Guanajuato.- La denuncia por el supuesto delito de acecho interpuesta por Allan León Aguirre, ex secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, contra un reportero de AM por publicaciones sobre contratos y empresas vinculadas con el exfuncionario, difícilmente prosperaría, declaró el fiscal general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, quien afirmó que las denuncias no pueden utilizarse para intimidar la labor periodística.
Mientras que la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos declinó nuevamente a opinar sobre la denuncia, a pesar de que Article 19 llamó a su gobierno y al exfuncionario Allan León a abstenerse a entablar denuncias penales para inhibir el ejercicio periodístico.
“No podemos permitir que los comunicadores sean objetos de presión con el pretexto de denuncias de acecho. Esa investigación se inició y desde el momento que la radicamos se determinó que se iba a investigar con perspectiva y atendiendo la labor periodística y la profesión de quienes intentaron, entendemos por medios pacíficos y educados, obtener una entrevista”, respondió este miércoles en entrevista con medios de comunicación.
El 18 de agosto, la organización Article 19 México y Centroamérica publicó un posicionamiento en el que rechazó el hostigamiento judicial por la vía penal contra el periodista Jesús Patiño y pidió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato archivar el caso.
A pregunta expresa sobre si se archivará la denuncia contra el reportero de AM, el Fiscal General del Estado respondió: “De momento no veo de qué manera pueda tener eco un hecho”.
Vázquez Alatriste mencionó que pueden existir diferencias entre periodistas y funcionarios, pero estas no deben utilizarse para limitar las libertades de expresión y de prensa.
“Inclusive cuando hemos tenido algún desencuentro nosotros, no podemos limitarles estar haciendo su trabajo. Que discrepamos en los puntos de vista, pues eso ocurre en cualquier sociedad moderna”, agregó.
Alejandra Gutiérrez evita pronunciarse sobre denuncia
La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, declinó nuevamente pronunciarse sobre la denuncia penal por presunto acecho que presentó su exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, contra un reportero de AM.
Esta vez, el cuestionamiento surgió después de que Article 19 México y Centroamérica exhortó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a desestimar la denuncia contra el periodista Jesús Patiño Olalde.
La organización también pidió a Allan León Aguirre y a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos “abstenerse de iniciar procesos judiciales contra la prensa por sus investigaciones periodísticas”.
En ocasiones anteriores, la Alcaldesa se ha deslindado del caso bajo el argumento de que se trata de un asunto entre particulares. Ante el nuevo exhorto de Article 19, a través de su enlace de Comunicación Social aseguró que no tenía comentarios al respecto.
AM también buscó a Allan León. Se le dejaron mensajes y se intentó establecer comunicación mediante una llamada telefónica, pero no hubo respuesta.
Article 19 consideró que la denuncia contra el reportero de AM constituye “un pleito estratégico contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés)”, al señalar que este tipo de acciones tiene como objetivo amedrentar o inhibir investigaciones sobre asuntos de interés público.
Investigaciones sobre contratos
El caso está relacionado con investigaciones publicadas por AM a partir del 6 de abril de este año, cuando se reveló que Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V., empresa proveedora del Gobierno de León, recibió varios contratos millonarios pese a presentar presuntas irregularidades.
Una de las fundadoras de la compañía desconocía que había sido socia de la empresa. Además, Office and Publicity declaró domicilios en León y Ciudad de México en los que AM no pudo localizar presencia física.
Cuando Allan León era titular de la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses, esa dependencia entregó contratos a Office and Publicity. El exfuncionario dejó el cargo el 17 de abril para facilitar la investigación oficial.
Posteriormente, AM publicó información sobre otras dos empresas con procesos similares de formación y obtención de contratos: Centro Publicitario y de Marketing TLGR y Alfacolor, esta última propiedad de la familia de María Fernanda García Hernández, esposa de Allan León.
Funcionarios de MC respaldan labor de periodistas
Juan Pablo Delgado, secretario de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que la labor periodística debe ser respetada y protegida por las autoridades, incluso cuando las investigaciones puedan resultar incómodas para personas servidoras públicas.
“No creo que el tipo de trabajo que hace Jesús (Patiño) encuadre en un tipo penal, ni tampoco creo que equivalga a una sentencia condenatoria, pues esa labor está restringida a las autoridades con facultades material o formalmente jurisdiccionales.
“Ante este tipo de investigaciones periodísticas y las que pudieran realizar los organismos públicos fiscalizadores, debe primar la apertura, como lo he referenciado en las ocasiones previas en que AM me ha entrevistado sobre este asunto”.
Por su parte, la regidora Dessire Ángel Rocha, también de Movimiento Ciudadano, señaló que las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor escrutinio y que, aunque no estén de acuerdo con una publicación, pueden responder con información, argumentos y transparencia.
“El trabajo de las y los periodistas debe respetarse y protegerse (…) estar preguntando, buscando la entrevista, contrastando información y cuestionando, pues la verdad es que (…como funcionarios) tenemos una responsabilidad, es parte de nuestro trabajo, esta parte de mayor escrutinio público.
“Por supuesto, cualquier persona tiene derecho a acudir a las autoridades cuando considera vulnerados sus derechos, pero también tenemos que cuidar que estos mecanismos no terminen inhibiendo incluso intimidando el trabajo periodístico”.
Ángel Rocha advirtió que proteger a los integrantes de la prensa también implica defender el derecho de la ciudadanía a estar informada y consideró que la labor periodística no debe criminalizarse.
“En León necesitamos periodistas que puedan seguir investigando y que se sientan con toda la libertad y seguridad (…) esta parte de las críticas y las investigaciones pueden ser incómodas, pero son parte de la rendición de cuentas, más a las personas del servicio público”, concluyó.
Llaman a respetar libertad de expresión
Article 19 afirmó que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor escrutinio público.
“Si bien la renuncia de Allan León ocurrió en abril de 2026, el impacto de su rol dentro de este ámbito se mantiene vigente y es de interés público, como lo son el seguimiento a las investigaciones realizadas por el Periódico AM en lo que va del año”.
La organización también destacó que “las publicaciones en materia de la administración de Gutiérrez Campos son publicaciones de relevancia pública, discursos especialmente protegidos en los marcos normativos de libertad de expresión”.
Article 19 agregó que el derecho a la libertad de expresión también está ampliamente protegido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues “la opinión pública es el medio de controlar a los depositarios del poder y que la libertad de prensa es necesaria para la vida política y social y que debe interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin, que es el bien público, social, general”.
HLL
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