León, Guanajuato.- Cinco de las víctimas que acompaña la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato se reunieron con el procurador de los Derechos Humanos del Estado, Vicente Esqueda Méndez, para demandar que las autoridades en Guanajuato atiendan sus casos.
Raymundo Sandoval, activista, comentó que en la reunión con el Procurador se actualizaron datos de cada caso para demandar la reparación del daño y acceso a la justicia.
Cada caso tuvo su propio procedimiento, se actualizaron informaciones y en otros ya había recomendación pero no se ha cumplido, entonces revisamos cuál es la ruta, si se abrirán”.
Sobre la judicialización de la carpeta de investigación de María José N. por el delito de violación del exdiputado electo Jorge Alberto N. y su chofer Julio César N, la abogada defensora, Dalia Ramírez Delgado, insistió en buscar acciones alternas.
Buscarán se catalogue al exdiputado electo dentro del padrón nacional de agresores sexuales y sea reconocido por el Instituto Nacional Electoral para forzar su inhabilitación por cargos públicos.
“La intención es buscar recomendación y que el Ministerio Público ordene al INE un análisis de un dictamen psicológico, el vehículo localizado pero desmantelado y tener peritos externos para revisar las pruebas”, señaló.
En el caso de Laura Elena Díaz Infante González, quien señala a la Fiscalía como responsable de armar la escena del presunto suicidio de su esposo Jorge Topete, que le reparen el daño y presentaron otra queja porque la Fiscalía buscó quitarle su estatus de víctima.
“Vinimos para promover esta queja, que la Fiscalía no recaba información, no investiga y parece que es la contraparte de las víctimas”, insistió el abogado de Laura, José de Jesús Ortega de la Peña.
Lo mismo en el caso del migrante Leonardo Reyes Cayente, quien fue presuntamente asesinado por elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) en una comunidad de San Miguel de Allende en diciembre del 2018.
En su caso ya había recomendación pero no aún no se cumple, puede ocurrir que se reabra la queja y que la Procuraduría de Derechos Humanos se reúna con la Comisión de Víctimas, pues tiene más de una año este caso de recomendación.
En el caso de Patricia Barrón, del colectivo “Una luz en mi camino“, de Irapuato, está en un proceso de juicio y se solicitó en Derechos Humanos que se observen los procesos de la Fiscalía en la presentación de los inculpados.
Se agregó y presentó el caso del joven empresario Pablo Núñez, desaparecido en San Francisco del Rincón el 21 de octubre del 2021, pues en términos de movilización la Fiscalía no ha dado resultados y plan de búsqueda.
“Hay omisiones de la Fiscalía, sin plan de investigación, estos casos fueron admitidos en Acciones Urgentes en el Comité de la ONU por Desapariciones Forzadas, pero aún hay procesos para que la Fiscalía General de la República se encargue”, señaló Raymundo.
AM
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