La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) arremetió este miércoles contra las sanciones más recientes impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios del tribunal, incluida su presidenta, y las calificó como un “ataque flagrante” contra su independencia.
El tribunal aseguró que continuará buscando justicia por atrocidades cometidas en distintas partes del mundo.
El Departamento de Estado anunció el martes sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, de nacionalidad japonesa, y contra Abdoulaye Seye, originario de Senegal y abogado principal de la acusación del tribunal.
Las medidas congelan cualquier activo que tengan bajo jurisdicción estadounidense o que entre en contacto con el sistema financiero de Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump ya ha impuesto sanciones a nueve de los 18 jueces de la CPI, a sus dos fiscales adjuntos, a su exfiscal jefe y a otro integrante de la fiscalía, informó el tribunal.
Estados Unidos acusa a la CPI de exceder su mandato al investigar y buscar procesar a altos funcionarios militares y políticos de países como Israel y Estados Unidos, que no forman parte del tribunal.
CPI advierte riesgo para justicia internacional
En un comunicado, la CPI afirmó que cuando “se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”.
La Corte añadió que “seguirá cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad”.
Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el martes a la CPI como “un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato”.
La medida se produjo semanas después de que Rubio anunciara que Estados Unidos emprendería “una amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía de Estados Unidos”.
Rubio manifestó que presionará a los 125 Estados miembros del tribunal para que abandonen la institución, sancionará a organizaciones que trabajen con la CPI y prohibirá que su personal viaje a Estados Unidos.
Desde entonces, Venezuela y Chad han anunciado que planean abandonar el tribunal, lo que elevaría a cinco el número de países que se han retirado durante el último año. La salida de un país tarda un año en formalizarse.
Sanciones afectan vida cotidiana
Las sanciones pueden afectar directamente la vida cotidiana de los funcionarios del tribunal. Las medidas les impiden a ellos y a sus familias ingresar a Estados Unidos y pueden bloquear su acceso a servicios financieros básicos.
La jueza canadiense Kimberly Prost, sancionada el año pasado, perdió el acceso a sus tarjetas de crédito y Alexa, de Amazon, dejó de responderle.
“Todo tu mundo queda restringido”, declaró a The Associated Press después de ser sancionada.
La Asamblea de los Estados Partes, órgano de supervisión de la CPI, calificó las sanciones como una “escalada” que “corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y obstaculizar los esfuerzos globales” para garantizar justicia a las víctimas de atrocidades.
Japón critica sanciones de EU
Japón también criticó las medidas de Estados Unidos.
“Las medidas anunciadas son muy lamentables”, señaló este miércoles Toshihiro Kitamura, secretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.
El Gobierno de Japón afirmó que ha respaldado de manera constante a la CPI en sus esfuerzos por procesar y castigar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho.
“Japón seguirá comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho en la comunidad internacional, al tiempo que mantiene la comunicación con los países relacionados”, indicó.
Yuichiro Tamaki, líder del opositor Partido Democrático para el Pueblo de Japón, escribió en X que las sanciones eran “indignantes e intolerables”.
También pidió al Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi respaldar a la CPI y dialogar con Estados Unidos para buscar el retiro de las sanciones.
Organizaciones demandan al Gobierno de Trump
Balkees Jarrah, directora para Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch, calificó las sanciones como “el ejemplo más reciente del absoluto desprecio del gobierno de Trump por el derecho internacional y un intento descarado de proteger de la justicia a funcionarios estadounidenses e israelíes implicados en delitos graves”.
Human Rights Watch y otros tres grupos demandaron la semana pasada al Gobierno de Trump para impugnar su campaña contra la CPI.
La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que el decreto emitido por Trump el año pasado contra el tribunal, así como las sanciones impuestas a un experto en derechos humanos de la ONU y a tres organizaciones palestinas, representan “un ataque descaradamente ilegal contra la justicia internacional y deberían ser anulados”.
HLL
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