Estados Unidos.- La Administración de Donald Trump no puede negar a los inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, determinó este jueves un tribunal federal de apelaciones.
La decisión, aprobada por dos votos contra uno por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, profundizó la división entre los tribunales federales sobre la política de detención obligatoria impulsada por el Gobierno estadounidense.
Uno de los jueces que integró la mayoría fue nombrado por el propio presidente Donald Trump.
Otros cuatro tribunales de apelaciones también han rechazado esta política, mientras que el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y el Octavo Circuito, en San Luis, se han alineado con la Administración Trump.
La creciente división entre los circuitos aumenta la posibilidad de que la Corte Suprema analice eventualmente el asunto.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado para solicitar comentarios.
Durante administraciones anteriores, a la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales que eran detenidos dentro de Estados Unidos se les permitía solicitar una audiencia para obtener la libertad bajo fianza mientras sus casos migratorios permanecían pendientes.
Por lo general, la detención obligatoria se reservaba para las personas arrestadas en la frontera.
Amplían detención de inmigrantes
En julio del año pasado, las autoridades migratorias emitieron directrices para ampliar la detención obligatoria a los inmigrantes ubicados en el interior del país.
La medida, que forma parte de la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump, provocó una avalancha de demandas federales presentadas por inmigrantes que buscaban recuperar su libertad.
Algunos jueces federales que ordenaron la celebración de audiencias de fianza reprocharon a la Administración el incumplimiento reiterado de sus resoluciones.
El Gobierno de Trump ha sostenido que el Congreso modificó la legislación migratoria en 1996 para permitir la detención obligatoria más allá de la frontera, pero que las administraciones anteriores no aplicaron esa disposición.
Al redactar la resolución de la mayoría, el juez Daniel Bress, del Noveno Circuito, rechazó ese argumento.
“Aunque ninguna interpretación de las complejas y entrelazadas disposiciones legales en cuestión está exenta de algunas deficiencias, la interpretación histórica de la ley es la más adecuada”, escribió Bress, quien fue designado por Trump.
A su postura se sumó la jueza M. Margaret McKeown, nombrada por el expresidente Bill Clinton.
El juez Carlos Bea, designado por el expresidente George W. Bush, discrepó y sostuvo que el texto y el propósito de una reforma aprobada por el Congreso en 1996 respaldan la interpretación de la Administración Trump.
HLL
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