Guanajuato.- Al cierre de año, activistas y especialistas en Guanajuato y Jalisco afirmaron desconocer los detalles del Proyecto Ejecutivo del Acueducto Solís-León, lo cual crea incertidumbre y serias dudas sobre la viabilidad y transparencia de la obra.
Aunque la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo preveía en julio que la construcción de los primeros 10 kilómetros iniciaría en 2025, hace unos días reconoció que primero se debe socializar el tema para combatir la desinformación.
El proyecto busca rescatar un volumen de hasta 120 millones de metros cúbicos de agua para distribuirlos desde la Presa Solís, a través de un acueducto de unos 187 kilómetros de longitud, que beneficiaría a cinco municipios: León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. El costo total asciende a 15 mil millones de pesos, financiado a partes iguales por la Federación y el Estado, pero el Proyecto Ejecutivo no se ha hecho público.
Un proyecto “indefendible” sin transparencia
Rene Eloy Mendoza Franco, presidente del Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato, afirmó: “En un proyecto de trascendencia [como el acueducto] no se puede generar ninguna obra si no existe un proyecto de ese tipo. Por todas las variables, por todos los costos, por toda incluso la logística que conllevaría el ordenar actividades para la ejecución de la obra”.
El especialista consideró que el secretismo genera suspicacia. “Necesitamos conocerlo porque justamente [no tenerlo] genera ese tipo de perspicacias (…) sí creo que existe un proyecto, pero si no existe esa apertura por parte del gobierno, creo que es algo indefendible”, sentenció.
Sospechas de improvisación y amparos
Para Juan Manuel Ayala López, vocero del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, todo parece un asunto improvisado, lo que crea sospechas, especialmente desde que la información del proyecto se reservó por cinco años.
Ayala López informó que ya tiene conocimiento de que ejidatarios de Guanajuato están presentando los primeros amparos contra la obra. Además, están conformando diferentes comités en defensa de la Presa Solís, en uno de los cuales participa el Observatorio.
Por su parte, el Gobierno de Guanajuato informó a través de Comunicación Social que rastreaba si habían llegado amparos a la entidad, pero al menos la Secretaría de Gobierno no los había recibido.
Incertidumbre en Jalisco
Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Estatal del Agua de Jalisco, afirmó que no existe información puntual sobre qué grupos han presentado amparos contra el proyecto en su estado o ante qué instancias.
“Los hemos solicitado y hasta la fecha no tenemos información precisa”, lamentó. Sin embargo, se sumó a los cuestionamientos por la falta de información sobre el Acueducto Solís-León y advirtió que los industriales y mineros podrían hacer “trampa” usando agua destinada para el consumo humano.
Preocupación por derechos humanos
Juan Manuel Ayala López, que forma parte del Colectivo de la Sociedad Civil Organizada en Defensa de la Presa Solís, lamentó que la autoridad no haya consultado a las comunidades que resultarán afectadas en al menos 12 de sus derechos humanos para definir el magno proyecto.
Por ello, ya se encuentran integrando comités en colonias, barrios y comunidades ante la falta de información sobre este tema.
Ayala López afirmó que el proyecto parece muy improvisado o simplemente “retomado” sin verdadero análisis del (fallido) proyecto de la presa El Zapotillo. Recordó que en 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó no subir la altura de la presa para evitar la inundación de tres comunidades en Jalisco. Ahora, dijo, “casualmente” también se necesitan en la región 1 millón 200 mil metros cúbicos de agua, la misma cantidad que con El Zapotillo.
Beneficio para industriales
A los activistas les preocupa que se haya reservado la información del proyecto. Ayala López dijo tener conocimiento de una única reunión en Acámbaro entre personal de Conagua e integrantes de la Canaco local.
“No hay certeza jurídica, técnica ni informativa, entonces, tenemos muchas dudas, eso no lo han entendido, no han podido romper esa cadena, ese vínculo de dudas”, sostuvo. El vocero urgió a Conagua a garantizar la vigilancia de las concesiones de los pozos para evitar el “huachicoleo de agua”.
Para el presidente del Observatorio Estatal del Agua de Jalisco, Guillermo Márquez, se debería revisar la experiencia que dejó el proyecto El Zapotillo y seguir la instrucción de buscar soluciones locales para resolver el problema de León.
Márquez sugirió que grupos de empresarios, incluyendo tequileros, inmobiliarias y mineros, impulsaron este proyecto. “Ahora con la actual mandataria [Claudia Sheinbaum] lograron esos grupos de empresarios, ese comité para promover la inversión, tuvieron mejor cabida para sus pretensiones. Ahí están metidos los tequileros, inmobiliarias, mineros, esos son más sutiles, que se incluyera el Acueducto Solís-León como uno de los proyectos de infraestructura para este sexenio”, advirtió.
El líder del observatorio jalisciense recordó que estudios locales en León indicaban hace 10 años que la ciudad tenía una excelente cobertura de abastecimiento de agua en zonas urbanas, cercana al 98%. Sin embargo, alertó que de concretarse el Acueducto, los industriales que están “colgados” de las tomas de agua urbanas usarán el agua destinada en exclusiva para consumo humano.
“Cuando está bien hecho, se presume, ¿no? Si todo está en orden, todo está contemplado, lejos de ocultarlo y restringir el acceso a la información es mostrarlo, para generar confianza”, concluyó.
Defensa del Gobierno de Guanajuato
En una postura oficial al periódico El País, el Gobierno del Estado de Guanajuato recalcó que el uso autorizado para el agua a distribuir es exclusivamente para consumo humano.
Aseguró que la operación del acueducto está condicionada a la conclusión y verificación de los ahorros de agua derivados de la tecnificación del Distrito de Riego 011.
“El proyecto se está llevando a cabo con rigor técnico, sustento legal y plena responsabilidad ambiental”, aseguró el gobierno. Afirmó que el proyecto “no contempla la extracción de volúmenes adicionales de agua, ni la reducción de las asignaciones históricas destinadas al riego agrícola. El agua que será conducida corresponde exclusivamente al volumen recuperado mediante la tecnificación del Distrito de Riego 011, sin modificación alguna a los derechos de riego vigentes”, incluyendo los volúmenes destinados al Lago de Chapala.
El comunicado también señala que no hay fundamentos para afirmar que el proyecto implique despojo de recursos hídricos a comunidades rurales o agrícolas. Añadió que, al estar inscrito en el Plan Nacional Hídrico, se buscará un equilibrio entre las necesidades productivas del campo y el abasto urbano.
Respecto a la reserva de información, el gobierno comentó que es temporal, tanto a nivel federal como estatal, porque la Sedena ejecutará la obra. Argumentan consideraciones de seguridad y la definición de tramos específicos para la adquisición de predios.
Sobre los amparos, la administración de Libia García afirmó: “La interposición de recursos legales no constituye una resolución definitiva, y el proyecto continuará su curso conforme a lo que determinen las autoridades jurisdiccionales competentes”.
Desata ola de amparos
El megaproyecto del Acueducto Solís-León desató una ola legal con cerca de 5,000 amparos en la Ribera de Chapala, Jalisco.
El alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, informó que los recursos legales buscan frenar o replantear la obra por la preocupación sobre la supervivencia del Lago de Chapala.
El acueducto representa una inversión de 15,000 millones de pesos y abastecerá a varios municipios de Guanajuato, incluyendo León.
Aprueban endeudamiento ante protestas
El pasado 16 de diciembre, el Congreso de Guanajuato aprobó, con 24 votos a favor y 12 en contra, una solicitud de deuda pública de 8 mil millones de pesos para el estado.
La mitad de este crédito se destinará a financiar la construcción del Acueducto Solís-León.
La votación se llevó a cabo en medio de una fuerte protesta de campesinos, encabezados por la Central Campesina Independiente, quienes manifestaron su rechazo al acueducto.
Los manifestantes ingresaron al Salón del Pleno y gritaron consignas como: “No vamos a dejar que se lleven nuestra agua” y “¡traidores!”.
La deuda incrementará el saldo total de Guanajuato a 17 mil millones de pesos, la cifra más alta en la historia del estado.
El diputado panista Víctor Manuel Zanella defendió el crédito, asegurando que el acueducto no quitaría agua a los campesinos y que el estado tenía finanzas sanas.
Por su parte, los diputados de Morena votaron en contra, argumentando que la deuda no estaba justificada y pidiendo al Gobierno estatal reducir el gasto en lugar de endeudarse.
AAK
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