León, Guanajuato.- Con la reforma a la Ley Antilavado aprobada para entrar en vigor en 2026, los constructores, desarrolladores y agentes inmobiliarios tendrán las mismas obligaciones que los notarios en Guanajuato.
Manuel Silva Vega, notario 97 en León y consejero jurídico de la AMPI, explicó que este es el núcleo de la modificación. Ahora, quienes desarrollen inmuebles deben identificar plenamente a sus clientes y el origen de sus recursos.
Bajo la nueva normativa de la Ley Antilavado, los constructores tienen la responsabilidad de verificar la identidad de los compradores. Esto implica solicitar identificaciones oficiales y constancias fiscales para comprobar la procedencia del dinero.
“Nosotros tenemos la obligación -como la tienen ellos-, de ver de dónde sale el dinero, y que te lo comprueben”, detalló el especialista Silva Vega.
Origen internacional de la prevención
El especialista recordó que el régimen de prevención no es exclusivo de México. La Ley Antilavado responde a lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que busca regular operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Existen actividades vulnerables típicas de grupos delictivos, como la compraventa de joyas, vehículos, blindajes y la constitución de empresas. La Ley Antilavado incluye un capítulo específico sobre el uso de efectivo y metales preciosos que establece límites estrictos para estas operaciones.
Cruces de información de la autoridad
Silva Vega precisó que hubo una reforma previa en julio de 2025. En esta se sumó como sujetos obligados a los constructores. Con la plena vigencia de la Ley Antilavado en 2026, la autoridad busca obtener información de diversos sectores para realizar cruces de datos efectivos.
“Desde que salió la ley hemos tenido a nuestro cargo revisar estas operaciones e identificar perfectamente a las personas que vienen con nosotros”, señaló el notario.
Recomendaciones para agentes inmobiliarios
Ante los cambios en la Ley Antilavado, se recomienda a los profesionales inmobiliarios mantener expedientes documentales completos de sus clientes. Es fundamental conservar esta información, ya que la autoridad puede requerirla hasta casi diez años después de la operación.
Entre los documentos indispensables se encuentran:
- Credencial para votar o pasaporte.
- Comprobantes de domicilio.
- Constancias de situación fiscal.
Finalmente, Silva Vega precisó que, aunque la reforma a la Ley Antilavado se aplicará en 2026, todavía están pendientes de presentarse las reglas de operación oficiales.
Nueva ley obligará a inmobiliarias a rastrear dinero de clientes y guardar expedientes
El 20 de diciembre se publicó que la reforma contra el lavado de dinero añadió como una actividad vulnerable la construcción de desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos para vender o rentar propiedades.
En la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal, quienes reciban recursos para la construcción de un desarrollo inmobiliario deben avisar a Hacienda cuando la operación sea igual o superior a 907 mil 948 pesos, equivalentes a 8 mil 25 veces el valor diario de la UMA.
Esto significa que prácticamente todos los nuevos desarrollos tienen esa obligación.
También se traslada a los asesores inmobiliarios la responsabilidad de investigar el origen de los recursos con los que sus clientes pagan los inmuebles, conservar expedientes durante 10 años y establecer políticas internas para supervisar operaciones irregulares.
También deberán reportar los resultados a la Unidad de Inteligencia Financiera y al SAT.
Obligará ley Antilavado a verificar ingresos de quienes buscan adquirir vivienda
El 17 de noviembre se publicó que Las reformas a la Ley Antilavado obligarán a que los asesores inmobiliarios investiguen sobre los ingresos de las personas o empresas que busquen adquirir una propiedad; sin embargo, existen empresas del ramo que podrían incumplir en la ley por no contar con personal capacitado, alertaron expertos.
Jorge Rodríguez, Business Development Manager en Regcheq México, comentó que en 2012 existían algunas disposiciones en la materia, pero eran poco revisadas. Ahora, con la reforma a la ley, los asesores inmobiliarios y entidades que transaccionan con inmuebles, están obligados a investigar la procedencia de los recursos que tienen las personas a la hora de comprar o rentar un inmueble.
“Cambia ahora sobre el asesor inmobiliario o el intermediario de la transacción, como en su momento fueron los notarios. La ley está obligando a conocer al cliente, saber quién, conocer sus fuentes de ingreso”.
“También tienes que hacer un análisis formal de riesgo, es decir, el modo y la forma en que se van a comprar la vivienda y los antecedentes que tengas con otras entidades”, explicó en entrevista.
HLL
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