 27 de mayo de 2016, fecha en que se reformó el Código Penal, al 30 de septiembre de 2017, se han sentenciado a 41 personas con reincidencia delictiva.
La ley señala “será reincidencia quien haya sido condenado por tribunal nacional o extranjero por delito doloso, y en un periodo que no exceda diez años sea condenado nuevamente, se impondrá la sanción que corresponda al último delito cometido aumentada hasta en un tercio”.
En el caso de la habitualidad, se trata de “quien ha sido condenado por dos sentencias ejecutorias y haya sido condenado nuevamente por un tercer delito o más en un periodo que no exceda quince años, se impondrá la sanción que corresponda al último delito cometido aumentada desde un tercio hasta un medio de su duración”.
Los alcances de la reforma al Código Penal se ejemplifican con algunos de los 41 casos que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato entregó vía acceso a la información.
En uno de los procesos, el culpable fue condenado por robo calificado; su sentencia por el delito sería de 2 años 2 meses, pero con el incremento por ser reincidente aumentó a 3 años 2 meses.
Otro delincuente al que se le juzgó con habitualidad cometió robo equiparado, su sentencia sería de 3 años, con el incrementó pagará una pena de 4 años 6 meses.
Una persona que robó y cometió homicidio en grado de tentativa, hubiera recibido una pena de 5 años 3 meses por ambos delitos, pero en la nueva situación el inculpado concluyó con una sentencia de 7 años 15 días.
Un preso por narcomenudeo para el que se estimaba una sentencia de 2 años, al ser reincidente resultó con 2 años 8 meses.
Anteriormente la pena por el delito de robo en el caso de los reincidentes iba de uno a 3 años, considerando el incremento por reincidencia o habitualidad aumentó de 2 años a 4 años más, es decir, el doble de la condena.
En los juzgados se conoce como reincidente o habitual al inculpado hasta que en audiencia de Procedimiento Abreviado o de Juicio Oral (proceso en el que se comprueba el delito y previo a dictar sentencia), el Ministerio Público la solicita e informa sobre el estatus del acusado.
Por lo anterior el Poder Judicial en un tiempo de 14 meses ha sentenciado a 23 personas con reincidencia y 18 con habitualidad.
A criterio de los jueces
Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de León, confirmó que hasta que se comprueba el nuevo delito al inculpado se le agrega la reincidencia, sí así fuera el caso.
“No se pude considerar reincidente a una persona que cometió un delito hasta que se le comprueba porque está en proceso, y hasta entonces se le agrega la reincidencia”.
Explicó que cuando se reincide en cometer el mismo delito la sentencia será reincidente con agravantes, es decir, si la condena del delito es de 5 a 10 años la pena será hasta los 10 años aplicando la máxima, además de la condena que señala la reincidencia.
“La sentencia es como marca la Ley, pero hay criterios por parte del Juez que son considerados para aplicar una mayor o menor sanción en cualquier tipo de delitos, queda mucho en manos del Juzgador a su criterio para dictar una sentencia más dura en caso de reincidencia”.
Marcelino Trejo mencionó que cuando se incurre en un delito por primera vez se puede llevar el proceso en libertad o gozar de beneficios que marcan la Ley dependiendo de delito, pero cuando se es reincidente se pierden estos beneficios.
Agregó que la reincidencia aplica con los presos que están pagando una condena, es decir, no es necesario que ya se haya pagado una sentencia condenatoria y estando en libertad haya incurrido en otro delito, sino que aun y cuando se comete un delito en la cárcel se juzga como reincidente y se suma otra condena con agravante.
Pierden los beneficios
Marco Eduardo Padilla Martínez, Coordinador Estatal de Defensoría Pública Penal, explicó que la reincidencia se atribuye hasta que se compruebe el delito del acusado, mientras tanto no se aplica.
Explicó que un reincidente pierde todos los beneficios que ofrece la ley; por ejemplo, pierde la libertad de llevar su proceso fuera de prisión, no dispone de la conmutación que es un día de salario por uno de libertad, así como la condena condicional y sustitutos de pena de prisión que es la semilibertad (5 días fuera de cárcel y fin de semana recluido) y la opción de trabajos a favor de la comunidad.
Padilla Martínez mencionó que la sentencia por reincidencia es una condena adicional, pero se establece en base a la sentencia del delito cometido y puede alcanzar hasta un tercio (reincidencia) o una media (habitualidad).
Ejemplificó con una sentencia de 10 años en un reincidente, al que se le aplicará el tercio de la condena, por lo que serán tres años más, concluyendo en trece años de prisión.
Con la misma sentencia de 10 años, con habitualidad será la mitad, es decir, 5 años, al final será una condena de 15 años.
Por otra parte, Galo Carrillo Villalpando, director general de Defensoría Pública en el Estado mencionó que los defensores de oficio buscan la libertad del inculpado, o una penalidad menor o desvirtuar los hechos del ministerio público, independientemente de si es o no reincidente.
“Buscamos justicia como institución porque es nuestro trabajo defenderlo (al inculpado) hasta donde humana y jurídicamente nos sea posible (sea o no reincidente), cualquier persona que no tenga para un abogado particular, nosotros le entramos a la defensa”.
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