Guanajuato.- Frente a la ola de demandas de amparo y reclamos por el proyecto del acueducto Solís- León, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, dijo no advertir un riesgo de que la obra pueda ser frenada por esta vía legal.

“Por el tema de los amparos no estamos considerando que sea un riesgo. No nos han notificado, habría que ver con la Federación. Pero tampoco nos han externado preocupación por el tema de los amparos”. Así lo expresó el funcionario en entrevista.

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El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona. Foto: Cortesía Secretaría de Gobierno

AM publicó este martes 23 que, de acuerdo al alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, se han interpuesto cerca de 5 mil amparos (140 de ellos de forma colectiva). Esto para frenar o replantear la construcción del acueducto. Y que la principal preocupación en esta región es la supervivencia del Lago de Chapala.

Garantizan ahorro de agua sin afectar a Chapala

Habrá que ver a quién van dirigidas las demandas, dijo Jiménez Lona. Puesto que la obra que dotará de agua para uso doméstico a León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, será ejecutada por la Sedena. Y el proyecto tiene la asesoría técnica de la Conagua.

“Y también recordar que la Ley de Amparo sufrió modificaciones en los temas de suspensión. Cuando son proyectos estratégicos no aplica la suspensión como era antes. Habría que checar con la Federación pero a nosotros no nos han notificado de esos 5 mil amparos (de Jalisco). Desconozco en qué los están fundamentando. 

“Lo que sí está garantizado es que no hay una afectación a Chapala. Porque el agua que se mandará a los municipios es la que se ahorra, la que se le da al Distrito de Riego 011. No es el agua que se manda a Chapala. Hoy el mayor usuario de la presa Solís es el Distrito 011 y ahí están enfocadas las baterías en ahorrar agua para enviar a los municipios. No se ahorra agua, no se manda a los municipios”.

Son focos amarillos

Francisco García León, exdirector general de la Comisión Estatal del Agua en el sexenio anterior, advirtió que hay muchas dudas que deben aclararse pronto.

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Francisco García León, extitular de CEAG. Foto: X Francisco García

“Yo creo que esto (demandas de amparo) es un foco amarillo que puede tornarse en rojo. No se pueden desestimar estos reclamos ciudadanos en donde el mayor reclamo es que no hay información. El tema importante es que el proyecto como tal se exteriorice. Primero que se tenga, mientras no haya proyecto ejecutivo con una programación de los recursos y la ejecución, pues todo mundo está a ciegas”.

Además de los amparos que seguramente interpondrán ciudadanos de Acámbaro. 

Yo creo que apenas es la punta del iceberg esto. Al interior de la Conagua saben que esto está bastante complicado, dicho por ellos. Es un tema que está empezando a oler mal para ellos ya. Es momento de tener planes B y C, que es la eficiencia”.

Falta estudio costo-beneficio de Acueducto

Agregó que falta conocer el estudio costo-beneficio, que aunque aparentemente sea obvio, en términos financieros se tiene que justificar. “Hay protocolo para cualquier proyecto de inversión, y más cuando hay cargo a deuda”. 

El consultor consideró que en términos generales hay lógica en que no se afectará a Chapala. Sin embargo no se han revisado los diferentes escenarios. “No han visto los impactos cuando no tengamos suficiente lluvia, en un escenario óptimo no debe haber un impacto, pero en uno extremo, como ya lo hemos tenido, ¿qué pasará?”. 

Y es que al sector agrícola pueden disminuir el volumen, pero no así al uso urbano. 

“Van a decir los agricultores: yo porqué voy a sacrificar tanto si los 120 millones de metros cúbicos (para uso urbano) me los quitaron a mí. Entonces también que le quiten a Chapala. Ese es el riesgo y el miedo de la gente del perímetro de Chapala”.

También falta el proyecto

A Jorge Jiménez se le cuestionó que hay preocupación de autoridades, productores y asociaciones en Guanajuato porque no se conoce el Manifiesto de Impacto Ambiental. Tampoco el proyecto ejecutivo. Ni fecha de arranque de obra.

“El proyecto ejecutivo lo sigue trabajando la Conagua junto con la Sedena. Es lo que nos han dicho. El Manifiesto de Impacto Ambiental lo tiene Semarnat al ser una obra federal. Entiendo que están generando una versión pública del mismo”, indicó.

Sobre que pese a las sesiones informativas con autoridades municipales y productores, las inconformidades sobre el proyecto persisten, lo atribuyó a que “hay desinformación. Hay quien señala que se afectarán mantos freáticos, que la presa se va acabar. Que los pescadores se van a quedar sin trabajo. Es falso. Lo que se ha explicado por Conagua es que la presa está garantizada. Va a tener los mismos usuarios, no habrá un usuario distinto para mandar el agua a los municipios”.

Deben parte de las afectaciones

Jiménez Lona apuntó que hay desconfianza. Parte de los reclamos por el acueducto Solís León es que, desde que se construyó la presa, ejidatarios acusan que no se les terminó de pagar por las afectaciones. Y que a quienes se desplazó no se les escrituró su propiedad. 

Anunció que hay una mesa de trabajo con autoridades federales y estatales para empezar el proceso de alrededor de 200 escrituras para pobladores de Chupícuaro, en Acámbaro, Y otras más en Tarandacuao, lo que puede llevar de 6 a 8 meses.

Enfatizó que han tenido reuniones para socializar el proyecto también con autoridades religiosas, sector empresarial, magisterial. “Sin embargo, hace falta mucha información aún. Iniciando el año vamos a seguir trabajando. Vamos a estar en Salvatierra y atender dudas directamente de la población. Porque luego se genera desinformación. He escuchado hasta que ya se cotiza el agua en la Bolsa de Valores. Información que luego confía la gente en fuentes que es totalmente falso”.

Derivado de las reuniones con municipios se acordó una inversión federal de 170 millones para la mejora del sistema de agua, drenaje y saneamiento de Acámbaro.

Vamos a seguir sensibilizando, trabajando, hay necesidad de que la gente conozca las bondades. Tiene grandes bondades el proyecto. ¿Quién se puede oponer a tecnificar el campo? ¿Quién se opone a ahorrar agua que hoy se desperdicia? Y que además permitirá mejores ingresos a los productores que viven tiempos complejos”.

Tecnificación: la base del Plan Nacional Hídrico

Destacó que son tres grandes proyectos para Guanajuato los que son parte del Plan Nacional Hídrico para el sexenio 2024-2030. Estos son el saneamiento del  río Lerma-Santiago, la tecnificación del riego y finalmente el acueducto Solís-León.

En concreto el plan de tecnificación del riego agrícola contempla más de 10,000 hectáreas (de las cuales más de 6,000 son en Acámbaro y el resto en todo el Distrito de Riego 011), de lo que actualmente se pierde hasta el 55 %. El ahorro es donde se dispondrá de los volúmenes para llevar el agua las 5 ciudades.

Para productores de hasta 8 hectáreas el programa de tecnificación será sin costo. Y esto permitirá también la reconversión hacia otros cultivos con mayor rentabilidad.

“La tecnificación avanza, este año se ejercieron más de 500 millones en el canal de Coria, entre Villagrán y Cortazar, que se está revistiendo (este año el primer tramo)”, finalizó.

Reconoce Libia García: hay que socializar proyecto

Este marte, AM publicó que al cierre de año, activistas y especialistas en Guanajuato y Jalisco afirmaron desconocer los detalles del Proyecto Ejecutivo del Acueducto Solís-León. Lo cual crea incertidumbre y serias dudas sobre la viabilidad y transparencia de la obra.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo preveía en julio que la construcción de los primeros 10 kilómetros iniciaría en 2025. Pero hace unos días reconoció que primero se debe socializar para combatir la desinformación.

Por su parte, Rene Eloy Mendoza Franco, presidente del Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato, afirmó que “en un proyecto de trascendencia no se puede generar ninguna obra si no existe un proyecto. Por todas las variables, por todos los costos, por toda incluso la logística que conllevaría ordenar actividades para la ejecución de la obra”.

Para Juan Manuel Ayala López, vocero del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, todo parece un asunto improvisado. Lo que crea sospechas, especialmente desde que la información del proyecto se reservó por cinco años.

RAA

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